Palacio Legislativo 12-05-2016 (Notilegis).- Políticos, funcionarios y actores de la sociedad civil, coincidieron en que el tema de la explotación laboral infantil debe ser contemplado en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, desde una perspectiva de derechos humanos, económicos y sociales.

Durante el foro Mis Derechos en Mi Ciudad, afirmaron que el gobierno local tiene la obligación de regular este problema social, con el fin de erradicarlo de manera gradual.

También señalaron la necesidad de legislar en materia laboral para los adultos, ya que los trabajos precarios que tienen los padres de familia, contribuyen a incrementar el número de niños que trabajan.

El diputado Jesús Salvador Guzmán (PRD), presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, dijo que si bien la tarea del Constituyente va a ser técnica y jurídica, es necesario aplicar mucha imaginación.

El legislador, elegido por su partido para la Asamblea Constituyente, lamentó que México sea un país con carencias importantes, donde niños y adolescentes tienen que salir, por necesidad, a temprana edad a trabajar, con el riesgo no sólo físico, sino abandonar los estudios o coludirse en las adicciones e incluso con la delincuencia.

“Lo que debe marcar muy claro la Constitución es que no se debe permitir el abuso o explotación laboral infantil, hasta los 18 años de edad, aun sobre lo que permite la norma que son 15 años. Pero una cosa es lo que permite, otra que se abuse”, sentenció.

Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, dijo que las acciones implementadas por el gobierno federal, y la reforma al artículo 123 para elevar la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años, han reducido el trabajo infantil en México, pero reconoció que el panorama aún sigue siendo “espeluznante”.

Detalló que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) existen dos millones 500 mil niños, niñas y adolescentes que trabajan, y en muchas ocasiones, en empleos riesgosos.

Explicó que la inclusión de los menores en actividades productivas obedece a la pobreza, que en realidad sólo es una medida paliativa y no resuelve el problema económico de fondo.

Además, dijo, el trabajo infantil afecta los derechos básicos de los niños, principalmente el de la educación, pues quienes trabajan a temprana edad tienden a dejar sus estudios y terminan con un nivel de preparación, habilidades y destrezas muy bajo, lo que resulta en ingresos muy bajos también.

“El ingreso que reciben los niños empobrece su futuro, el de su familia y el de su país”, advirtió.

Indicó que la Constitución local debe considerar medidas para prevenir el trabajo infantil, acompañadas de disposiciones jurídicas y de la sociedad civil, para evitar que los niños dejen la escuela.

El secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Pablo Franco Hernández, aseguró que, ante la pérdida de los contratos colectivos de trabajo, se debe legislar para que las personas puedan acceder a empleos dignos y decentes.

Expuso que un trabajo precario, en donde no hay ningún tipo de prestación, “es un modelo neoliberal que sólo busca medidas paliativas, como los programas sociales, por lo que la nueva Constitución debe asumir los derechos laborales para promover una inclusión social”.

Nashieli Ramírez Hernández, directora de la organización Ririki Intervención Social, comentó que la creación de la Constitución de la megalópolis es un momento histórico y una oportunidad que no se puede desperdiciar para atacar los vacíos en la materia.

Aseveró que no se puede ir naturalizando el trabajo infantil y se debe fortalecer a las familias, pues –agregó- no sólo es un problema económico, sino también cultural. “Seguimos siendo una sociedad permisible”, expresó.

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