Palacio Legislativo, 17-06-2016 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó sin cambios el dictamen de una minuta del Senado que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción, y lo turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El documento, que forma parte de las legislaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, fue avalado en lo general por unanimidad, con 388 votos a favor, y tras rechazar las 20 reservas que se presentaron a 10 artículos, fue aprobado en lo particular por 254 votos a favor y 98 en contra.

Por el “Ejercicio ilícito de servicio público” y el “Uso ilícito de atribuciones y facultades” se establecen sanciones que van de un año de prisión y 30 días de multa, hasta 14 años de cárcel y mil días de multa, además de la eventual destitución e inhabilitación para desempeñar un cargo público.

En el título que aborda los “Delitos por hechos de corrupción”, se precisa que es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la Ciudad de México y organismos descentralizados.

Asimismo, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, organismos constitucionales autónomos, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, o los que manejen recursos económicos federales.

Estas disposiciones también son aplicables a los gobernadores de los estados, diputados de las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de Justicia estatales, por la comisión de delitos previstos en este título, en materia federal.

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión la pena de destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Asimismo, no podrán participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a 20 años.

La destitución y la inhabilitación serán por un plazo de uno hasta 10 años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La sanción será por un plazo de 10 a 20 años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas.

Se deben considerar daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; circunstancias socioeconómicas del responsable; condiciones exteriores y los medios de ejecución y el monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

La categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.

En el caso de algunos delitos, cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.

En el caso de algunos delitos, cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad.

Se establecen sanciones que van de un año de prisión y 30 días de multa, hasta 14 años de cárcel y mil días de multa.

Al iniciar la discusión del dictámen, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), lo fundamentó.

La posición de los grupos parlamentarios la fijaron: Cynthia Gissel García Soberanes (PES), María Eugenia Ocampo Bedolla (NA), Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC), Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena), Sofía González Torres (PVEM), Waldo Fernández González (PRD), María García Pérez (PAN) y Gloria Himelda Félix Niebla (PRI).

A favor del documento hablaron Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (Morena) y Cándido Ochoa Rojas (PVEM). En contra lo hizo Jorge Álvarez Maynez (MC).

RZJ/JGM