Nota N°. 7231 | Presenta Velázquez Valdez denuncia ante PGR contra gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por presuntos atentados contra la libertad de expresión |
Palacio Legislativo, 28-06-2017 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez (PAN), informó que presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por presuntos atentados contra la libertad de expresión.
Recordó que ayer martes, Rodríguez Calderón, “sin aportar pruebas, acusó al periódico El Norte, de Nuevo León, de cobrar por las notas que publica y de difundir mentiras sistemáticamente”, además de asegurar, “sin dar argumentos, que los reportajes de este periódico generan violencia”.
“Lo más grave de las declaraciones del mandatario estatal es que aseguró que: ‘a la libertad de expresión se le debe poner un alto’”, añadió la diputada panista en un comunicado.
Apuntó que el gobernador “independiente” de esa entidad, no va a venir a limitar el derecho a la libertad de expresión de los neoleoneses, sin que haya consecuencias.
Velázquez Valdez también dijo que “claramente el gobernador de Nuevo León tiene una confusión de conceptos seria y preocupante, cuando asegura que: ‘los negocios privados son entes públicos’”
Sostuvo que “la censura, la descalificación, las amenazas y la intimidación son una táctica añeja del priismo y un retroceso a la democracia mexicana que tanto trabajo nos ha costado construir”.
Comentó que no se puede permitir que los gobernantes traten de limitar el derecho a la información y a la libertad de expresión, “ni que, en un acto de autoritarismo, el gobernador de Nuevo León amenace con fiscalizar y denunciar penalmente a los medios de comunicación en la entidad, por hacer su trabajo”.
La legisladora panista expuso que el derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y, por supuesto, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 7.
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