Palacio Legislativo 24-10-2017 (Notilegis).- La diputada Minerva Hernández Ramos (PAN) afirmó que la mayoría de los programas sociales del gobierno federal se caracterizan por la falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas, de reglas de operación y dilapidación de recursos públicos.

La integrante de la Comisión de Seguridad Social señaló la necesidad de emprender cambios, a fin de transformar esos aspectos, pero resaltó que “no se quieren generar condiciones para ello y para elevar la calidad de los programas sociales”.

La legisladora, también integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, hizo estos comentarios al encabezar una reunión en donde la organización civil Gestión Social y Cooperación A.C. (Gesoc), presentó los resultados del Índice de Desempeño de los Programas Sociales Federales 2017 (Indep 2017).

Hernández Ramos apuntó que los resultados del Indep 2017 permitirán contribuir “con elementos sólidos, objetivos y técnicos al debate parlamentario en la Cámara de Diputados, dentro de la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF-2018)”.

El estudio, que presentó el presidente de Gesoc, Alejandro González Arreola, evalúa 136 programas sociales y la ampliación de su presupuesto para el año próximo, de acuerdo al actual Proyecto del PEF-2018.

A la reunión asistieron los diputados Vidal Llerenas Morales (Morena) y Juan Romero Tenorio (Morena), integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como Olimpia Zapata Padilla (PAN), de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

El documento concluye que “la ampliación del presupuesto de programas sociales 2018 es inferior a la expectativa de inflación anual y sin apego a criterios de desempeño y transparencia”.

Aclaró que el proyecto del PEF-2018, entregado en San Lázaro por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 8 de septiembre, registra un decremento en los programas sociales del 0.1 por ciento.

Comentó que “ese porcentaje es más pronunciado para los programas sociales con adecuado desempeño, mientras los programas con bajo desempeño reciben aumentos por encima de la inflación”.

González Arreola aseveró que “el nivel de desempeño de los programas públicos en materia de desarrollo social, se evalúa bajo tres criterios: la calidad de diseño del programa, la capacidad mostrada por el programa para cumplir con sus metas y la cobertura de la población potencialmente beneficiaria del programa”.

Con base en su evaluación, Gesoc presentó “seis recomendaciones a la Cámara de Diputados, para fortalecer la calidad del gasto público” en el PEF-2018:

1.- Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el decreto de Presupuesto 2018, a los 25 programas presupuestales que no prevén la información mínima necesaria para estimar su desempeño, a los que el Ejecutivo (Federal) propone una asignación presupuestaria de 90 mil 482 millones de pesos en 2018.

2.- Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 14 programas presupuestales que obtuvieron un nivel de desempeño óptimo, a los que se orientan 139 mil 980 millones de pesos.

3.- Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 10 programas que poseen un alto potencial de desempeño, a los que se propone una asignación de 209 mil 469 millones de pesos.

4.- No incrementar el presupuesto a programas con medio, bajo o escaso desempeño y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de esos programas.

5.- Exigir al Ejecutivo federal una revisión integral de su política social para evitar los actuales niveles de dispersión.

6.- Considerar una revisión profunda para reorientar el gasto social federal hacia los programas dirigidos a los sectores más vulnerables y aquellos afectados por los recientes desastres naturales.

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