Palacio Legislativo, 06-12-2016 (Notilegis).-La Comisión de Justicia aprobó reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas para eliminar trabas jurídicas y burocráticas y reparar el daño más rápido y ejercer el fondo económico en su favor, a fin de hacerla operativa y colocar a los agraviados por el delito en el centro del sistema judicial. Se atiende ahora, asimismo, a los migrantes y desplazados internos.

Durante una reunión de trabajo de la instancia legislativa, presidida por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), se avalaron, con 15 votos a favor y dos abstenciones, modificaciones a esa ley, con el propósito de resarcir la deuda que se tiene con las víctimas del delito.

La minuta con proyecto de decreto aprobada, establece un esquema flexible para usar y comprobar los recursos; eso asegurará que el fondo económico de reparación del daño se utilice de forma eficiente, ágil y transparente. La ayuda podrá ser comprobable, cuando se entregue por adelantado y estará sujeta a comprobación posterior. Este esquema, apunta el documento, apoyará a las víctimas cuando tengan que trasladarse a diferentes lugares para conocer el avance del proceso jurídico.

Se fortalece la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a fin de determinar su intervención en la atención y eventual reparación del daño en casos del fuero local, cuando en los estados no se haya hecho; si no paga la entidad, se descontará del presupuesto del año siguiente ante la falta en la creación de comisiones ejecutivas y fondos estatales.

Los afectados podrán recibir ayuda de instituciones privadas con cargo al fondo de reparación del daño; se podrá contar con peritos expertos extranjeros cuando no haya en el país, añade.

La estructura de la CEAV se modifica, así como su integración y funcionamiento; dejará de ser un órgano colegiado para estar a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos.

Establece un Comité Interdisciplinario evaluador de la CEAV, con facultades reguladas para elaborar los proyectos de dictamen, de acceso al dinero del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, de reparación integral y, en su caso, la compensación, que habrá de determinarse conforme a la ley, así como para la creación de fondos de emergencia. Con todo esto, subraya, se logrará la atención más ágil de las víctimas.

Se añade el interés superior de la niñez, como un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Además, se reconoce la necesidad de atender y proteger, mediante un enfoque diferencial, a las personas que enfrentan desplazamiento interno, como un hecho victimizante autónomo que representa o se deriva generalmente de una violación grave, continuada o múltiple de diversos derechos, y que amerita un tratamiento diferenciado para permitir a este sector contar con medidas de ayuda y asistencia particulares que coadyuven a garantizar el ejercicio de los derechos que le hayan sido afectados.

Señala que debe otorgarse atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias y de esta manera fortalecer la protección de los derechos vulnerados con ese motivo.

Por Morena, el legislador Alfredo Basurto Román refirió que de los 2 mil millones de pesos del fondo de reparación del daño, no se han ejercido ni 100 millones de pesos, ya que prevalece burocracia, con lo que no se satisfacen las expectativas de la sociedad civil, cuyas propuestas deben considerarse prioritariamente para atender a las víctimas del delito.

Resaltó la necesidad de que en la Comisión Ejecutiva se integre por víctimas, sociedad civil y académicos con facultades para decidir sobre el programa anual de trabajo y las prioridades para ejercer el presupuesto; cuestionó el esquema para designar al titular de dicha comisión, y planteó que sea apartidista y no sea ex funcionario, sino alguien de la sociedad civil con el perfil idóneo, que reconozca el desplazamiento interno como la violación de múltiples derechos humanos, ya que es un hecho revictimizante.

Por el PVEM, la diputada Lía Limón García destacó la importancia de esta reforma, ya que abre la posibilidad de atender verdaderamente a las víctimas del delito, mediante una ley operativa y con eso resarcir la deuda que se tiene con este sector.

Dijo que “hoy el fondo económico de reparación del daño tiene más de mil 536 millones de pesos, del cual se ha erogado sólo 3 por ciento por las trabas existentes para ejercerlo. Lo que se hace con esta reforma es eliminar esos obstáculos en beneficio de las víctimas que podrán ejercer recursos; hasta ahora no lo han hecho por distintas trabas burocráticas, además de que revictimiza”.

El legislador del PRD, Arturo Santana Alfaro, sostuvo que con estas modificaciones se tiene la oportunidad de dar a México una ley de avanzada y de vanguardia, para atender a un grupo de mexicanos que no gozan de la restitución de sus derechos fundamentales, ya que por limitaciones legales no se han ejercido casi 2 mil millones de pesos a favor de víctimas.

Apoyó los cambios a la normatividad de la CEAV, para que los recursos sean ejercidos debidamente. “Aunque el organismo sea unipersonal, no es sinónimo de que no va a funcionar; por el contrario, puede avanzar. Ya le dimos seguimiento a un cuerpo colegiado que no funcionó que, por el contrario, puso barreras para aplicar los recursos del fondo que hoy ascienden a cerca de 2 mil millones de pesos y que no han podido ser ejercidos. Es una gran oportunidad para establecer con precisión que se tiene que atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

La diputada priista, María Gloria Hernández Madrid, destacó la importancia de los servicios de un abogado victimal, en caso de que los agraviados no cuenten con un especialista jurídico que los oriente y apoye en el proceso judicial, lo cual permitirá una atención más oportuna ante una situación vulnerable.

Indicó que la posibilidad de solicitar el apoyo de peritos nacionales y extranjeros, cuando no haya en el país, contribuirá a facilitar a las víctimas el acceso a diversas opiniones para garantizar su derecho a la verdad, a la justicia y reparación integral del daño.

Por el PAN, el diputado Ulises Ramírez Núñez refirió la preocupación de organizaciones civiles sobre los montos de reparación, ya que en los últimos meses se han ejercido 80 millones de pesos del fondo, de los cuales 72 millones se han destinado a reparar agravios de delincuentes, quienes arguyeron el no respeto al debido proceso y a derechos humanos, y los 8 millones restantes fueron para las víctimas de delitos. Además, hay burocracia para ejercerlos.

Asimismo, preocupan los requisitos para acceder al fondo, la atención a víctimas ignoradas en las entidades y las sanciones por incumplimiento a esta ley, en particular a los abogados que buscan los huecos para acceder de manera rápida a estos recursos. Hay un fin loable, pero deben establecerse mecanismos más estrictos cuando son los delincuentes quienes argumentan estos elementos para obtener una reparación, precisó.

Por otra parte, los integrantes de la comisión aprobaron 16 dictámenes que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Nacional de Procedimiento Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Los dictámenes son para tipificar el delito de acoso sexual, estableciendo agravantes y los distintos medios de comisión, con el objeto de sancionar el sexting y grooming; incrementar la sanción para el hostigamiento sexual. Sancionar a personas que operen algún equipo de radiocomunicación mientras conduzcan un vehículo automotor, y tipificar las conductas que impliquen maltrato hacia los animales, específicamente los perros (peleas de perros).

Las modificaciones prevén incluir al feminicidio como delito que amerita prisión preventiva oficiosa; incrementar la sanción de inhabilitación de servidores públicos, y sustituir el término “salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización” en el Código Civil Federal, entre otras disposiciones.

Además, avalaron dos puntos de acuerdo: uno, para exhortar a las legislaturas estatales a revisar y modificar el marco jurídico, cuyos códigos penales contemplan al matrimonio como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; uno más, hace un llamado a los congresos locales de las 32 entidades del país, para que en el ámbito de sus facultades revisen y estudien reformas al tipo penal del delito de acoso sexual.

RED/RZJ