Palacio Legislativo, 10- 10- 2016 (Notilegis).- A favor de construir una nueva cultura política que respete los derechos de las indígenas de México, ya que sufren triple discriminación por pertenecer a una etnia, ser pobres y ser mujeres, excluyéndolas de la toma de decisiones y de ocupar un cargo público, se pronunciaron diputados, funcionarios y especialistas.

En la inauguración del foro “Derechos Políticos de las Mujeres Indígenas”, organizado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género (CEAMEG), de la Cámara de Diputados, realizada por Blanca Judith Díaz Delgado, titular de Estudios Sociales de ese organismo, los expertos urgieron a reivindicar los derechos de esta población y depurar malas costumbres sociales de los pueblos autóctonos, que mantienen un patrón machista que las sojuzga y margina.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, llamó a hacer justicia y abrir verdaderas oportunidades en favor de las mujeres de las etnias. Exigió a los partidos políticos no improvisar candidatas y evitar llamarlas a última hora, sin tiempo para que se preparen y realicen una exitosa campaña.

No sólo debe dárseles el 50 por ciento de las candidaturas, para cumplir con la paridad de género amparada en la ley, sino abriles oportunidad de que se preparen y realmente tengan éxito y no se les exhiba.

Propuso revisar usos y costumbres de los pueblos autóctonos, porque limitan la participación plena de la mujer en la toma de decisiones, y obstaculizan el que asuman un cargo público en sus comunidades.

La pobreza, advirtió, es otro factor que impide que las indígenas ejerzan plenamente sus derechos, porque su prioridad es conseguir alimentos para sostener a su familia, y eso provoca que se preocupe menos por ejercer sus derechos, primero ve por sus hijos, de ahí que “la pobreza se tiene que atacar de raíz”.

Resaltó que los partidos políticos sólo cuando hay campañas hacen presentes a las mujeres, para que ejerzan su derecho; por lo que cuestionó los motivos por los que se les niega practicar sus derechos, que no son privilegios.

El legislador oaxaqueño apuntó que los cambios tienen que partir de las propias mujeres para que conozcan sus derechos y desde el hogar para que se trate igual a las niñas y niños; históricamente se le ha negado a la mujer ejercer sus derechos y no debe continuar la tendencia, porque no son privilegios, sino el reconocimiento pleno como ser humano.

Las mujeres de los 68 pueblos originarios esperan justicia, por lo que reflexionar sobre su situación política, social y económica es indispensable para avanzar en reconocer sus derechos, amparados en diversas leyes y en el artículo 2 de la Carta Magna, donde se especifican los derechos de pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, no se traducen en políticas públicas y acciones para lograr los objetivos siendo letras muertas, porque “la ley tiene que trascender”.

Coheto Martínez añadió que de acuerdo con datos intecensales, en el 2015 México contaba con una población de 120.8 millones de habitantes, de éstos, 25.5 son indígenas, es decir, 20 por ciento del total; no obstante, aún con este porcentaje no existe reconocimiento. “Si somos el 20 por ciento, por lo menos deberíamos tener representantes en el Congreso de las principales etnias como la maya, náhuatl, zapoteca y mixteca y no es así”.

Mencionó que las mujeres indígenas que han querido participar en cuestiones públicas enfrentan los primeros obstáculos desde la familia, ya que muchas veces es el cónyuge quien no les permite su participación. En sus asambleas, donde nombran a sus autoridades, tampoco les permiten participar ¿De qué sirve entonces que conozcan ese derecho, si al hacerlo, no se los aprueban?

Propuso tener contacto con los presidentes municipales de las diversas comunidades y pueblos indígenas, para que tomen conciencia, y sean promotores para permitir la participación plena de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

Que las mujeres indígenas conozcan sus derechos, pero no cuando ya son adultas, sino desde que son pequeñas y que los maestros tomen conciencia respecto a este compromiso.

“De este foro tienen que derivarse acciones que nos lleven al logro de lo que motivo la creación del mismo, es decir, la preocupación que hay respecto al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres indígenas”, agregó.

Adriana Gabriela Ceballos Hernández, directora general del CEAMEG, destacó la transcendencia de visibilizar la problemática diaria de las indígenas y generar leyes que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos políticos, a través de estrategias públicas que alienten la participación igualitaria. “La voz de las mujeres no debe callarse ni estar al margen en la toma de decisiones”.

Hizo votos por que se motiven para “buscar ser escuchadas donde no las escuchan; ser visibles en donde aparentemente son invisibles y ser tomadas en cuenta en la construcción del bienestar para ellas, sus hijos y los padres”.

Esta población enfrenta mayores obstáculos y desventajas, marginación social y pobreza, condiciones que “son una oportunidad para potencializar el liderazgo de las mujeres”, aseguró. Invitó a “no permitir que por falta de entusiasmo se limiten sus posibilidades”.

En la última década se ha transformado la estructura social autóctona y sobresalen las mujeres por conquistar su derecho a opinar y ser escuchadas, tendencia que debe reforzarse para participar activamente como lideresas.

La responsabilidad doméstica y familiar rompe su participación pública, los retos más comunes y difíciles para ellas, para mantener un equilibrio entre sus actividades.

La diversidad cultural de los pueblos autóctonos y sus características, exigen replantear los conceptos de la participación política femenina; en el país los cambios son lentos, pero hay mujeres que levantan la mano dispuestas a participar por una sociedad más justa en cada comunidad, subrayó Ceballos Hernández.

Andrés Carlos Vázquez Murillo, secretario de Estudios y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se pronunció por eliminar el estigma de la indígena discriminada para combatir su exclusión en la toma de decisiones.

“El reto es lograr un acercamiento entre las autoridades de los tres niveles de gobierno con los pueblos originarios, para que sean las mujeres las que determinen las vías de su participación tanto en lo político como en todos los ámbitos de su vida, los cuales deben ser acordes a su cosmovisión”, subrayó.

Refirió que en la última década surgió un “feminismo indígena” impulsado a través del empoderamiento de las mujeres convertidas en dueñas de un negocio y siendo responsables de su manejo, por eso es imprescindible que definan ellas, la forma de colaborar vinculadas a su realidad.

Indicó que esta población padece triple discriminación: ser mujeres, pobres e indígenas. Tendencia que se impuso durante la Colonia reafirmándose después. “Es necesario depurar las malas costumbres que subordinan a las mujeres, que no son propias, ya que el patrón machista no es parte de la cultura indígena, pero que persiste hasta nuestro días”.

La coordinadora de Operación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Claudia Alonso Pesado, resaltó que el patriarcado es un uso y costumbre que se tiene que derribar por la influencia que tiene en los pueblos indígenas, incluso en la sociedad occidental.

Al mismo tiempo, precisó, se requiere dotarlas de una activa participación en la economía familiar. En la actualidad, el derecho a la propiedad de la tierra se dio por cuestiones externas debido a la migración de sus parejas, pero, sólo 33 por ciento de la propiedad agraria se encuentra en manos de las mujeres.

En cuanto al derecho político, está totalmente negado a las mujeres, no sólo en los usos y costumbres, a pesar de que “la Constitución consagra el derecho a que las mujeres indígenas puedan votar y ser votadas”. Es importante permitirles ejercer un cargo público, sobre todo cuando a lo largo de este año hemos sido testigos de casos donde no se les permitió acceder.

De la Red de Mujeres en Plural, María Eugenia López Brun, expresó que la discriminación contra los pueblos indígenas es un problema estructural que debe atacarse superando desigualdades y exclusión, sobre todo, en el acceso a su desarrollo económico.

En el caso de las mujeres que han sido desplazadas de sus cargos, comentó que se presentaron casos inadmisibles de amenazas, persecuciones y misógina llevada a sus extremos. Ejemplo de ello, la alcaldesa de Apango, Guerrero; las ediles de Chenalhó y Oxchuc, Chiapas, quienes no han podido regresar a ocupar sus puestos.

Destacó que la violencia es una de las manifestaciones más evidentes de la discriminación, incluyendo conflictos armados, militarización de sus territorios, procesos de desterritorialización, desarraigo, pérdida de cultura, criminalización, baja autoestima, desplazamiento forzoso y pocas oportunidades de acceso a la toma de decisiones.

Se requieren enfoques interculturales basados en los cocimientos tradicionales para la gestión de sus territorios y comunidades, participación en los contextos comunitarios y diseño de políticas públicas y su implementación en el contexto de una participación igualitaria.

La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruíz, coincidió en que se debe dotar de capacidad económica a las mujeres indígenas desde sus comunidades, si se quiere que realmente tengan acceso a cargos públicos y una educación de calidad.

“Nos miden como iguales cuando somos totalmente desiguales, nos miden con los mismos estándares, por ejemplo en educación, cuando la capacidad educativa de las comunidades indígenas es bastante mala”.

Para estas comunidades existe una enorme desventaja desde la lengua, costumbres y el machismo, por lo que la educación debe ser el principal cambio. “Hay cosas que pasan en las comunidades indígenas que no están bien y que las mujeres no deben permitir por muchos usos y costumbres que se hayan establecido, pero se tiene que hacer desde su empoderamiento”, añadió.

RED/JGM