Palacio Legislativo 06-09-2016 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar las leyes anticorrupción en Veracruz y Chihuahua, es un asunto jurídico y no político, en los que el PRI está ajeno.

“Son asuntos estrictamente jurídicos, no son asuntos políticos, en lo que el PRI está totalmente ajeno, son decisiones que tienen consecuencias, las consecuencias ya están ahí”, señaló el legislador en declaraciones a la prensa.

El Pleno de la SCJN invalidó ayer por unanimidad las leyes anticorrupción de los estados de Chihuahua y Veracruz, por haber legislado y aprobado leyes locales en la materia antes de la entrada en vigor de las normas generales del Sistema Nacional Anticorrupción.

El líder parlamentario dijo que “esto lo que demuestra es que funciona el principio de frenos y contrapesos, no sólo entre poderes, sino el sistema de frenos y contrapesos entre ámbitos de gobierno”.

Explicó que “los congresos locales tienen un cúmulo de facultades, pero tienen una limitación y es que ninguna decisión, ni una ley, ni un decreto, ni un acuerdo puede ser tomado a contrapelo de las disposiciones constitucionales”.

Al ser cuestionado sobre si deben expulsar del PRI a los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Chihuahua, César Duarte Jáquez, César Camacho sostuvo que ésa es una decisión que corresponde al partido.

Añadió que por lo pronto “cada quien asuma las consecuencias de sus acciones y de sus omisiones y que esto no tiene por qué hacerle ningún daño al PRI”.

En declaraciones a la prensa por separado, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que la SCJN “es sensible a las transiciones en los gobiernos estatales, independientemente del sustento legal que estos procesos tenían” en ambas entidades.

“La Corte fue más allá, aprovechó, recortó para precisar exactamente cuál es el marco en el que se deben de tratar los temas anticorrupción y vigilancia del ejercicio público en cada estado”, sostuvo.

Indicó que al invalidar las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz “ha sentado un precedente que ahora tendrán que seguir todas” las demás entidades.

Consultado si los gobernadores Duarte Jáquez y Duarte de Ochoa deben estar preocupados, consideró que “no deben de estarlo, en la medida que hayan hecho las cosas bien. Los gobernadores son responsables ahora y hasta por siete años de las cosas que hagan” durante sus mandatos.

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