Palacio Legislativo, 15-06-2016 (Notilegis).- La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside la diputada Gina Cruz Blackledge (PAN), aprobó por unanimidad una enmienda a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para integrar los Registros de Llamadas a los Servicios de Emergencia a las Bases de Datos Criminalísticas.

El objetivo es que las autoridades cuenten con elementos e información detallada para perseguir y sancionar a quienes realicen solicitudes telefónicas de auxilio falsas que generen movilizaciones innecesarias de fuerzas de seguridad pública, de protección civil y de emergencias, así como para persuadir a los que pretendan hacerlo.

En reunión ordinaria, el diputado promovente de la iniciativa, Tomás Roberto Montoya Díaz (PRI), detalló que, en 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registró 90 millones de llamadas a los servicios de emergencias, de las cuales, 75 por ciento resultaron ser falsas.

Estas situaciones “propician que se deje de atender verdaderas urgencias, lo que pone en peligro la seguridad de la población”, subrayó.

El dictamen que sustenta la reforma subraya que las comunicaciones simuladas o con propósitos distintos a los de su objetivo provocan que las instituciones del Estado actúen de manera inútil y repercuten en los tiempos de espera y eficacia para atender aquellas emergencias que sí ameritan acción inmediata y pueden salvar vidas.

Advierte, por otra parte, que esta clase de llamadas “merman la confianza en las instituciones y genera importantes costos a las instituciones de seguridad, de protección civil y emergencias”, por lo que es necesario combatir esas prácticas nocivas.

Además, recuerda que el Consejo Nacional de Seguridad Pública planteó estandarizar los servicios de atención de llamadas de emergencia en todos los estados de la República para el trimestre de 2016, mientras la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla la implementación de una línea telefónica unificada de auxilio, el número 911.

Asimismo, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública insta a las entidades y municipios a adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de dicho sistema.

El procedimiento escalonado de implementación de la política pública de seguridad, “propone avances y áreas de oportunidad que deben ser reforzados y robustecidos a través del trabajo legislativo”, señala.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para recibir su aval antes de remitirse a la Mesa Directiva para ser programado para su discusión en el Pleno.

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