Palacio Legislativo 30-11-2016 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Luis Fernando Mesta Soule (PAN), afirmó que se requiere mayor voluntad, apertura, pero principalmente, agilizar los procesos legislativos, a fin de garantizar los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad.

Tras inaugurar el foro “Derechos políticos electorales de las personas con discapacidad”, sostuvo que hay sectores de la sociedad que no pueden esperar a que los legisladores tengan el tiempo para reconocerles sus derechos.

“El reto es que respondamos con agilidad, percepción, voluntad y apertura, escuchando sus necesidades y reclamos políticos para que actuemos, pero que seamos mucho más ágiles en accionar para poder llevar adelante esos derechos, tenemos que encontrar fórmulas más ágiles”, indicó.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, el diputado federal apuntó que el objetivo del encuentro es que no se olvide que este sector de la sociedad reclama y exige igualdad de oportunidades, por lo que insistió en agilizar los procedimientos legislativos.

Mesta Soule subrayó que involuntariamente muchos de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad no se respetan, por lo que es fundamental que todos los sectores de la sociedad participen y contribuyan a garantizar la igualdad de trato de todas las personas en el ámbito electoral.

Agregó que es importante que se incorpore a este sector de la población a la vida política, ya que ellos tienen mucho que aportar al país y para ello, dijo, se debe ser más propositivo y afirmativo en los hechos, y no sólo en las posturas sentimentales.

“Nos corresponde a todos los sectores garantizar la igualdad de trato de todas las personas en el ámbito electoral, para poder hacer realidad el acceso y ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los ciudadanos, y así, hacer funcional la democracia”, puntualizó el legislador panista.

Recordó que en las recomendaciones 55 y 56 que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU, emitió para México en 2014, se hace un llamado a garantizar el derecho al voto a todos los integrantes de este sector social, además solicita asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean accesibles tanto en zonas urbanas como rurales.

Francisco Mendiola del Río, director general adjunto de Armonización Legislativa del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), afirmó que México ha registrado un avance importante en políticas públicas para promover el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad física.

Sostuvo que el reto ahora es impulsar el voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y con ello lograr que cada día las personas con discapacidad tengan mayor participación en las decisiones públicas.

Respecto al derecho a ser votado, el funcionario planteó la necesidad de “perfeccionar los procesos de selección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular, a fin de privilegiar la inclusión y potenciar la participación de las personas con discapacidad y tener una mayor probabilidad de que ocupen cargos de injerencia nacional”.

Alejandro Gallardo López, presidente de la organización Movimiento Nacional por la Inclusión y Democracia de y para Personas con Discapacidad, llamó a los legisladores a sumar voluntades a aprobar el dictamen –avalado en septiembre pasado por la Comisión– con el que se pretende reconocer, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, los derechos políticos de este sector.

Es necesario “articular acciones de incidencia política que garanticen a nuestro sector social el disfrute de sus derechos y desarrolle su valioso potencial y lograr sin cortapisas ni limitaciones, medidas para acortar la enorme brecha entre los compromisos internacionales adoptados por México y las acciones pendientes en la materia”, concluyó.

Durante el foro se llevaron a cabo tres paneles en los que participaron funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como representantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

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