Palacio Legislativo, 19-07-2016 (Notilegis).- El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que la Ley General de Víctimas y las instituciones que emanaron de ella significaron un gran paso hacia adelante en 2013 y una innovación, pero a tres años de su puesta en marcha es necesario realizarle “profundas reformas”.

Entre los ajustes que se deben hacer está agilizar la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), incluyendo la gestión de sus propios recursos, indicó al participar en el foro internacional “Equidad para las víctimas en el debido proceso”, en un hotel de la Ciudad de México.

Subrayó que “el reto sigue siendo: replantear la relación del Estado con las víctimas mediante una institución más ágil, más cercana y más efectiva, la cual les permita una apropiación eficaz de sus derechos y la recuperación de sus proyectos de vida, condiciones imperativas para alcanzar un Estado de Derecho y paz social”.

El líder parlamentario comentó que el Congreso de la Unión también deberá revisar el marco legislativo para corregir los aspectos que no han funcionado como deberían, como lo es el número de integrantes y el carácter colegiado del órgano de gobierno de la CEAV.

Refirió que la CEAV tiene facultades para atender y reparar el daño a las personas víctimas de delitos que se enmarcan en el fuero federal y de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales; no obstante, la mayoría de ilícitos que se cometen en el país corresponden al fuero local.

“Por ello, es imperativo y urgente que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito tenga intervención, atención y –en su caso– reparación de las víctimas en casos del fuero local; para esto, debieran establecerse claramente los supuestos en los cuales la Comisión Ejecutiva podría atraer y conocer de un asunto”, externó.

Zambrano Grijalva recordó que la Ley General de Víctimas se publicó el 9 de enero de 2013 y mandató a los congresos locales a armonizar sus respectivos ordenamientos conforme a esa norma en un plazo de 180 días.

Sin embargo, agregó, a febrero de 2016 sólo 11 comisiones locales se encuentran funcionando y únicamente seis cumplen con lo establecido en la ley.

Enfatizó que la reforma constitucional de 2008, en materia de justicia penal, estableció la obligación del Estado a reparar el daño a las víctimas y se estipuló un conjunto de derechos para éstas “como no se había hecho antes en nuestro país en ningún ordenamiento constitucional”.

“Por ello hay que estar pendientes de la implementación de este nuevo Sistema Penal Acusatorio; revisar, entre otros, el marco jurídico que lo rige, de manera específica el Código Nacional de Procedimientos Penales”, concluyó.

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