Palacio Legislativo 29-09-2016 (Notilegis).-

El diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que el tema de la tierra no tiene color partidario, es universal y los asuntos relacionados con ésta son de vital importancia para el país y la vida de los mexicanos.

Al inaugurar el foro “Análisis en defensa del territorio y la solución de asuntos agrarios”, el también coordinador del grupo parlamentario del PRD se pronunció por una solución pronta de los conflictos además de lograr mejores condiciones para el campo.

Ante representantes de organizaciones campesinas, aseguró que estará atento a la discusión del Presupuesto de Egresos 2017, a fin de que se destinen recursos suficientes para atender las demandas de los campesinos y pugnar por que se implementen mejores políticas para el desarrollo de este sector.

“El campo es de todos”, dijo, por lo que mejorar sus condiciones es posibilitar que la vida perdure”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, Jesús Serrano Lora (Morena), destacó que a la fecha existen más de 25 mil conflictos agrarios distinta índole en todo el país, sin solución alguna.

La problemática se agrava, añadió, porque en alrededor de 20 estados no hay titulares en los tribunales agrarios y no existe la administración de justicia para los campesinos.

Citó como ejemplo Michoacán, de donde es originario, en el que persisten, “desde tiempos inmemoriales”, alrededor de 120 conflictos. 90 de ellos en la zona purépecha y “no hay fecha para su solución”.

Destacó que uno de los obstáculos para resolver estos expedientes es el presupuesto. El año pasado, comentó, la Cámara de Diputados asignó 300 millones de pesos; sin embargo, en el proyecto enviado por el Ejecutivo, este rubro desaparece.

En su exposición, Serrano Lora se refirió a uno de los conflictos más emblemáticos: el de Chichén Itzá, considerado patrimonio de la humanidad, el cual, dijo, es reclamado como propiedad por una sola persona. “Lo más serio es que no hay ningún procedimiento legal promovido por el gobierno para restablecer este patrimonio”.

Asimismo, dijo, al menos cien minas, que representan el 40 por ciento del territorio nacional, están concesionadas por 50 años a solo cinco empresas, situación que tiende a agravarse por la reciente aprobación de la Ley Minera.

“Hoy los pueblos no pueden reclamar los derechos sobre el manejo del agua, las minas o los recursos naturales. Esos pueblos debieran reclamar regalías, empleos, respeto al medio ambiente y un manejo saludable del agua, pero carecen de información”.

Se debe entender, dijo, que el campo es necesario para el desarrollo de México. “Sin los campesinos no hay comida, y sin comida, no hay futuro. El origen de la violencia social es la pobreza y la miseria”.

Concluyó que los diputados que integran la Comisión de la Reforma Agraria tienen la obligación de apuntalar la legislación para que crezca el campo. Que tenga como compromiso fundamental no solo la lucha, sino un campo productivo, rentable y sustentable.

En el foro participaron Juan Carlos Pérez Castañeda, quien habló sobre el futuro inmediato de los conflictos agrarios y las propuestas de políticas públicas; Cleofas Martínez Veloz expuso sobre la minería, los mega proyectos y sus efectos en la propiedad social.

Esther Boujón Campos se refirió al trabajo legislativo frente a la política agropecuaria, los componentes de la nación, los fines del Estado y el bien común.

Estuvieron Max Correa, dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista; José Narro Céspedes, de la Coordinara Nacional Plan de Ayala, y Uriel Vargas Archives, de El Barzón.

RED/RZJ