Palacio Legislativo, 25-08-2017 (Notilegis).- El director del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, Sadot Sánchez Carreño, destacó que la sociedad exige que los parlamentos asocien modernización con moralización, y que la rendición de cuentas y la transparencia sean conceptos que los sostengan.

En su participación en la XXVII Asamblea Internacional de la “Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los Congresos de los Estados y Distrito Federal, A.C.” (ANOMAC), y ante representantes internacionales de 13 naciones y de 28 congresos estatales, y con la asistencia de funcionarios de las cámaras de Diputados y de Senadores, enfatizó que el Poder Legislativo es signo visible de la representación popular.

“Es necesario que las leyes sean la traducción fiel de lo que espera la colectividad, para lograr efectividad en los trabajos parlamentarios de las sociedades modernas; ya no es posible dar paso a la improvisación política, sino transitar hacia una exigencia de profesionalización”, recomendó.

En la mesa “El Parlamento del Siglo XXI: retos y perspectivas”, señaló que hoy existe insatisfacción en las sociedades y una visible fragmentación, en la necesaria vinculación que debe haber en una democracia entre representados y representantes.

“La desconfianza y poca credibilidad manifestada hacia las instituciones, es consecuencia de la corrupción que se da entre sus integrantes y procesos democráticos; la finalidad de toda actividad institucional debe ser en beneficio de la sociedad”, subrayó.

Apuntó que este tipo de eventos ayudan a observar, desde distintas perspectivas, cómo decantar los desafíos que enfrentan los parlamentos del Siglo XXI, su pluralidad y los procesos permanentes que construyen la democracia.

La presidenta de la Asociación Española del Letrados de Parlamentos y Secretaría General de la Asamblea Regional de Murcia, Encarnación Fernández de Simón Bermejo, señaló que las instituciones jurídicas propias de la democracia representativa y de carácter parlamentario se deben adaptar a su siglo, pero no ser alteradas en su esencia porque en ellas se asienta la democracia constitucional y la libertad política de los ciudadanos del siglo XXI.

Manifestó que la tecnología debe introducirse en el parlamento para facilitar sus funciones, pero no debe sustituir o eliminar las funciones constitucionales de las cámaras. “No estamos ante una era de cambios, estamos ante un cambio de era; nadie está esperando al parlamento, es el parlamento quien tiene que involucrarse y hacer que su presencia aumente”.

Irene Bas Carrera, letrada de la Asamblea Regional de Murcia y directora en Funciones de la oficina técnica de Seguimiento y Control Presupuestario, señaló que el lograr un parlamento participativo y deliberativo es un gran reto, el cual se debe afrontar de forma rápida y contundente, a fin de frenar la creciente desconfianza de la sociedad, generada por los episodios frecuentes de corrupción y la creencia de que en los parlamentos no se trabaja.

Dijo que dentro de los congresos abiertos se pretenden aunar los conceptos de “apertura de los parlamentos a la sociedad” y “la cultura de la participación”, que se logran sólo a través dos cosas fundamentales: la transparencia y el acceso de la información a los ciudadanos.

El presidente de la Asociación Peruana de Estudios Parlamentarios, César Alfonso Delgado Guembes, consideró que las instituciones educativas deberían tener un programa especializado para los partidos, de manera que estos cuenten con ese espacio para preparar a sus cuadros, de acuerdo a las necesidades de gestión estatal que tienen los congresos y “evitar la improvisación y el oportunismo”.

Se pronunció por que este espacio sea llenado por instancias como la ANOMAC o por universidades que tengan programas de capacitación para crear un área especial con certificaciones.

Óscar Humberto Luna, gerente general de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia de la República del Salvador, expuso que el trabajo parlamentario es fundamental en la vida institucional del país, ya que los órganos legislativos no están para revisar y generar leyes, sino para orientar las políticas públicas, priorizando las necesidades de la población.

Detalló que la Constitución de México de 1917, dio lugar a una transformación profunda de las instituciones políticas y económicas, ya que fue la primera que junta los derechos individuales, sociales y económicos. Asimismo, destacó la importancia de los tratados internacionales, la garantía de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente y abasto de agua.

RED/JGM