Palacio Legislativo, 05-01-2017 (Notilegis).- La Comisión Permanente aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se solicitan diversas acciones al Ejecutivo federal en relación al mercado de los combustibles y su precio, como la comparecencia de funcionarios para que aborden diversos ángulos del tema.

El presidente de la Comisión Permanente, diputado Javier Bolaños Aguilar, afirmó que la proposición que se presentó a consideración en la sesión de este jueves se logró “con el mayor consenso posible entre la mayoría de los grupos parlamentarios”.

Según el orden del día, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Morena y MC habían presentado para su discusión siete puntos de acuerdo, como de urgente y obvia resolución, sobre el aumento al precio de los combustibles, en vigor desde el 1 de enero.

El acuerdo avalado por 29 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, contiene siete puntos.

El primero convoca a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Energía (Sener), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Pide que estos funcionarios expliquen ante el Pleno de la Comisión Permanente las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel, mediante un formato ágil que apruebe la Mesa Directiva.

En el segundo se solicita que la SHCP informe a esta soberanía de manera pormenorizada, en un término de 10 días, en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos correspondientes a las 83 regiones al interior de la República y las siete de frontera norte, desglosando sus componentes.

Asimismo, que la explicación se acompañe de la memoria de cálculo específica a dichos precios máximos.

Tercero, que la Sener presente un informe detallado de las condiciones en las que se encuentra la implementación de la reforma energética y de la perspectiva de la misma durante 2017.

Cuarto, que las autoridades competentes garanticen el abasto y suministro de los combustibles en todo el país.

Quinto, que la Profeco continúe y, en su caso, fortalezca el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación.

Sexto, que la Procuraduría General de la República (PGR) agilice las averiguaciones previas que en su caso se hayan iniciado por delitos contra la economía pública, sancionados en el artículo 253, fracción I, inciso A, del Código Penal Federal.

Séptimo, que la CRE haga de conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región.

Durante la discusión del acuerdo se presentaron tres propuestas para modificar este documento; en votaciones por separado se rechazaron las dos primeras, de la diputada Rocío Nahle García (Morena) y el senador Luis Miguel Barbosa Huerta (PRD).

Se aprobó la propuesta de la senadora Andriana Dávila Fernández (PAN), con el fin de precisar que las reuniones de trabajo con los funcionarios federales se llevarán a cabo ante el Pleno de la Comisión Permanente.

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