Palacio Legislativo, 24-11-2016 (Notilegis).- Durante el foro “Transparencia y Rendición de Cuentas. Los Desafíos de México en el Siglo XXI”, Alejandro Romero Gudiño, director de la Unidad de Evaluación y Control, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló que la corrupción es el uso abusivo del poder político o económico para beneficios personales, por lo que “cualquier política anticorrupción es un control del poder”.

Comentó que antes de la reforma que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el punto de partida fue una Auditoría Superior sólida y con prestigio, con referentes internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La ASF tiene un “marco legal eficaz, una independencia, un mandato amplio y robustecido, así como acceso a la información gubernamental e informes periódicos, además del principio de máxima publicidad y seguimiento en sus acciones”.

El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Manuel Hallivis Pelayo, aseveró que “la corrupción es un flagelo que a todos nos cuesta; a los sectores público y privado, pero principalmente a los que menos tienen y es un costo que no tenemos por qué pagar”. Ha habido muchos esfuerzos, pero cuestionó si con ello realmente se ha afrontado este conflicto o se ha garantizado el adecuado funcionamiento de las instituciones.

Antes, explicó, existía un sistema fragmentado e inconsistente, es decir, ciertamente no existía, y con el cambio que se da ahora, con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, se deberán fortalecer las instituciones y éstas tendrán que cumplir con los fines específicos para los que fueron creadas.

Consideró que las sanciones serán importantes y “las medidas deberán ser en razón del daño causado, es decir, que cada sanción genere un efecto que haga pensar al incumplido que su comportamiento será castigado, justa, oportuna y enérgicamente”.

El consejero del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Héctor Samuel Casillas Macedo, estimó que para que la ley sea un éxito es necesario fortalecer a las instituciones y “nosotros lo estamos haciendo, no sólo a través de contraloría, sino también con un órgano de vigilancia que es la ‘Visitaduría judicial’ que hace una auditoría legal a los diversos órganos jurisdiccionales, donde se pueden advertir las anomalías y posibles actos de corrupción”.

Comentó que se tiene un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre al lavado de dinero, “porque se ha detectado que en tribunales mucha gente utiliza la buena fe de éstos y, a través de diversos procedimientos, han pretendido o han hecho lavado de dinero”. Entonces, a través de la dirección correspondiente, se da aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (SCHP) para que en cualquier procedimiento que se vea un abismo de corrupción, se hagan las investigaciones correspondientes.

Resaltó que para que haya corrupción se necesitan dos partes, no sólo es el funcionario sino también el ciudadano. En la medida en que nosotros como ciudadanos demos pauta a esa corrupción, no encontraremos resultados satisfactorios para combatir este flagelo de nuestra sociedad”.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, consejera presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mencionó que la corrupción ha sido señalada el segundo asunto que más incomoda a la sociedad, y para poder apostarle a su combate se requiere inversión presupuestaria. Recordó que durante años no se atendió la parte presupuestal de la transparencia y por eso existe un rezago tan grande y deficiencia en dar cumplimiento al 100 por ciento en esta materia.

Estimó que las instituciones que forman parte de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción deben profesionalizarse para gozar de confianza ciudadana, “de manera que no pueden ser parte de escándalos de opacidad y de actos de corrupción porque sería suficiente para que estos dos sistemas fracasen”.

Además, agregó, los servidores públicos que formen parte de estos sistemas deben cumplir con un perfil profesional pertinente para la función que van a desempeñar, por lo que “no pueden ser designados como repartición de cuotas”. Asimismo, es necesario contar con una coordinación cercana y propositiva entre los integrantes de ambos sistemas y que exista una mayor participación ciudadana y una nueva cepa de funcionarios públicos comprometidos con rendir cuentas y con ética.

La coordinadora del programa de Integridad Pública desde el Sector Privado, de Transparencia Mexicana, Vanessa Silveyra de la Garza, señaló que “la corrupción es una epidemia que se ha esparcido por el país, que afecta a los tres niveles de gobierno y agrava la desigualdad; es por eso que requeríamos un sistema nacional que coordinará todos los Poderes y niveles de gobierno”.

Explicó que este sistema deberá conjugar, de manera inteligente, los trabajos de las instituciones, a fin de ejercer funciones como prevención, detección, investigación y sanción de actos ilícitos. El mayor reto, consideró, es demostrar a una sociedad harta de promesas y simulación, que se puede controlar este mal.

La senadora Anabel Acosta Islas (PRI) destacó la importancia de analizar la instrumentación y coordinación de los sistemas de transparencia y anticorrupción.

Subrayó que el tratar de erradicar la corrupción corresponde a las autoridades, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, para poder transformar a México en un mejor país en donde prevalezca la rendición de cuentas.

El comisionado del Instituto de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Mauricio Guerra Ford, refirió que la corrupción cuesta al país el equivalente al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); por ello, dijo, es importante que exista información, ya que es un insumo indispensable para la transparencia.

Al respecto, resaltó la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que brinda toda la información de alrededor de 13 mil sujetos obligados en un sólo lugar. “Había alrededor de 76 sistemas de información a lo largo del país y con esta plataforma, aunque se han tenido algunos problemas en su ejecución, tiene ligadas a todas las instancias que reciben recursos públicos”.

La consultora independiente del Instituto Nacional de Administración Pública, Adriana Plascencia Díaz, indicó que los esfuerzos sobre transparencia se deben orientar hacia diluir el binomio de la corrupción y la impunidad. “Se tiene la responsabilidad de crear no sólo una nueva cepa de funcionarios públicos, sino también de ciudadanos”.

Consideró que estamos ante un cambio de paradigma, lo que no significa transformar las instituciones, sino más bien fortalecer el Estado mexicano. Agregó que el combate a la corrupción implica reconocer que vivimos en “la sociedad de la auditoría”, en la que un acto gubernamental e individual puede ser auditado inmediatamente, y una muestra de ello son las redes sociales.

Durante el panel “El Sistema Nacional Anticorrupción como mecanismo de Rendición de Cuentas”, coordinado por la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (PAN), el director general de Comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, A.C., Darío Ramírez Salazar, indicó que, según datos del INEGI, el 64 por ciento de la población cree que en cinco años va existir más corrupción. “Lo que debemos tener en claro es que el sistema debe cambiar”.

Enfatizó que sin un impacto real en los castigos por corrupción, “nos llevará décadas tener los resultados que queremos”.

El secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Benjamín Fuentes Castro, comentó que la visión sistémica era la mejor forma de atacar la corrupción, ya que uno de los graves problemas que existía entre las instituciones vinculadas con la rendición de cuentas en el país, era que su trabajo estaba desvinculado entre sí. “Por ejemplo, la labor de la ASF no se conectaba con Órganos Internos de Control”.

Resaltó cuatro bloques importantes en el SNA: prevención, supervisión y fiscalización, sanción y participación ciudadana. Refirió que “hay grandes expectativas de terminar con la corrupción gracias a la implementación del sistema, pero hay que ser realistas; es un problema que se resolverá a largo plazo y se debe apostar al fortalecimiento institucional, para que se observen cambios importantes”.

Alejandro Navarro Arredondo, investigador del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, explicó que en las siete nuevas leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, no existe la revocación del mandato. “Mientras no exista una amenaza real para gobernadores y presidentes municipales, que se ha demostrado cometen muchos actos irregulares, al sistema le seguirán faltando dientes”.

RED/JGM