Palacio Legislativo, 05- 04- 2017 (Notilegis).- Durante la Semana Nacional de la Seguridad Social, siete grupos parlamentarios, PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano dieron a conocer su visión, propuestas, retos y riesgos para garantizar el derecho de la protección social a los mexicanos en las décadas por venir, y ante la crisis financiera del sistema pensionario, el envejecimiento de la población, falta de recursos y cobros de los ahorros del retiro.

La diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, refirió que el recorte presupuestal en salud y el traslado de la inversión en infraestructura hospitalaria y otras obras a las Asociaciones Público-Privadas (APP) se materializó en menor calidad de vida y recursos para los trabajadores.

“Estamos en un proceso de privatización de los servicios con una lógica de ganancia que no tiene el Estado. Hay focos rojos en la construcción de cuatro hospitales en diversas zonas del país, con contratos hasta por 28 años que comprometen el gasto de cinco administraciones”, aseguró.

En materia legislativa, aseveró que “no son los cambios de parche lo que dará posibilidad de rescatar la seguridad social y los servicios de salud, sino un cambio profundo donde verdaderamente se acabe con las exenciones fiscales y paguen los empresarios que tienen que hacerlo, aún grandes empresas, que son las más formales y no tienen a toda su planta de trabajadores inscrita en el IMSS, alentando una alta evasión.”

Para lograrlo, enfatizó, debe hacerse una reforma fiscal progresiva, con el fin de que se cumpla el pago de impuestos y se evite carga impositiva a los trabajadores. Por ello, dijo, se impulsa una iniciativa para “recuperar los recursos de los trabajadores que ya cotizaron y que se les obliga ahora a cotizar más semanas, para recuperar lo que es de ellos”. Son el tipo de reformas para recobrar la seguridad social, precisó.

Resaló que “se habla de un problema demográfico y de que no hay dinero para pensiones; con eso nos tratan de aterrorizar, cuando se pueden redireccionar miles de millones de pesos”.

Explicó que el bono demográfico se acabará en la década de los 50s, pero no se toma en cuenta el bono de género, ya que la potencialidad que dan las mujeres para fondear los recursos de pensiones está demostrada.

“Es un absurdo que las administradoras privadas del ahorro para el retiro manejen el equivalente del 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el riesgo financiero lo tienen los trabajadores y no esas empresas”.

En la mesa titulada “Visiones de la Seguridad Social”, la diputada Edna Liliana Dávalos Elizondo (PRI) señaló que “la seguridad social enfrentará una seria falta de recursos” frente al más importante de los reclamos sociales que es: ¿cuál será mi suerte en la vejez?, “una amenaza que obliga a planear nuevos proyectos y acciones de protección y derechos laborales”.

Apuntó que “no podemos escapar a los problemas del futuro”, cuando siete de cada 10 jóvenes no accederá a la seguridad social, por lo que “ahora más que nunca se mantienen vigentes las prioridades y no vamos a permitir que los problemas que se esperan a largo plazo nos hagan dar la vuelta o detengan”.

A nombre del PAN, la legisladora María Eloísa Talavera Hernández afirmó que “el sistema de pensiones podría convertirse en una bomba de tiempo si no reflexionamos hoy en cómo mejorarlo, para que atienda la demanda de los mexicanos que envejecerán”. ¿Cómo le hará el Estado para financiar nuestro retiro y garantizar una vida digna hasta el último día?, cuestionó. Externó preocupación por que el 57.2 por ciento de los trabajadores está en la informalidad sin gozar de ninguna protección social.

Propuso dejar de pensar en que la seguridad social es una actividad en la que debe participar y financiar exclusivamente el Estado y consideró que es momento de hacer una revisión integral de la seguridad social en México, “sin satanizar la participación de la iniciativa privada”. Urgió a buscar el mayor beneficio a los trabajadores, para que los bancos aumenten los rendimientos de su ahorro y se reduzcan en 50 por ciento las comisiones por el manejo de las cuentas.

El diputado perredista Erik Juárez Blanquet aseveró que la seguridad social es un derecho y no un premio ni favor, pero se ha convertido en jugoso negocio para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) por las altas comisiones que cobran, cuyas utilidades netas ascendieron en 2016 a más de 8 mil 897.7 millones de pesos, sin que comprometieran un solo peso ni arriesgarán nada. “Se intercambia (a las pensiones) como cualquier mercancía sujeta a la fuerza del mercado, olvidando al ser humano”.

Subrayó que las instituciones de seguridad social “fueron corrompidas y convertidas en un muy jugoso botín, sin darse cuenta de que se ponía en riesgo la viabilidad financiera de México. Se convirtieron en la caja chica de gobiernos y sindicatos, y ahora se alienta un capitalismo de cuates con la participación del sector privado”. Además, continuó, se adolece de una seguridad social universal. “Las decisiones son más políticas que económico-financieras y se enfocan a que sólo unos cuantos ganen”.

Por el PVEM, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado destacó que la seguridad social debe considerarse como el binomio: “solidaridad-responsabilidad”, con un enfoque de largo plazo, para que “los programas no se cambien o abandonen cada sexenio, sino que se evalúen y perfeccionen con base en el impacto positivo que tengan en la población”. Además, reconocer que el gobierno ya no puede solo y que la sociedad organizada tiene qué participar más responsablemente en el diseño de la misma, ante el crecimiento poblacional y el aumento en la expectativa de vida, expresó.

Sostuvo que más de la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra en el mercado informal, por lo que “necesitamos avanzar en una estructura laboral que ofrezca condiciones más adecuadas, crear empleo formal con ingreso fijo y la posibilidad de acceder a algún esquema de seguridad social. “El reto como legisladores, basados en la Constitución es perfilar un nuevo concepto de seguridad social que construya el nuevo andamiaje jurídico de la seguridad social para responder a los retos que plantean las necesidades de los mexicanos del siglo XXI”.

Por Nueva Alianza, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral destacó que ante la preocupante situación de la seguridad social en México, se debe legislar de forma responsable. “Todos los Poderes deben actuar comprometidos ante la crisis de pensiones que se pronostica; es una oportunidad para que el Estado mexicano la enfrente de manera integral, no vemos que la solución sea posible mediante reformas parciales y campañas propagandistas, realizadas al margen de los trabajadores”.

Llamó a las distintas fuerzas políticas para que a la brevedad se diseñe una estrategia de trabajo que analice y resuelva cualquier crisis que se geste en el sistema de pensiones. “Se estima que a partir del 2021 se presentará una grave crisis en ese esquema que afectará al sector más sensible de la población, la clase trabajadora que estará en edad de retiro laboral, y que posiblemente no podrán disfrutar de una pensión suficiente para mantener su estándar de vida”.

Urge ofrecer alternativas viables para que obtengan una pensión suficiente cuando envejezcan, porque “en menos de 10 años una reforma que pretendió solucionar una amenaza, creó otra de proporciones desconocidas.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis indicó que “están en el baúl del olvido más de 600 iniciativas relacionadas a la seguridad social y no se observa voluntad para aprobarlas”. Cuestionó el populismo reflejado en otorgar dádivas económicas a los adultos mayores, porque “es una manera cómoda del Estado para deshacerse de la responsabilidad de garantizar ese derecho”. Propuso que los ciudadanos se organicen y creen cooperativas para alentar el ahorro con perspectiva social y no de negocio.

Se ha satanizado al sistema de pensiones. Cuando todos los ciudadanos lo proveen a través de sus impuestos, “no es una carga”; propuso que el Estado debe continuar el manejo de esos recursos y no las administradoras privadas, para asegurar el bienestar a la población al retirarse de la vida laboral. Cuestionó la subrogación de los servicios de salud porque desmantela al sector.

En la mesa denominada “Contexto internacional y nacional de la seguridad social”, Fabio Durán, jefe de la Unidad de Finanzas Públicas, Actuaria y Estadísticas-Departamento de Protección Social de la OIT, apuntó que el enfoque correcto es desarrollar un conjunto integrado de políticas vinculadas con estrategias productivas y fiscales con el fortalecimiento de las instituciones que innoven el esquema de protección social y extiendan la cobertura a trabajadores del campo, informales, independientes y domésticos.

Los desafíos son la desaceleración económica que pone en jaque la expansión de los sistemas de seguridad social y los amenazan como el recorte presupuestal; presiones por privatización; dificultades de crear esquemas fiscales para financiar el esquema y el cambio tecnológico, implica un riesgo para la contratación de personal. En México es muy evidente la brecha entre juventud urbana y rural respecto a oportunidades de empleo y en el sistema tributario, por lo que recomendó diseñar políticas realistas que atiendan estas necesidades.

Hugo Beteta, director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sostuvo que la seguridad social en el país se encuentra en el “sótano y no en el piso” por la precariedad de dicha protección. Propuso desvincular la protección social de la condición laboral, ya que prevalecerán las contrataciones eventuales en el futuro- Se pronunció por la universalidad de la cobertura en salud, a fin de minimizar los costos administrativos y evitar la exclusión de los sectores más vulnerables.

Es preocupante que más de la mitad de la población labore en la economía informal. Consideró que el bono de género es una oportunidad para encontrar alternativas en esta materia. Alertó sobre la automatización del proceso productivo, ya que impactará negativamente la contratación de empleados por el cambio tecnológico.

Samuel Arellano, consultor independiente subrayó que “la justicia social en México está reprobada por la desigualdad que prevalece”; el concepto no está definido en la normatividad, se carece de una jurisprudencia especializada, y en América Latina sólo dos países (Argentina y Costa Rica) tienen tribunales específicos para atender la seguridad social. “No hay derecho pensionario”.

En México no tenemos una normativa procesal en la materia, lo que lo convierte en un tema muy complejo y un cúmulo de expedientes por resolver elevado, del IMSS existen más de 400 mil casos que deben analizarse. Se arrastran casos de las juntas federales de Conciliación y Arbitraje, donde más del 50 por ciento de casos se relacionan con problemas de seguridad social, lo que justifica crear tribunales especializados que garanticen la solución expedita.

De esos documentos, el 31 por ciento involucran al IMSS y 20 por ciento a las administradoras de fondos de pensiones, concluyó el consultor.

RED/JGM