Palacio Legislativo, 13-09-2016 (Notilegis).- La Cámara de Diputados expresó su más enérgico rechazo por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Grupo México ante el derrame tóxico de 2014 en la mina Buenavista del Cobre, Sonora, y exhortó a autoridades federales que procedan a hacer exigible el cumplimiento.

La falta de cumplimiento se ha dado en la “remediación, reparación y compensación de los daños ambientales, económicos y a la salud de las comunidades afectadas por el derrame tóxico… particularmente lo relacionado con la construcción y operación de 23 plantas potabilizadoras en la región”.

El Pleno aprobó un punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución, que presentaron diputados del PRI sobre el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los caudales de los ríos Sonora y Bacanuchi, el 6 de agosto de 2014, en perjuicio de siete municipios de la región.

En tribuna, la diputada Susana Corella Platt (PRI) fundamentó el punto de acuerdo.

Señaló que el derrame provocó que miles de sonorenses se quedaran sin agua para consumo humano y actividades productivas, así como cientos de enfermos por la contaminación de los ríos, además del colapso de la economía local y una situación de crisis para los gobiernos municipales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa a Grupo México por un total de 23 millones 565 mil 938 pesos, correspondientes a la comisión de 50 irregularidades en la operación de la mina Buenavista del Cobre.

Se pactó la creación de un fideicomiso de dos mil millones de pesos para la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame.

Dentro de los compromisos asumidos por la minera, en el marco del fideicomiso, se encontraba la construcción de 23 plantas potabilizadoras que eliminarían los metales pesados y una clínica especializada para la atención de las personas que tuvieron afectaciones en su salud, causadas por el derrame. Compromisos que no han sido cumplidos.

La única planta potabilizadora que pudiera operar en la región, se encuentra paralizada ante la negativa por parte de la mina de pagar los costos de energía.

Ante esta situación, el gobierno del estado ha tenido que proveer agua potable a las comunidades dañadas y brindar atención médica a los afectados por el desastre.

El gobierno de Sonora no cuenta con instrumentos legales ni financieros para obligar a que la mina resarza los daños, por lo que su gobernadora ha demandado la intervención de la federación.

Los legisladores sostienen que fueron afectados más de 25 mil sonorenses “por el peor desastre ecológico en los últimos años en nuestro país”.

Durante la discusión del punto de acuerdo expresaron su posición sobre el tema, los diputados Leticia Amparano Gámez (PAN), Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD), Alma Lucía Arzaluz Alonso (PVEM), Diana Marcela Márquez Canales (Morena), Refugio Trinidad Garzón Canchola (MC) y Francisco Javier Pinto Torres (NA).

El Punto de Acuerdo establece:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa el más enérgico rechazo al incumplimiento de los compromisos adquiridos por Grupo México, a saber, el de remediación, reparación y compensación de los daños ambientales, económicos y a la salud de las comunidades afectadas por el derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto de 2014, particularmente lo relacionado con la construcción y operación de 23 plantas potabilizadoras en la región para la eliminación de metales pesados, y de una clínica para la atención de los ciudadanos afectados en su salud por el desastre.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, procedan a hacer exigible el cumplimiento de los compromisos que corresponden a Grupo México, en el marco del fideicomiso integrado para la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales, económicos y a la salud de las comunidades afectadas por el derrame tóxico.

JGM