Nota N°. 4611 Afirma Döring Casar que es obligación del Poder Judicial brindar protección a jueces si corren peligro, para evitar casos como el asesinato de Bermúdez Zacarías

Palacio Legislativo 18-10-2016 (Notilegis).- El vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Döring Casar, afirmó que es obligación del Poder Judicial brindar protección a jueces, cuando haya indicios de que alguno corre peligro, para evitar casos como el asesinato de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías.

Indicó que en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral, “ya está contemplada (la protección), lo que tiene que hacer el Poder Judicial cuando tenga indicios de que algún juez corre peligro, tiene que pedir protección”, expuso en declaraciones a la prensa.

“Si no lo hicieron a tiempo”, en el caso de Bermúdez Zacarías, “es una responsabilidad del Poder Judicial, esa legislación ya existe”, aseveró.

El Juez Quinto de Distrito en materia de Amparos y Juicios Civiles Federales, con sede en Toluca, Estado de México, fue ultimado ayer lunes en Metepec, Estado de México, por un desconocido que disparó en su contra una arma de fuego.

“Hay que ver cómo funciona el sistema que tantos años nos costó (a los legisladores) desarrollar, y no hacer de un caso donde no se pudo brindar protección a un juez, una Legislación ex profeso para todos los casos”, sostuvo Döring Casar.

También manifestó que el gobierno mexicano “no aprieta al narcotráfico, no ejerce la extensión de dominio. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es una área que está de vacaciones en el gobierno federal y no tiene ningún resultado”. .

Afirmó que existen herramientas, de acuerdo a la Legislación en vigor; sin embargo en la medida que esta Unidad de Inteligencia de Hacienda “no haga su trabajo, los jueces no están conociendo las causas de extensión de dominio, aseguramiento de bienes de narcotráfico y delincuencia organizada, que deberían de conocer”.

Explicó que en el caso de Bermúdez Zacarías, quizá tuvo que ver con el penal de máxima seguridad del Altiplano, que se ubica en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.

Los jueces que están en ese entorno, “por la proximidad, terminan conociendo de causas mucho más peligrosas que jueces federales de otras entidades”, aseveró.

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