Palacio Legislativo, 2206-2016 (Notilegis).- El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que ejerza la facultad que le confiere la Constitución y observe la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), en particular los artículos 29 y 32.

El diputado presidente hizo la solicitud en un escrito que envió este miércoles al Ejecutivo federal.

Pide que Peña Nieto “ejerza la facultad que le confiere el artículo 72, apartados A, B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y observe la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en particular los artículos 29 y 32”.

Esos apartados de la Constitución se refieren a la facultad del Ejecutivo federal de publicar los documentos aprobados por las cámaras de Diputados y Senadores, así como la posibilidad de que los regrese de manera íntegra o sólo alguna parte de éstos.

El Congreso de la Unión aprobó la semana pasada esa ley, en el marco de las normas que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y los dos artículos mencionados generaron polémica porque no corresponden a lo establecido en la iniciativa ciudadana que impulsa la también llamada Ley 3 de 3.

En el artículo 29 se establece que “las declaraciones patrimoniales y de interés serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”, lo que es cuestionado por quienes plantean la necesidad de que la difusión sea sin restricciones.

El artículo 32 señala que deben presentar declaración patrimonial y de intereses los servidores públicos, pero también cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos, de la federación, entidades o municipios, así como sus empleados.

Zambrano Grijalva precisó que el artículo 29 “no incorpora los elementos de la iniciativa ciudadana, denominada Ley 3 de 3”, en relación a las obligaciones de los servidores públicos.

“Se incorporaron preceptos que destruyeron por completo el espíritu de la Ley ciudadana”, añadió.

Sostiene que los artículos 29 y 32 imponen a personas físicas y morales una obligación destinada a los servidores públicos.

“De publicarse las normas crearían un temor en la sociedad, en virtud de la desconfianza que implica dar información privada en relación al patrimonio”, apuntó.

También comentó que de existir un error en el llenado del formato de manera involuntaria, sujetaría a la persona a una responsabilidad administrativa y/o penal, toda vez que la información que se proporcione sería bajo protesta de decir verdad ante autoridad administrativa.

Asimismo, “como está redactado el artículo 32 de la Ley, afectaría a millones de personas beneficiarias de programas sociales como PROSPERA, PROAGRO; los pensionados del IMSS, ISSSTE, PEMEX, así como becarios de CONACYT, entre otros, que reciben recursos públicos”, aseveró Zambrano Grijalva.

Al final de su misiva, reiteró al Presidente de la República la necesidad de que observe esos artículos “en virtud de que la norma es incompleta, oscura, imprecisa y confusa, que no genera los instrumentos institucionales necesarios para combatir la corrupción”.

JGM