Palacio Legislativo 02-12-2016 (Notilegis).- El diputado Emiliano Álvarez López (Morena) pidió que se destinen más recursos al programa de pensiones alimentarias de la Ciudad de México y que a nivel federal se modifique el programa “65 y más”, al participar en el foro “Derechos humanos y estado de bienestar para las personas mayores”.

Planteó que en ese programa se elimine el requisito de que las personas que deseen afiliarse a éste, no deben recibir ingresos superiores a mil 92 pesos mensuales por pago de pensión.

Sostuvo que incrementar el presupuesto al programa de pensiones alimentarias de la Ciudad de México, permitirá tener más cobertura y disminuir el número de personas en espera.

“Estamos muy atentos de lo que está pasando en el Constituyente y no vamos a permitir que derechos que ya se han ganado en la Ciudad de México se pierdan y uno de ellos es la pensión para los adultos mayores”, advirtió.

El diputado federal anunció que presentará un punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a que en 2017 elimine del programa de pensiones “65 y más” el requisito de que las personas que deseen afiliarse, no debe recibir ingresos superiores a mil 92 pesos mensuales por pago de pensión.

“Vamos a presentar un punto de acuerdo porque para acceder al programa de 65 y más, a nivel federal, se tiene que cumplir con una serie de requisitos y entre ellos está que no se tenga ninguna pensión de mil 92 pesos al mes. Los que tienen una pensión de mil 95 pesos, ¿qué pueden comprar?”, asentó Álvarez López.

Martí Batres Guadarrama, presidente de Morena en la Ciudad de México, apuntó que se requiere reivindicar la política social del país, pues -dijo- es lo que le da el tinte humano al Estado.

“Sin política social, el Estado sería sólo una maquinaría de represión, sería sólo la policía, el Ejército, el orden, la fuerza pública, la coacción y la política social es lo que le da el tinte humano al Estado”, externó.

Reprochó que la próxima Constitución Política de la Ciudad de México corra el peligro de ser privatizadora y desmanteladora de las políticas sociales, por lo que llamó a defender los derechos sociales ganados con anterioridad.

“En el Constituyente, hay, por parte del PRI, PAN y PRD, la pretensión de establecer en la Constitución de la Ciudad de México que los programas sociales estarán sujetos a la suficiencia presupuestal, la cual nunca hay”, acusó.

Ana Gamble Sánchez Gavito, del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México, indicó que en la capital existe más población de adultos mayores que en otros países, por lo que es necesario dotarles de bienestar social que garantice sus derechos.

Recordó que en 2001 se implementó en la capital la pensión alimentaria como un derecho humano, que asegura un ingreso básico para la población adulta mayor, en el entendido de que sólo el 38 por ciento tiene acceso a una pensión por jubilación

“Si bien es cierto que la familia debe hacerse cargo de las personas adultas mayores como se establece en las leyes, es el Estado el obligado cuando alguien no puede valerse por sí mismo, dado que también esas personas generan recursos, son productivas y pagan impuestos”, dijo.

Gamble Sánchez Gavito agregó que el gobierno de la Ciudad de México va a destinar en 2017, siete mil millones de pesos para pensiones y “ningún país quiebra por brindarle una pensión, el recurso existe y se tiene que canalizar de manera adecuada”.

Fanny Sleman Valdés, catedrática del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó las previsiones de que en próximos años habrá una población mayor de adultos mayores que jóvenes y niños.

Ante ello, agregó, se requieren políticas públicas con un enfoque de derechos por encima del asistencialista, así como de mayor y mejores oportunidades para este sector.

“Existe una revolución blanca y se calcula que para el año 2025, casi un cuarto de la población mundial tendrá más de 60 años y superará el número de personas menores de 14 años, por lo que se requiere de mayores y mejores oportunidades para este sector de la población desde un enfoque de derechos”, detalló.

Refirió que pese a las estimaciones de que para el año 2050, la esperanza de vida de las mujeres será de 84 años y hombres alrededor de 80, se ha considerado que, tras los rápidos avances científicos, tecnológicos, entre otros, existe la posibilidad de que las personas puedan llegar a ser centenarias.

Sleman Valdés instó al Ejecutivo federal a ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, firmado en 2015 por 37 países del continente Americano.

Explicó que la Convención, es el documento legal internacional más avanzado en la protección de los derechos de los adultos mayores e insistió en su ratificación, ya que, dijo, contribuirá a que el envejecimiento de la población en México esté acompañado una mejor calidad de vida, y que se eliminen los rezagos sociales y económicos de este sector.

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