Palacio Legislativo, 05-10-2016 (Notilegis).-

La presidenta de la Comisión Especial de Trata de Personas, Julieta Fernández Márquez (PRI), sostuvo que la pobreza extrema de la mitad de los habitantes del país es un factor de potencial enganche para la trata de personas, considerando, además, que las mujeres tienen una gran vulnerabilidad.

Durante las mesas de análisis del Foro internacional “La Explotación Sexual: Violación de Derechos Humanos”, la legisladora resaltó que no es suficiente una ley o una procuraduría para combatir este delito, sino que se debe hacer mucho más. Las víctimas han manifestado desconocer sus derechos y provenir de familias de padres ausentes.

Añadió que se requieren herramientas para sacar a la luz este fenómeno, pues de lo contrario los menores serán vulnerables frente a la red criminal que funciona en la oscuridad para llevar a cabo sus ilícitos.

Hizo un llamado a los legisladores para terminar con la indiferencia y los invitó a moverse por la compasión y el respeto a las víctimas. “Se deben repensar las estrategias, leyes y acciones que demanda un delito que crece más rápido que las respuestas”, enfatizó.

Afirmó que el 60 por ciento de las mujeres en prostitución fueron agredidas física y sexualmente, mientras que el 80 y 90 por ciento sufrieron violencia por parte de sus familiares antes de iniciarse en esta práctica, y un 68 por ciento presenta estrés postraumático, equiparable al de las víctimas de tortura.

“La prostitución expresa la negación de los derechos y las oportunidades de las mujeres. No es una elección, las obligaron a prostituirse, porque era la única manera de sobrevivir”, explicó.

La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Sara Paola Gálico Félix Díaz, dijo que para terminar con la esclavitud del siglo XXI se requiere la voluntad de los tres órdenes de gobierno y con la concientización de la ciudadanía, para no ver esta práctica como algo normal.

Dilcya García Espinoza de los Monteros, subprocuradora de Atención de los Delitos vinculados a la Violencia de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, sostuvo que las mujeres se han convertido en objetos de placer, lo cual ha permitido la normalización de la venta su cuerpo.

Refirió que el sometimiento de los tratantes a sus víctimas no sólo es físico, sino emocional, ya que recurren a las amenazas; la estrategia para su combate debe realizarse de acuerdo al contexto social.

Consideró necesario diseñar mecanismos que permitan la reconstrucción de una conciencia de igualdad, y no sólo la capacitación, y fomentar entre los niños el pensamiento y edificación social de pleno respeto a la dignidad humana.

Patricia Olamendi Torres, directora del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos, estimó que la trata de personas no se podrá combatir mientras no se avance en la igualdad sustantiva y se valore el papel de las mujeres.

Expuso que informes señalan que la prostitución es ejercida por cerca 42 millones de personas en el mundo; de este total, el 90 por ciento depende de un proxeneta. “Si eso no es explotación sexual, cómo podemos llamarla”.

Añadió que la prostitución y explotación sexual tienen un componente de género, y están arraigadas en costumbres y creencias sobre el papel de inferioridad de las mujeres y su función para satisfacer los deseos sexuales de los hombres.

Propuso iniciar un debate sobre el respeto de los derechos humanos de las mujeres y la responsabilidad de garantizarlos, y para cuestionar el patriarcado.

Melissa Farley, integrante de la organización Prostitution Research Education, de Estados Unidos, sostuvo que la prostitución es una forma de terrorismo multitraumática, ya que causa daño psicológico y físico, y deshumaniza a las mujeres que son obligadas a desempeñar servicios sexuales.

Expuso que en esta práctica, los mal llamados “clientes” ganan mucho dinero, lo cual facilita la comercialización del abuso de las mujeres. De acuerdo con un estudio holandés, el 60 por ciento de las mujeres prostitutas fueron violentadas físicamente.

RED/RZJ