Palacio Legislativo 12-01-2017 (Notilegis).- El legislador Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), vicepresidente de la Cámara de Diputados, rechazó que se legisle “al vapor” sobre la Ley de Seguridad Interior y dijo que se pretende imponer ese tema como distractor del aumento al precio de los combustibles, en vigor desde el 1 enero.

“Es inadmisible que el PRI rechace un periodo extraordinario para tratar el asunto del gasolinazo y pretenda legislar al vapor para sacar adelante la ley de Seguridad Interior”, indicó en un comunicado.

Sostuvo que el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública se pretende imponer como un distractor ante el reclamo social en contra del aumento a los combustibles.

Indicó que debatir la participación del ejército en tareas de seguridad pública en este momento es muy delicado y advirtió que “podría abrirse la puerta a la represión militar en contra de las manifestaciones de descontento, no sólo por el gasolinazo, sino por la política económica implementada por el gobierno federal”.

El diputado federal pidió escuchar a las organizaciones civiles que han advertido sobre la amenaza contra los derechos humanos y el Estado de derecho, ante la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que otorgaría facultades a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.

Apuntó que no se puede firmar un papel en blanco para permitir que los militares entren a una casa sin orden de cateo o delito flagrante.

“Sacar de su domicilio o detener a la fuerza a cualquier persona y subirlo a camionetas oficiales o no, sin que exista caso urgente, flagrancia en la comisión de algún delito, ni orden de aprehensión y, lo que es peor, llevárselos con rumbo desconocido, debe considerarse como un delito grave”, sentenció el legislador perredista.

Subrayó que cualquier reglamentación que se pretenda hacer para normar la participación del Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, debe contemplar la aprobación de la Ley General Contra la Desaparición Forzada de Personas, pendiente desde hace un año.

Ojeda Anguiano apuntó que “el gobierno federal está haciendo todo lo posible por desestabilizar a la nación con el único interés de mantener un proyecto económico que ha demostrado su fracaso, pues su supuesta pretensión de reducir los costos tanto de combustibles como de electricidad, quedaron sepultados bajo tierra”.

Insistió en que los legisladores priistas no pueden hacer oídos sordos al clamor popular de echar atrás el "gasolinazo" y al mismo tiempo pretender meter a la agenda legislativa otro tema candente que sólo avivará el reclamo social en contra de la política económica del Ejecutivo federal.

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