Palacio Legislativo, 19-04-2017 (Notilegis).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que de aplazarse la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, el Legislativo se mostraría receptivo a las exigencias de la sociedad, para ampliar la discusión del tema.

En declaraciones a la prensa, tras participar en una reunión sobre la instalación de la Mesa Nacional de Armonización Legislativa sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, también exigió a los gobiernos estatales que depuren y profesionalicen a sus policías.

“Ante la pregunta que me hicieron de que se aplaza (la discusión del dictamen sobre esa ley), que bueno que el Legislativo sea receptivo de lo que la sociedad está pidiendo, que haya una discusión amplía”, Indicó.

La Ley de Seguridad Interior busca regular la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Guillén Vicente (PRI), anunció ayer que este miércoles se distribuirá un dictamen sobre la Ley de Seguridad Interior, que tomó en cuenta seis iniciativas y opiniones de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, con la finalidad de generar consensos para su eventual aprobación.

González Pérez resaltó que la CNDH fue uno de los actores que señaló que debía “de haber espacio suficiente para una discusión lo más amplia posible”.

“Estamos en el exhorto de que haya tiempo, para que no nos precipitemos a una ley que no esté suficientemente discutida, donde (además) participen todos los actores y se tome en cuenta mucho la opinión de los expertos”, enfatizó el ombudsman.

Sin embargo, externó que “sería insensato que las Fuerzas Armadas regresarán en estos momentos a los cuarteles. Es una realidad que requerimos de las fuerzas militares de manera transitoria, para que haya mayor seguridad en el país".

También expuso que “con independencia de cualquier regulación, lo que tenemos que exigir es que los gobiernos estatales profesionalicen a sus policías”. Se lleva años en esta tarea, pero “no ha pasado y tampoco ha habido consecuencias por la falta de ese cumplimiento de los gobiernos de cada entidad”, añadió.

“Desde aquí, elevo la exigencia de que los gobiernos estatales cumplan con sus deberes de profesionalizar y depurar a sus policías”, así como con el mandato constitucional “de brindar seguridad a sus poblaciones”, destacó.

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