Palacio Legislativo, 29-09-2016 (Notilegis).- Los grupos parlamentarios destacaron los beneficios de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, pero afirmaron que aún hay pendientes por atender, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.

El funcionario se presentó ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Transportes y de Infraestructura, en el marco de la glosa del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

La diputada Guadalupe Chávez Acosta (PRI) destacó que la reforma en materia de telecomunicaciones ha representado beneficios en las economías de las familias, ya que se eliminaron las tarifas de larga distancia y se redujeron los precios de los servicios, pero reconoció pendientes para lograr más competitividad y mayor reducción de las tarifas del sector.

Solicitó saber si tras el “apagón analógico”, la banda de 700 MHz ya fue liberada al 100 por ciento, así como los beneficios reales que ha traído la reforma en materia de telecomunicaciones a los mexicanos, a tres años de su promulgación.

Ruiz Esparza respondió que pese a que no se han cumplido aún todas las metas, la reforma en materia de telecomunicaciones “va en una ruta correcta, pues los alcances se han dado con prontitud y se resumen básicamente en ahorro económico, cobertura, competitividad y mejores servicios”.

Resaltó que suman ya 62 millones de mexicanos usuarios de Internet; que la eliminación de la larga distancia significó un ahorro de 20 mil millones de pesos para los ciudadanos, al reducir en más de 40 por ciento su costo, y la telefonía móvil lo hizo en más del 39 por ciento; además de que existen inversiones comprometidas por parte de empresas que operan en México, por más de 13 mil millones de dólares.

El funcionario indicó que las telecomunicaciones están contribuyendo al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, en 11 por ciento, y refirió que la banda de 700 MHz fue totalmente liberada, por lo que se pudo licitar.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (PAN) externó su preocupación por la opacidad con la que se maneja la SCT “por los contratos y concesiones que se le han otorgado a la empresas constructoras OHL y Grupo Higa”.

Solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizar una auditoría “para transparentar las distintas obras otorgadas a OHL en su dependencia y que lleve a cabo indagatorias exhaustivas, objetivas, expeditas e imparciales”.

Preguntó “cuál de los consorcios específicamente solicitó la ampliación de plazos y por qué a lo largo del proceso la SCT privilegió el principio de máxima concurrencia para algunas empresas”.

Ruiz Esparza comentó que están auditados todos los contratos de OHL y de Grupo Higa; explicó que a dichas empresas de les han otorgado licitaciones de algunas construcciones porque han cumplido con la garantía de seriedad de motivos, como mandata la ley en sus bases. “Si una empresa no cumple con lo básico se le descalifica”, añadió.

La diputada Lluvia Flores Sonduk (PRD) cuestionó que en este año el proyecto de “México Conectado” tiene una reducción de más del 80 por ciento en el presupuesto, por lo que sólo se conectarán 150 mil sitios a Internet, es decir 100 mil menos de la meta inicial planteada por el gobierno federal.

“En México no es suficiente este tema de las velocidades que se están solicitando en los sectores salud y educación, (pues necesitan) de 10 megas y los sitios que se están brindando es menos de un mega”, sostuvo.

Preguntó cuándo se tendrán resultados tangibles en comunicación móvil, con base en la utilización de los satélites Bicentenario y Morelos III, y cuántas dependencias de seguridad están conectadas.

El titular de la SCT resaltó que actualmente se tienen “cinco mil sitios públicos conectados, a través de los satélites que ya están en operación: Morelos y Bicentenario”, y añadió que “nos acaban de entregar recientemente el satélite Morelos III y ya está en órbita”.

“Ya estamos recibiendo los beneficios de los dos satélites (Bicentenario y Morelos III), aunque conforme vaya pasando el tiempo habrá más conectividad social y más conectividad de seguridad nacional, que es el punto central de estos satélites”, señaló.

El diputado Francisco Torres Rivas (PVEM) indicó que actualmente hay una exigencia generalizada por parte de la sociedad para terminar con la opacidad de las instituciones y con todas las formas posibles de corrupción.

Reconoció que la Red Compartida, en materia de telecomunicaciones, constituye un proyecto sin precedentes, pero cuestionó sobre cuáles fueron las medidas para transparentar el proceso de las licitaciones a las empresas.

El funcionario explicó que la Red Compartida es “un proyecto de gobierno abierto” del Banco Mundial, quien vigila que no exista ningún percance legal en las licitaciones, al igual que el organismo de la sociedad civil Transparencia Mexicana (TM), quien funge como testigo social, y está presente en todo momento.

También, precisó, la SCT cuenta con notarios, que dan testimonio y fe notarial de los documentos que se entregan en cada licitación, para que no haya alteración alguna en dichos procesos.

Resaltó que existe un “gran esfuerzo” por parte de la SCT para convencer a la sociedad que la realización de estos procesos es “con la mayor transparencia factible”.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (Morena) comentó que, de acuerdo con la opinión del comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Adolfo Cueva Teja, fueron entregados de forma ineficiente cinco millones 550 mil 311 televisores digitales, hasta el 31 de diciembre pasado.

Ello “representó un gasto también ineficiente del gobierno federal, de 15 mil 613 millones 450 mil 704 pesos con 70 centavos, es decir 54.8 por ciento del total destinado a este Programa (de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT)”, dijo.

Preguntó cómo se dará cobertura a las miles de familias que se quedaron sin televisión digital, “por la ineficiencia de su entrega”.

Ruiz Esparza afirmó que, de acuerdo a cifras oficiales del IFT, en la entrega de televisiones digitales, se cubrió el 95 por ciento del padrón de beneficiarios de Sedesol, para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

“Uno de cada tres hogares mexicanos, de los 32 millones que componen este país, recibió un televisor. Entonces, 10.1 millón de televisores se entregaron a lo largo y ancho del país”, precisó.

Dijo que las personas de menores recursos recibieron su televisión digital y que, antes de diciembre de este año, se entregarán los 100 mil pendientes de distribuir en cinco entidades, cuyos beneficiaros no contaron, en su momento, con los recursos para hacer su cambio digital.

El diputado Salvador Zamora Zamora (MC) planteó la necesidad de que locales comerciales que se encuentran en los aeropuertos en el esquema de concesión y mixto, paguen contribuciones municipales como el agua, predial y estacionamientos, por lo que cuestionó al funcionario su posición sobre este tema.

Solicitó que la secretaría a su cargo solucione y no deje pendiente el conflicto de tierras que tienen los diversos aeropuertos desde hace más medio siglo, principalmente los de Guadalajara, con los ejidatarios, por lo que invitó al secretario a establecer una mesa de trabajo con los diputados para resolver este conflicto añejo.

“La obligación de la SCT es indemnizar a los ejidatarios afectados a la brevedad, cada día que pasa se agrava esta inconformidad por la injusticia y complica la sentencia para devolver las tierras o para pagar a valor comercial, que cada día se encarece más éste, es decir, las hectáreas arrebatadas en este conflicto”, precisó.

El secretario sostuvo que los aeropuertos son servicios públicos para los ciudadanos, lo cual los exenta, por ley, de pagar contribuciones federales como lo es el caso del predial y la parte comercial contribuye a que el gobierno aproveche los activos financieros de estas actividades, para poder pagar obras importantes en los aeropuertos sin cargarlas a otro tipo de impuestos.

Indicó que tratará no sólo de dejar cumplido el Programa Nacional de Infraestructura, sino no dejar pendientes delicados y se comprometió en que el tema del conflicto de tierras que presentan los aeropuertos con los ejidatarios, “sea resuelto en esta administración, al menos en lo que se refiere a la parte legal”.

El diputado Ángel García Yáñez (NA) señaló que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones trajo como resultado ahorros sustanciales en esta materia, como la disminución de los precios en larga distancia internacional en 40 por ciento, asimismo reduciendo los de telefonía móvil en un 39 por ciento.

Expuso que el 31 de diciembre de 2015 concluyó la Transición Digital Terrestre (TDT), en cuyo proceso se entregaron gratuitamente 10.1 millones de televisores digitales, y la SCT con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) crearon un programa para la entrega de televisiones análogas que fueran desechadas.

Puntualizó que el cuarto informe de gobierno del Ejecutivo federal arrojó que el resultado de televisores entregados en los centros de acopio fue de 42 mil 831 aparatos, cifra mucho menor, por lo que el resultado del programa no ha tenido los resultados esperados.

Ruiz Esparza expresó que en la SCT también se encuentran “sorprendidos” por el resultado del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre, “de que haya sido tan reducido, a pesar de la campaña nacional que se hizo”.

Sin embargo, enfatizó, que lo sucedido fue que muchas de las personas no han querido deshacerse de su televisión por múltiples factores, ajenos a la secretaria. No obstante, aseguró que el programa seguirá en marcha.

Además, expresó que la reforma de telecomunicaciones se sintetiza en que hay más competencia, más cobertura, más calidad de servicio y sin duda al menor precio.

La diputada Cyntia Gissel García Soberanes (PES) afirmó que uno de los proyectos más importantes contenidos en le reforma en telecomunicaciones es el proyecto Red Compartida Mayorista, que “es una herramienta importante para alcanzar un entorno de mercado, mayor competencia y pluralidad de los operadores de servicios móviles, de telecomunicaciones en el mundo”.

“En el PES consideramos que debería hacerse una mayor difusión al público de los avances logrados y de la cantidad de recursos invertidos por cada estado hasta este momento; así como del monto de las inversiones privadas que estén participando y de los resultados que habrá”, precisó.

Cuestionó: “cuáles son los beneficios que pueden esperar los usuarios con el despliegue y operaciones de la red compartida y qué avances del proyecto le ofrece el gobierno de la República a la ciudadanía”.

Ruiz Esparza dijo que la Red Compartida Mayorista es un proyecto de más alcance en beneficio de la sociedad mexicana y que informará por medio de diversos medios de comunicación sobre sus alcances, costos y beneficios. “El compromiso es que al tercer aniversario de dicha red, el 30 por ciento de la cobertura este cumplida y siguiendo así hasta cubrir todo el país”, agregó.

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