Palacio Legislativo, 17-11-2016 (Notilegis).- La economía informal no es un delito, sino un reto para el Estado mexicano que exige soluciones de gran calado con un enfoque multidisciplinario, transversal e integral; la falta de regulación ha propiciado que no se respete la legislación laboral y vulneren los derechos de los trabajadores como la seguridad social, afirmó la diputada Minerva Hernández Ramos (PAN).

La presidenta de la Comisión Bicameral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, sostuvo que este fenómeno no sólo es el ambulantaje, se ejerce en diversos ámbitos de la actividad económica, como en la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado y todas las variedades de trabajo vinculado a unidades registradas o formales que no cumplen con las leyes laborales.

Hernández Ramos encabezó la presentación del libro “Derecho y Economía Informal: retos de la política pública del Estado mexicano”, primera obra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en materia económica y social. Aglutina 16 estudios de expertos mexicanos en diversas disciplinas sobre la informalidad en el país.

Refirió que la economía informal aportó casi la cuarta parte (23.7 por ciento) del Producto Interno Bruto (PIB), en 2014. Su importancia radica en que de cada 100 pesos generados en el país, 76 corresponden al sector formal y 24 al informal; dicha riqueza es generada por el 58 por ciento de las personas ocupadas en la informalidad.

La legisladora del PAN, destacó que esta actividad es un fenómeno heterogéneo, complejo y dinámico que requiere un tratamiento novedoso e integral, ya que la perspectiva de un análisis tradicional no es suficiente y ha quedado rebasado.

“Un problema tan complejo obliga a identificar un método de vanguardia que se articule para explicarlo y solucionarlo. Deben implementarse medidas de gran calado que promuevan acciones de fomento y financiamiento para el desarrollo de empresas formales, mecanismos que combatan la pobreza y estimulen la generación de empleo, protegido por la seguridad social e insertarlo en los sistemas de pensiones y ahorro para el retiro”, aseveró.

La aportación que ofrece esta obra literaria, facilita la labor de juristas y legisladores para renovar el marco jurídico que se traduzca en políticas públicas que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población, a través de una regulación que garantice el respecto de los preceptos constitucionales y leyes laborales.

Enrique Esquivel, asesor y en representación de Marcelo Torres Cofiño, director general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, reconoció que esta serie de investigaciones son un insumo valioso que, en sinergia con los análisis que realiza el centro, coadyuvan a que se construya un marco jurídico que resuelva la informalidad propiciada por la desigualdad y la pobreza.

Plantea desafíos y propuestas novedosas para repensar las bases del desarrollo económico nacional, el cual tiene dos asignaturas pendientes: la desigualdad social y el atraso económico, signados por bajos ingresos de la población alentando la pobreza extrema, vinculada a las carencias en educación, sanitaria, laboral y social.

Refirió que un estudio realizado por el CESOP detectó la preocupación del sector patronal por la reforma fiscal vigente, debido a que alienta la precariedad de los ingresos con efectos perversos para la economía formal, ya que la mayor tentación que ofrece la informalidad es ganar más sin el pago de impuestos.

La excesiva regulación para integrarse a la planta formal de trabajo y apertura de microempresas propician el fenómeno informal. “No se ha encontrado un punto de equilibrio que fomente el desarrollo y un ingreso equitativo que cubra las necesidades der la población y paguen impuestos”.

Gabriela Ríos Granados, doctora en Derecho de la UNAM, coordinadora de Investigación Multidisciplinaria, aseguró que “la economía informal ha rebasado las estrategias públicas”. Celebró que este libro se haya presentado en la Cámara de Diputados, por la importancia de las decisiones que adoptan los legisladores en el diseño de un marco jurídico que coadyuve a insertar a la formalidad a quienes laboran informalmente.

Las investigaciones realizadas por economistas, sociólogos, demógrafos, abogados expertos en Derecho laboral, administrativo y fiscal, son una primera aproximación metodológica y la conjunción de diferentes visiones ante la complejidad de la informalidad en México, la cual no sólo implica el eventual pago de impuestos sino la garantía de que se otorguen a esos trabajadores la seguridad social y se cubran sus necesidades básicas, mediante efectivas oportunidades de empleo y desarrollo sostenido.

Hugo Concha Cantú, maestro en Derecho Constitucional en la UNAM, el ITAM y el CIDE, sostuvo que la economía informal es un problema estructural, “no son meras áreas de marginalidad y pobreza que no han sido incorporadas al sector formal. Que es muy difícil de solucionar en el corto plazo, que requiere políticas públicas de gran envergadura”.

La informalidad emplaza a repensar lo que las instituciones públicas están haciendo y la forma de entender la configuración del Estado mexicano. Exige definir una nueva forma de concebir a la sociedad como una de las más desiguales del planeta.

La informalidad ha sido un tema poco estudiado por el Derecho en México y refleja la incapacidad institucional del Estado para ofrecer opciones reales de desarrollo personal y económico a la población.

Además, prevalece una conceptualización equivocada que la consideraba como una “actividad ilícita en una visión tradicional” que nada aportó para abordarla y crear políticas públicas que promovieran el respeto de los derechos laborales.

“Es hora de que la desigualdad se reconozca y deje de molestar a los sectores patronales, sobre todo cuando se requiere aumentar los sueldos y distribuir la riqueza, prefieren hablar de la pobreza porque con limosnas se mantiene una buena convivencia social”, indicó.

Pilar López Carraza, fiscalista y coautora de la obra, subrayó que a través de enfoques novedosos plasmados en cinco capítulos este fenómeno se desmenuza y se identifica como un problema estructural en un país que no ha encontrado una solución.

Ha intentado regular la informalidad mediante el pago de impuestos; no se ha logrado, porque primero debe resolverse y garantizar la protección de los derechos laborales y constitucionales de estos trabajadores, antes de exigirles contribuciones; “eso provocaría establecer una injusticia”.

Apuntó que esta investigación multidisciplinaria establece los cimientos para identificar soluciones reales a un tema tan complejo como la informalidad.

RED/JGM