Palacio Legislativo, 07-04-2016 (Notilegis).- Los abogados de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, acudieron a la oficina de la Sección Instructora, encargada de revisar la solicitud de desafuero de la legisladora, para cumplir con el ofrecimiento de pruebas a su favor.

Rubén Tamayo, Rosalba Alarcón y Francisco Verdugo llegaron al Palacio Legislativo alrededor de las 15:00 horas de este jueves, a pocas horas de que venciera el plazo para el ofrecimiento de pruebas, previsto a las 24:00 horas.

En declaraciones a la prensa, Rubén Tamayo explicó que el ofrecimiento de pruebas consistió en un escrito de 15 hojas en el que se solicita a la Sección Instructora entregar las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) para que sean sometidas a peritajes, entre las cuales destaca una copia de la credencial de elector.

El abogado agregó que adicionalmente se entregaron “más de siete discos” (sic) con fotografías y videos, principalmente de medios de comunicación, para que sean considerados como pruebas sujetas a estudios periciales, a fin de determinar si la persona que aparece en las imágenes es la legisladora.

Destacó que, como defensa legal, no tienen conocimiento de que la diputada Sánchez López haya ingresado al penal del Altiplano y que esa afirmación es parte de lo que se está investigando.

La abogada Rosalba Alarcón afirmó que el video del 4 de septiembre, donde presuntamente se observa a la diputada cuando ingresa al penal de alta seguridad, no existe, debido a que las autoridades del centro penitenciario reinician las cámaras y borran el contenido cada 27 días.

“Por lo tanto, la Procuraduría no cuenta con ese video para demostrar que haya estado persona alguna en esa fecha… solamente son fotografías que se quedaron del video, que no son suficientes para demostrar que haya estado en el lugar”, puntualizó.

Rubén Tamayo dijo que esperan que la Sección Instructora tome un acuerdo sobre el ofrecimiento de pruebas, para que, entonces, al menos dos peritos rindan protesta y comiencen a analizar los videos, fotografías, la copia de la credencial de elector y, en su caso, realicen estudios de campo en el penal.

“Tenemos confianza en que la Sección Instructora se conduzca como lo ha estado haciendo, que nos permita aportar pruebas, desahogarlas y que se llegue a una resolución, que esperemos determine que no hay ninguna responsabilidad de la diputada”, externó Rubén Tamayo.

Previamente, el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), señaló, en declaraciones a la prensa, que en los siguientes 20 días la PGR y la diputada tienen la posibilidad de seguir aportando pruebas, pero exclusivamente documentales.

“Durante los 30 días del periodo de instrucción se pueden entregar documentos en cualquier momento”, aseveró.

Manifestó que si la diputada presentaba sus evidencias este jueves, citaría de nueva cuenta a la Sección Instructora para el próximo lunes en la tarde.

Asimismo, informó que la PGR ofreció sus pruebas el pasado martes 5 de abril y reiteró que no se acortarán los plazos establecidos para el juicio de procedencia, que podría concluir el próximo mes de mayo, cuando ya haya concluido el presente periodo ordinario de sesiones.

HSF/JGM