Palacio Legislativo, 14-12-2016 (Notilegis).-En reunión con líderes y representantes de organizaciones de ex braceros, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri (PRD), dijo que el Estado mexicano mantiene una deuda pendiente con esos trabajadores que necesita atender. “Es un compromiso no sólo del gobierno, sino de las instituciones y una de ellas es la Cámara de Diputados”, afirmó.

En tanto, los dirigentes de ex braceros solicitaron se continúe el pago de 38 mil pesos que se acordó con la creación del “Fideicomiso de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos” en 2005, ya que desde el 2012 dejaron de recibirlos. “Se trata de un apoyo social, más no implica el reconocimiento de la deuda histórica que tiene el Gobierno con nosotros”, sostuvieron.

Aclararon que la lucha de los ex braceros es para que les regresen sus fondos de ahorro que les descontaron durante su trabajo en Estados Unidos, que implicó una reducción del 10 por ciento a su sueldo en dólares; hasta el 2008, la deuda del Estado en este rubro superaba los 5 billones de pesos, de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Martínez Neri comentó: “enterado de las circunstancias y las vicisitudes por las que atraviesan los ex braceros, es oportuno que la Comisión Especial de Ex Braceros, próxima a instalarse, inicie gestiones en torno al tema, a fin de que los problemas que han padecido por años se resuelvan”.

Conminó a los diputados a trabajar para cristalizar resultados en torno al tema. “Hago votos para que encontremos, conjuntamente, soluciones adecuadas y pasemos esa hoja oprobiosa por no haber atendido en su oportunidad la deuda que se tiene con ustedes”, sostuvo.

El presidente de la Comisión Especial de Ex Braceros, diputado Erik Juárez Blanquet (PRD), se comprometió a dar seguimiento a los acuerdos en la materia, del pasado 4 de agosto, con la Secretaría de Gobernación (Segob). Por ese motivo, invitarán a representantes de esta dependencia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a fin de que informen sobre los recursos del fideicomiso que, hasta febrero de 2016, tenía cerca de 300 millones de pesos.

“Tengo claro que los 38 mil pesos que les asignaron es un apoyo social, no implica el pago de lo que ahorraron; por ello, estaremos atentos a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a este tema”, afirmó.

Aseguró que una vez que se instale la comisión especial que preside, buscará dar soluciones a las limitaciones que padecen los ex braceros, ya que desde el 2012 no se les asignan los pagos del fideicomiso, y los fondos de éste no son suficientes para satisfacer la demanda de todos.

El compromiso, expresó, es ver cómo damos salida a estas dificultades y pedir que se asignen más recursos a este fideicomiso para que siga teniendo vigencia. “Queremos escuchar sus planteamientos y estaremos al tanto para dar seguimiento permanente a este asunto”, agregó.

La secretaria de Asuntos Migratorios, diputada Modesta Fuentes Alonso (Morena), resaltó que el gobierno federal evade su responsabilidad para con los ex braceros, a sabiendas del daño que causa a millones de trabajadores. “Insiste en trabas burocráticas para no cumplir con lo señalado en la Ley que creó el Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social a ex trabajadores migrantes mexicanos”.

Consideró necesario crear una ruta legislativa para lograr el pago de “la deuda histórica que tiene el gobierno federal con este sector, abrir nuevas mesas de trabajo con todos los involucrados y solicitar una reunión con el titular de la Segob para obtener respuesta a sus demandas. “Hago votos para que los acuerdos aquí logrados puedan concretarse y no queden en el aire”.

De la Coordinadora Binacional de Organizaciones de Ex Braceros y Migrantes 1942-1964, Alfredo Reyes Vargas comentó: “necesitamos que nos hagan justicia, por lo que esperamos que esta comisión especial solicite reunión con representantes de la Segob, a fin de lograr que se cumplan los acuerdos establecidos en la pasada reunión con dicha dependencia”.

En representación de organizaciones de ex braceros de Zacatecas, Efraín Arteaga Ramírez destacó que el pago de 38 mil pesos es un apoyo social que ni siquiera implica el reconocimiento de la deuda histórica que se tiene con ellos. Se trata de una “dádiva graciosa del Estado mexicano”, señaló.

Explicó que la lucha primordial de los ex braceros es que les regresen los fondos de ahorro que les descontaron durante su trabajo en Estados Unidos, que implicó el 10 por ciento de su sueldo en dólares; por tanto, continuó, ese dinero es una obligación salarial que se envió al gobierno de México para que se les devolviera a los trabajadores, a quienes se les deben agregar los intereses bancarios por los 74 años que han transcurrido desde que inició el Programa Bracero.

Asimismo, enfatizó, se deberán añadir las actualizaciones por la inflación correspondiente al mismo periodo de tiempo. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hasta el 2008 el Estado tenía una deuda con los ex braceros, que superaba los 5 billones de pesos.

Informó que, de acuerdo a un proceso jurisdiccional, se deberá pagar a cada ex bracero un millón 96 mil pesos; sin embargo, detalló, el Ejecutivo federal interpuso un recurso de revisión de la sentencia pidiendo la anulación de la misma, por lo que el asunto se fue a un Tribunal Colegiado, el cual se atrajo a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante ello, solicitó que se promueva un punto de acuerdo para que las cámaras de Diputados y de Senadores exhorten a la SCJN a resolver una sentencia conforme a derecho, a fin de hacerles justicia a los ex braceros.

Bernardino Santana Carmona, representante de ex braceros de Oaxaca, mencionó que a 20 años de lucha se ha avanzado muy poco, ya que sólo se les ha retribuido con el pago de 38 mil pesos a un 5.8 por ciento de los trabajadores. “Lamentablemente, la situación en la que viven se está mermando, muchos padecen enfermedades terminales y otros mueren sin recibir su pago”.

La coordinadora de la Alianza de Ex Braceros del Norte 1942-1964, Estados Unidos, Martha Zarate, solicitó que se tomen en cuenta los acuerdos establecidos con la Segob, a fin de resolver cada uno de ellos.

Asimismo, llevar a cabo reuniones periódicas con legisladores y representantes de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, continuar el pago a los trabajadores y entrevistarse con ex braceros que radican en Estados Unidos.

Al evento asistió la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, diputada María Concepción Valdés Ramírez (PRD).

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