Palacio Legislativo 15-04-2016 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PVEM, Jesús Sesma Suárez, indicó que su grupo parlamentario combatirá la corrupción en los centros de verificación vehicular, donde se ha vuelto una práctica común la entrega y recepción de dinero para alterar resultados.

“Esta mala práctica se incrementa en la medida que se refuerzan las normas que restringen el uso de los vehículos particulares por los daños que causan al medio ambiente y a la salud de la población”, destacó en un comunicado.

El líder parlamentario recordó que su bancada presentó un punto de acuerdo para duplicar las penas a las personas que participan en la entrega y aceptación de dádivas o dinero en los verificentros, tanto a los propietarios y trabajadores como a los particulares que lo ofrezcan.

Lamentó que se incrementen dichas prácticas cuando la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México solamente ha sido buena en 18 días en lo que va del año, de acuerdo con las autoridades federales.

Sesma Suárez señaló que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en los últimos seis meses de 2014 fueron clausurados 16 de los 81 centros de verificación y 18 personas fueron detenidas y procesadas.

En 2015 se clausuraron 11 verificentros, sin establecer el número de personas detenidas o procesadas, y en este 2016, se han clausurado seis centros de verificación y suspendido 35 acreditaciones de trabajadores y revocaron 16 permisos más por manipular las pruebas.

“Existen 14 entidades federativas que a pesar de contar con un programa de verificación vehicular, en su marco legal no existe como delito la entrega, recepción, solicitud o cobro de una cantidad superior a la autorizada para lograr la aprobación de la verificación vehicular obligatoria”, enfatizó el legislador.

La proposición, comentó, tiene como objetivo exhortar a las legislaturas de los estados que cuentan con el programa de verificación vehicular a que incluyan en su catálogo de delitos la entrega, recepción, solicitud, o cobro de una cantidad de dinero superior a la autorizada para la aprobación de la verificación vehicular.

Pretende que se considere el incremento de las penas cuando menos al doble, “pues queda claro que hasta ahora éstas no han resultado un mecanismo inhibidor eficaz para evitar la corrupción en los centros de verificación”, puntualizó.

El diputado anunció que su grupo parlamentario ya prepara un proyecto de ley en la materia.

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