Palacio Legislativo, 06-07-2016 (Notilegis).- Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados difirieron al fijar su posición sobre el dictamen de la minuta que envió el Senado de la República respecto a las observaciones parciales del Ejecutivo federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, llamada “Ley 3 de 3”.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI) afirmó que la eliminación –en el artículo 32- de la obligación de los particulares a presentar su declaración patrimonial y conflicto de interés, no disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a quien actúe de forma irregular, ya que la ley prevé herramientas para ello.

“Además, el artículo 44 ya contempla la obligación de los particulares que participen en contrataciones públicas de formular un manifiesto de relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés, bajo el principio de máxima publicidad”, externó.

Aseveró que dejar la redacción de los artículos observados por el Ejecutivo tal como fueron aprobados pondría en riesgo la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y sería contraría a los derechos humanos, al afectar la vida privada y la protección de datos personales.

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (PAN) comentó que su bancada respaldó la realización de este período extraordinario para atender la adecuada, “aunque incompleta decisión del Presidente sobre el contenido de la Ley 3 de 3, porque el Ejecutivo se quedó corto al no escuchar a los ciudadanos que exigen mayor transparencia para los servidores públicos”.

“A México le urge detener las inercias de una sociedad sometida y acostumbrada a la reproducción de prácticas indeseables como el chantaje, el soborno y la complicidad entre gobierno y particulares, para obtener prebendas económicas a cambio de obtención de contratos millonarios para obra pública”, precisó.

Señalo que una vez promulgadas las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas su grupo parlamentario realizará propuestas puntuales y concretas para que sea aprobada en los términos originales propuestos en la iniciativa ciudadana y para corregir el contenido del artículo 29.

El diputado Omar Ortega Álvarez (PRD) lamentó que el Ejecutivo federal perdiera la oportunidad de establecer un sistema que no protegiera intereses particulares.

Afirmó que no se está en contra de los empresarios, ni de los programas sociales, sino de los contubernios e intereses particulares que afectan el patrimonio y el desarrollo del país.

Reiteró la postura de su grupo parlamentario a favor de un robusto Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que votan en contra de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) afirmó que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción “se ha logrado con el apoyo y el interés de todas las fuerzas políticas, de expertos, académicos, del sector empresarial y por supuesto de los ciudadanos”.

Precisó que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas “no deja fuera de ninguna manera al sector empresarial, pues si vemos el contenido global de la legislación, se advierte que también hay sanciones para los particulares”.

“El grupo parlamentario del Partido Verde votaremos en favor de este dictamen porque esto va a mejorar y perfeccionar el Sistema Nacional Anticorrupción”, adelantó.

La diputada Araceli Damián González (Morena) aseguró que la aprobación de la minuta del Senado sobre las observaciones parciales del Ejecutivo federal a la Ley 3 de 3 cancela toda lucha en contra de la corrupción.

“El pacto signado entre la elite empresarial y el Ejecutivo federal lastimosamente cancela la posibilidad de luchar contra la corrupción que corroe el presente y compromete el futuro de nuestra nación”, afirmó.

Consideró que la solución no es eliminar la obligación para todo particular que reciba recursos públicos de hacer su declaración 3 de 3 (fiscal, patrimonial y de conflicto de interés) sino establecer claramente quienes deben de cumplirla.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (MC) aseveró que con la reforma al artículo 32, el PRI y sus aliados quisieron mandar un mensaje de revanchismo al sector empresarial por su insistencia en que se aprobara un “3 de 3” completo, público y obligatorio.

También comentó que las observaciones del Ejecutivo fueron insuficientes, ya que el fondo del problema está en el artículo 29 (sobre la publicidad de las declaraciones de funcionarios), por lo cual su grupo parlamentario, junto con el PRD, presentará una acción de inconstitucional sobre este artículo, dado que impide el derecho a la información.

Agregó que la discusión sobre la “Ley 3 de 3” sirvió para evidenciar a quienes verdaderamente están en favor del combate a la corrupción y la rendición de cuentas, y quienes no, así como a los que creen que pueden legislar de espaldas a la ciudadanía.

El diputado Mariano Lara Salazar (NA) apuntó que “no hay marcha atrás” en la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que es un ejercicio que parte de una demanda de los ciudadanos.

Externó que en esta minuta se establece, en el artículo 32, que sólo servidores públicos estarán obligados a presentar declaraciones, lo cual descarga la obligación de los particulares de presentar su declaración.

Consideró que ésta es una manera de legitimar la gestión gubernamental y de recuperar la confianza en las instituciones. Sin embargo, indicó que Nueva Alianza estará atento en la aplicación de este marco normativo que se ha aprobado, a fin de que cumpla con las expectativas de los mexicanos.

La diputada Melissa Torres Sandoval (PES) resaltó la importancia de extender la cultura de la transparencia, para que “la actitud común de la sociedad en su conjunto sea anticorrupción”.

“Saludamos las observaciones del Ejecutivo a la ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que la rectificación implica corregir y perfeccionar todo aquello que permita construir un mejor gobierno y una mejor sociedad”.

Expresó que las leyes en materia de anticorrupción son un derecho de la ciudadanía, por lo que deben ser vigentes y aplicables para construir un mejor gobierno.

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