La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), aprobó dictamen a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La minuta, que envió el Senado de la República a la Cámara de Diputados el pasado 3 de mayo, cita que la Ley establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.

Señala que como sujetos obligados, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

El dictamen, que se avaló con 16 votos a favor y cuatro en contra, será presentado al Pleno de la Cámara de Diputados. Detalla que los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de los mismos.

Entre los objetivos de la Ley están: distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos.

También, regular la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que se refieren esta Ley y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo relativo a sus funciones para la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento.

Otorgar garantía a toda persona para que pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales; además, promueve, fomenta y difunde una cultura de protección de datos personales; establece los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley.

Asimismo, entre sus objetivos está regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los organismos garantes locales y de la Federación, de conformidad con sus facultades respectivas.

El documento cita que Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los artículos 6o. y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

La diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del PRI, dijo que el análisis de este documento se hizo de manera responsable, ordenada y transparente. “El instrumento legislativo que el Senado somete a consideración de los diputados robustecerá al Sistema Nacional de Transparencia y a los órganos contemplados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

Agregó que el dictamen tiene como fin proteger el derecho humano de protección de datos personales y establecer el diseño institucional para su garantía cuando estos se encuentran en posesión de sujetos obligados.

Explicó que se establecen como principios rectores la licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.

Mitzi Barrientos afirmó que su fracción parlamentaria respaldará y votará a favor de que se apruebe, en sus términos, la minuta. “Hacemos un llamado para que votemos en unanimidad su aprobación y enviemos un mensaje contundente a los ciudadanos, de que si bien nuestras diferencias ideológicas nos distinguen unos de otros, encontremos en el bienestar de los mexicanos nuestra gran coincidencia política”.

Explicó que los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, partidos políticos, fideicomisos y cualquier orden de gobierno municipal, estatal o federal, tendrán la obligación de resguardar, bajo mecanismos claros, la información de millones de mexicanos, garantizando, bajo un actuar responsable, su tratamiento y el derecho de cada persona a acceder, ratificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos personales.

El secretario de la Comisión, Hugo Gaeta Esparza (PRI), aseguró que el dictamen respalda una redacción sin vicios de constitucionalidad y promueve la máxima protección al individuo.

Aurora Cavazos Cavazos, también priista, refirió que esta Ley forma parte de un gran andamiaje en la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia y en el combate a la corrupción. Su compañero de fracción, Pedro Luis Noble Monterrubio, expresó que el proyecto de Ley se discutió a profundidad, se hicieron tres audiencias públicas, y se analizó con académicos y diputados.

Miguel Ángel Sulub Caamal (PRI), coincidió en que se hizo un análisis a profundidad, se escucharon diferentes voces y algunas propuestas se integraron al proyecto de Ley. Precisó que “toda ley es perfectible, porque una vez que se implementa en la práctica, sabremos qué puntos son necesarios fortalecer”.

La diputada Ema Alemán Olvera, del PAN, consideró que este es un paso más respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que su fracción parlamentaria está a favor de la minuta del Senado.

Mayra Enriquez Vanderkam, también de Acción Nacional, puntualizó que en “esta Ley queda limitado el acceso a la información a archivos históricos con carácter de investigación, académico y de libertad de expresión”. “Me gustaría saber cómo se resuelve, en el proyecto que presenta el PRI, esta situación”, planteó.

La también panista Cecilia Romero Castillo comentó que la minuta se debe revisar de manera integral y armonizada con la Ley General de Transparencia y la Ley de Archivos.

Sharon Cuenca Ayala, del PVEM, expresó que su partido considera importante tener los instrumentos jurídicos de política pública de prevención y de acción para enfrentar la sustracción de datos personales que fomente ilícitos como el robo de identidad.

Por ello, agregó, “estamos a favor de la minuta en sus términos, porque coincidimos en que la aprobación de esta Ley General va a vincularse con la Ley de Transparencia y Anticorrupción”.

El diputado Agustín Basave Benitez, del PRD, mencionó que en la minuta no se hace una diferencia entre los datos personales y los datos sensibles, por lo que consideró que el tratamiento que se le dé a estos últimos debe ser diferente, porque si son mal usados, pueden provocar discriminación en las personas.

Rafael Hernández Soriano, también del PRD, pidió tiempo para revisar la propuesta de Ley, ya que la enviada por el Senado protege a organismos y no a ciudadanos.

“Existen temas que tenemos que revisar de fondo, como la protección al ciudadano, y esta Ley tiene varios huecos y fugas para cumplir con ese objetivo. Hay que darnos el tiempo de revisar a profundidad por el bien de México”, añadió.

También del PRD, Omar Ortega Álvarez, aseguró que el análisis de la minuta no fue suficiente, por lo que solicitó al PRI, PAN y PVEM, que “no hagan valer su mayoría” y declarar a la comisión en sesión permanente para tener la oportunidad de discutirla a profundidad, aunque adelantó que votarán en contra de la minuta del Senado.

El diputado presidente de la comisión, Rogerio Castro Vázquez, expuso las propuestas de modificación de su fracción parlamentaria, mismas que fueron rechazadas por el pleno.

En representación de la diputada Guadalupe Hernández Correa (Morena), Ángel Hernández de la Piedra consideró que al votar por el dictamen sin cambios, la Cámara de Diputados estaría renunciando a su atribución de colegisladora. “Sería una irresponsabilidad aprobar esta minuta en sus términos, toda vez que existen propuestas y fundamentos de diversos sectores que se manifestaron y no fueron consideradas sus propuestas”, añadió.

Juan Romero Tenorio (Morena) puntualizó que la mayor parte de la Ley es buena; sin embargo, dijo que existen inconsistencias en el artículo primero sobre los sujetos obligados, por lo que solicitó que se analice más a detalle.

RED/LSN