Palacio Legislativo 18-08-2016 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), afirmó que aún existe una gran deuda con las mujeres mexicanas para lograr la equidad de género y llamó a acelerar el paso en este segundo año de la LXIII Legislatura, que inicia el 1 de septiembre.

“Hay una gran deuda con las mujeres mexicanas y las mujeres que estamos desde un espacio de participación política debemos avanzar más de lo que se ha avanzado”, señaló durante el segundo y último día de las mesas de trabajo “Legislación, derechos humanos y género. Avances, obstáculos y propuestas para una agenda legislativa”.

Sostuvo que es de suma importancia construir una agenda clara y definida con todos sobre lo que le urge avanzar a las mujeres en el país, en todo el marco jurídico mexicano, porque el segundo año de la LXIII Legislatura es crucial para concretar acuerdos.

“El segundo año es fundamental, es donde se pueden concretar muchas cosas, de ahí la importancia de que las diputadas integrantes de esta comisión aceleremos el paso en la construcción de una propuesta que beneficie a más del 50 por ciento de la población del país”, indicó.

Plascencia Pacheco insistió en que se debe “fortalecer una agenda que dé respuesta a los instrumentos vinculantes y a la obligación del Estado mexicano en garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres”.

Funcionarios de distintas instancias de procuración de justicia coincidieron en que se requieren herramientas legales que permitan la operación eficaz de las leyes en materia de atención, prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia.

La ex ministra Olga Sánchez Cordero, aseguró que la normativa general a nivel internacional de los derechos humanos no es suficiente en la defensa y protección de las mujeres y, en ese sentido, México debe tener sus propias leyes protectoras.

“Se requiere legislar e impartir justicia con perspectiva de género, proscribir la discriminación y la violencia en todas la esferas de la vida de la mujer, porque el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación se traduce en que toda autoridad debe actuar con perspectiva de género, para el efectivo y pleno ejercicio a la igualdad”, asentó.

Ángela Quiroga Quiroga, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), consideró que los instrumentos legislativos, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son muy buenos, pero no se tienen las herramientas para operarlos.

Planteó la necesidad de contar con una justicia especializada y específica que quede plasmada en la ley; así como con herramientas prácticas reales.

“La especialización que debería contener la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una estructura mínima de atención ministerial y judicial a las mujeres en situación de violencia, es decir, que dentro de la ley quedé especificado cómo deben ser en su estructura mínima las fiscalías especializadas para garantizar la operatividad de la ley”, precisó.

Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que en la parte operativa la ley genera una serie de limitaciones para proceder en la atención de las víctimas, por lo que instó a reforzar todo lo que ha funcionado y transformar lo que ha obstaculizado.

Resaltó que el acceso a los recursos es un tema fundamental que urge atender

Marco Antonio Velasco Arredondo, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, afirmó que entre los retos que enfrenta la implementación de las órdenes de protección es construir una visión más humana de las instituciones que invitan a las mujeres a conocer los mecanismos administrativos y judiciales que las respaldan.

Agregó que también se requiere de “programas para el desarrollo de la mujer y facilitar su independencia económica, refugios suficientes, protocolos armonizados a nivel nacional de protección, programas para los agresores, entre otros”, comentó.

“Necesitamos herramientas legales y esto no será posible sin presupuesto, exhorto a los legisladores a fortalecer las partidas presupuestales”, enfatizó.

En este segundo y último día del foro, se llevaron a cabo las mesas “Procuración y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia” e “Igualdad de Género y legislación en México: balance”.

También participaron Katia Chávez León, directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), y Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Asimismo, Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, y Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en México.

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