Palacio Legislativo, 07-03-2017 (Notilegis).- El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, diputado Waldo Fernández González (PRD), afirmó que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio “tiene bases sólidas para contribuir a forjar una sociedad más justa y con ello fomentar el desarrollo de la Nación”.

“Nuestro reto para la consolidación de este nuevo capítulo de la justicia en México es aprender a comunicar los beneficios a la población”, dijo al inaugurar la mesa de discusión “Nuevo sistema de justicia: ¿qué falta para su consolidación?”, organizado por las comisiones de Puntos Constitucionales de ambas cámaras del Congreso.

Fernández González explicó que la reforma constitucional para la creación de este nuevo sistema de justicia penal “se basó en tres ejes rectores: fortalecer el sistema nacional de seguridad pública, crear herramientas para combatir la delincuencia organizada y abandonar un sistema inquisitivo para mudar a uno acusatorio y oral”.

Comentó que a menudo se centra el debate en torno a la oralidad de este nuevo sistema de justicia penal, lo cual es un componente importante del mismo, “pero se les escapa el resto de sus principios”.

“No hay manera de comprender e implementar un sistema de justicia sin una perfecta comprensión de sus principios señalados en el artículo 20 constitucional”, añadió.

“Estos son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”, destacó.

Abundó que el principio de publicidad implica que todo acto procesal debe ser público, "la justicia tiene que ser pública, lo mejor es la transparencia". El de contradicción implica que las partes se enfrenten en condiciones de equidad, es decir, fijando reglas para la presentación de las pruebas y los interrogatorios, para garantizar un proceso en el que todos sean tratados por igual.

La concentración y continuidad aluden a que todas las pruebas, actos y decisiones deben concentrarse en un proceso que debe desarrollarse de manera continua para evitar retrasos injustificados, además de una justicia expedita.

Mientras que la inmediación significa que el mayor control y responsabilidad se le traslada a los órganos jurisdiccionales, que ahora tienen la obligación de estar presentes en todas las audiencias y en la valoración de las pruebas.

Destacó que para poder consolidar este nuevo sistema de justicia se requiere “predicar con el ejemplo y eso significa que abogados, jueces y todos los involucrados hagamos lo necesario para su correcta implementación”.

El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, expresó que, para consolidar este nuevo sistema de justicia, “el más importante –me parece que se mantiene– de los retos es el cambio cultural, el cambio de mentalidad que precede al cambio actitudinal”

“La convicción de que estamos frente a un instrumento que no resuelve las cosas por ensalmo, pero sí obliga a las autoridades a ser más competentes, sí vela por los derechos e intereses de las víctimas, y nunca olvida al inculpado”, destacó.

De modo que –precisó– “en esta especie de reto incesante el que entraña la cabal implantación del sistema de justicia penal o cuando menos de completar –si no todo– hasta donde la capacidad intelectual nos dé, el entramado jurídico para su correcta implementación”.

Comentó que “uno de los temas que generó polémica (desde la reforma constitucional en la materia) fue la implantación del arraigo”.

Los legisladores, refirió, “tenemos necesidad de hacer los ajustes, las precisiones, de colmar lagunas, de solventar deficiencias, en fin, de corregir lo que se deba”.

“Por lo tanto, hay una mejor herramienta en la investigación: la prisión preventiva, esto cuando se considera que hay riesgo de sustracción de la justicia. Se puede llevar ante un juez a la persona investigada, para imponer una medida cautelar hasta por seis meses, durante los cuales se sigue investigando; a diferencia del arraigo, que en los términos constitucionales da para 40 o hasta 80 días”

Precisó que en el nuevo modelo las medidas cautelares “no son inconstitucionales ni inconvencionales, justamente porque son excepcionales, razonables y proporcionales; es decir, hay al final mecanismos para tener que demostrar, para justificar la adopción de la misma”.

“Es mi convicción la necesidad urgente de eliminar esta medida (de arraigo), y abro un paréntesis brevísimo para apostarle, para justificar la apuesta, a la prisión preventiva”, puntualizó.

El evento se dividió en dos mesas de discusión: 1) La democratización y eficacia de la etapa de investigación: arraigo, causa probable, vinculación a proceso, prisión preventiva; y 2) La delincuencia organizada y el amparo frente al sistema adversarial: ¿cuáles son los ajustes necesarios?.

Asistieron el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos García (PRI) y el coordinador de la Red Nacional a favor de los juicios penales, Martín Sánchez Bocanegra; así como el diputado Alfredo Basurto Román (Morena). Además de expertos en el tema.

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