Palacio Legislativo 24-10-2017 (Notilegis).- En la sesión de este martes, diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM, MC, NA y PES presentaron 27 iniciativas que modifican diversos ordenamientos legales en temas de interés nacional.

Plantean ampliar residencia de candidatas a una diputación

El diputado Hernán de Jesús Orantes López (PRI) presentó iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política, a fin de ampliar de seis meses a dos años el periodo de residencia efectiva de la personas candidatas a una diputación federal de mayoría relativa, con la finalidad de que conozcan y logren identidad con sus representados, así como sentir apego por el territorio del distrito.

Orantes López dijo: “No es lógico, ni justo, que un candidato a un puesto de elección popular o plurinominal, en caso de ganar, vaya a desempeñar un cargo como representante de un territorio, de una sociedad de la que no ha formado parte durante ni siquiera la mitad del tiempo que durará en su representación”. La propuesta se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Activación de servicios de telefonía requiere identificación

Ariel Enrique Corona Rodríguez, diputado del PAN, planteó modificar el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que en la activación del servicio de telefonía, los concesionarios soliciten la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral u otra identificación oficial, y acompañarlo con constancia de domicilio oficial, y así establecer un mecanismo de colaboración entre las instancias de seguridad y los concesionarios a fin de disuadir del delito de la extorsión telefónica.

En los últimos años, la extorsión telefónica es uno de los delitos de alto impacto que más ha crecido. De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en 2015 este delito tuvo 283 mil 245 reportes, de los cuales 2 mil 22 fueron consumados. Además, en la CDMX los equipos de bloqueo de señales de teléfonos celulares en los centros penitenciarios son inútiles, porque tan sólo en siete cárceles los reclusos realizaron 5.5 millones de llamadas en un año. Se turnó a la Comisión de Comunicaciones.

Gobiernos de coalición

Por el PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez propuso modificar diversas disposiciones de la Constitución Política y el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Carta Magna, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, relativo a la conformación de gobiernos de coalición y ratificación de nombramientos.

Se precisa que si el Presidente de la República tiene mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de la Unión, podrá gobernar en un esquema presidencial tradicional, pero si el presidente y su partido no tienen mayoría absoluta, tendrá obligadamente que construir un gobierno de coalición. Además, el Senado tendrá la facultad de ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo de los secretarios de Estado, en caso de conformar este tipo de gobierno. Fue canalizada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Proponen instituir Día Nacional del Nopal

A la Comisión de Gobernación se remitió la iniciativa del diputado Miguel Alva y Alva (Morena) que declara el 18 de septiembre de cada año como “Día Nacional del Nopal”, con la intención de fortalecer cultivos originarios, como este producto, el cual se puede convertir en un motor de crecimiento regional en zonas vulnerables.

En la actualidad se producen, en promedio, 800 mil toneladas de nopal-verdura en más de 200 mil hectáreas. México es el primer productor y exportador de nopal en el mundo; sin embargo no existe una competitividad real, por la carencia de industrialización del producto. La demanda mundial recae en la deshidratación. El país es pionero en el cambio de paradigma sobre la utilización de productos orgánicos cactáceos para generar electricidad y combustible.

Fortalecer acciones de mitigación al cambio climático

Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, diputado del PVEM, propuso reformas a los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, con el propósito de fortalecer las acciones de mitigación al cambio climático y reducción de emisiones en ciudades de efecto invernadero.

Para ello, se faculta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a ejecutar las recomendaciones sobre las políticas y acciones en la materia, así como sobre las evaluaciones que realizan las dependencias de la Administración Pública Federal, las entidades y los municipios; incluir, entre los objetivos de la política nacional de adaptación frente al cambio climático, el crear, promover y preservar azoteas verdes, y enlistar las acciones sustentables obligatorias que deberán de implementarse para la reducción de las emisiones referidas. Fue enviada a la Comisión de Cambio Climático.

Ampliar periodo de estancia de menores en centros penitenciarios

La diputada Claudia Corichi García (MC) planteó reformar el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para ampliar de tres a seis años el periodo por el que las mujeres privadas de libertad podrán conservar la guardia y custodia de sus hijos en el centro penitenciario. De acuerdo de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, en los 37 centros penitenciarios, objeto de la encuesta, solamente el 5 por ciento son mujeres, cerca de 10 mil 600, y en ellos 506 niños viven con sus madres.

Indicó que las mujeres tienen una dinámica diferente a los hombres en la cárcel: a los hombres, sus parejas, sus familias, los siguen visitando y a la población femenil prácticamente no. Por tanto, “las mujeres, sus hijos e hijas sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento. Separar a un niño de su madre en un periodo de tiempo tan pequeño, es dramático, porque muchos de estos terminarán en la calle, prostituyéndose y abusados”. Se mandó a la Comisión de Justicia.

Política de desarrollo social debe sujetarse a principio de rendición de cuentas

De NA, la diputada Karina Sánchez Ruiz presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de establecer que la política en esta materia se sujetará a los principios de rendición de cuentas e indicar que, en su peritaje, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) deberá considerar las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El Coneval deberá emitir sugerencias y recomendaciones, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones. Se requiere imprimirle mayor importancia a los resultados de las auditorías realizadas por el manejo de los recursos otorgados a los programas sociales, ya que los usos indebidos del presupuesto representan fallas en la correcta implementación del programa y, por ende, el incumplimiento de los resultados establecidos. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social.

Derecho a servicios de guarderías a todos los asegurados

Se remitió a la Comisión de Seguridad Social, con opinión de las de Igualdad de Género, de Derechos de la Niñez y de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (PES) que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para precisar que todo asegurado tendrá derecho a los servicios de guarderías, al eliminar los requisitos de viudos o divorciados, y de ser divorciados tener la guardia y custodia del menor.

Con esta reforma los padres trabajadores asegurados puedan ofrecer a sus hijos la prestación de guardería en igualdad de condiciones que la mujer trabajadora. “Es necesario eliminar una práctica que no favorece la disminución de la brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer. Por el contrario, enquista en el ideario popular la idea de que la mujer debe quedarse en su casa al cuidado del hogar y de los hijos”.

Apoyo a estudiantes de altas capacidades intelectuales

La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (PRI) presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de garantizar el apoyo y aprovechamiento de estudiantes de altas capacidades intelectuales; desarrollar programas integrales, así como cursos y actividades que potencialicen sus habilidades, y puntualizar que las instituciones de educación básica, media superior y superior que detecten casos de dichos estudiantes, deberán informar a la autoridad.

Mencionó que del 3 al 5 por ciento de los 35 millones de estudiantes en el país que están en esta condición, más de un millón dejan el sistema educativo porque tienen que peregrinar de una escuela a otra “porque no los comprenden o no hay un espacio para ellos. Tenemos que hacer una política pública integral que permita su desarrollo y su crecimiento”. Fue enviada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativo.

Garantizar recursos a voluntarios de protección civil

Por el PAN, la diputada Gretel Culin Jaime planteó modificar los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil, a efecto de garantizar partidas presupuestales dirigidas a los grupos de voluntarios que realizan labores de protección civil e indicar que las entidades federativas deberán considerar recursos para que dichos grupos puedan adquirir equipo para su función, se actualicen y ejecuten su programa de actividades.

Expresó que algunos estados no otorgan el apoyo necesario a estos cuerpos voluntarios, aun cuando por mandato constitucional corresponde al Estado dar protección civil, sobre todo cuando dichos grupos puedan actuar efectivamente ante las emergencias que se susciten, ya sea por algún fenómeno o desastre natural, accidentes o cualquier otra causa. La propuesta se remitió a la Comisión de Protección Civil.

Educación para el desarrollo sostenible

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) planteó cambios al artículo 3º de la Constitución Política, a fin de fomentar el desarrollo sostenible en la educación que imparta el Estado; indicar que ésta atenderá el manejo y aprovechamiento de los recursos, y asegurar que los educandos cuenten con los conocimientos, competencias, principios y valores necesarios para abordar los problemas sociales, medioambientales y económicos del futuro.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año tres millones de niñas y niños menores de cinco años mueren a raíz de enfermedades relacionadas con el medio ambiente. “Es momento de que los modelos educativos transformen hábitos. Esta enseñanza se concibe como un proceso continuo que producirá una cultura dirigida a la transformación de la convivencia del ser humano con su medio ambiente, a través de la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos”. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Presidente de la República debe comparecer ante el Pleno

Verónica Delgadillo García, diputada de MC, presentó tres iniciativas. Una reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de que el Presidente de la República regrese al Pleno del Congreso de la Unión a presentar su informe anual de actividades, entablando un diálogo de respeto y responsabilidad entre ambos Poderes, y comparezca ante el Pleno en un ejercicio de debate y rendición de cuentas. Fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Revocación de mandato

La segunda modifica los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política, relativa a la figura de revocación de mandato, la cual se entenderá como un medio de control constitucional de participación ciudadana, para destituir a los representantes de elección popular cuando lo soliciten los ciudadanos y haya transcurrido la mitad de su gestión. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Requisitos sobre consultas populares

En la tercera propuesta, Delgadillo García planteó cambios al artículo 35 de la Constitución Política y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, para eliminar la restricción de aplicar consultas populares a los temas electorales y de ingresos y gastos; reducir el porcentaje de ciudadanos necesarios para solicitar una consulta popular de 2 a 1 por ciento de la lista nominal, así como quitar la restricción para la solicitud de consultas populares en las Cámaras. Se canalizó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Presentan propuesta para Día Nacional de la Solidaridad

Alma Lucía Arzaluz Alonso, diputada del PVEM, presentó iniciativa que declara el 19 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Solidaridad”, pues hablar de ello es evocar un sentimiento de unidad, basado en metas o intereses comunes, y se refiere a los lazos que unen a los miembros de una sociedad entre sí.

“Los mexicanos hemos dado lecciones de solidaridad, humanismo y organización social en los momentos de devastación; es por ello que se hace necesario hacer un reconocimiento a la hermandad presentada por los mexicanos en los momentos en los que nuestro país nos ha necesitado”. La propuesta fue remitida a la Comisión de Gobernación.

Mecanismos de seguros al campo por desastres naturales

De Morena, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz planteó cambios a la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, para precisar mecanismos de aseguramiento en caso de desastres naturales; señalar que las coberturas de los fondos se vincularán en las operaciones de prevención ante contingencias climatológicas y desastres naturales para el aseguramiento de bienes conexos a la actividad agropecuaria y rural.

Conforme a datos de la Sagarpa, en septiembre diversos estados presentaron avisos de siniestro por poco más de 138 mil hectáreas de cultivo. Suman más de 13 las entidades, entre las que se encuentran Baja California Sur, Oaxaca y Veracruz. Dieron avisos por muerte de 871 unidades de animales y 255 por afectaciones en infraestructura. Se mandó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Fortalecer protección de los derechos de autor

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (NA) presentó iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a fin de fortalecer la protección de este derecho ante el uso no autorizado de sus obras, es decir, aquellas, parciales o totales, que sean publicadas por medios editoriales convencionales, así como a través de medios electrónicos, como sitios de Internet, e imponer sanciones a quienes usen de forma dolosa o con fines de lucro dichas obras parciales o totales.

Denunció que en los últimos cuatro años han proliferado portales de Internet, que más allá de ser un apoyo o brindar ayuda en la realización de tareas escolares, a cambio de una cuota, “realizan los trabajos, resúmenes o investigaciones académicas encargadas a los estudiantes; con ello se fomenta el plagio, engaño y corrupción y se obstaculiza el aprendizaje de calidad y significativo. Se habla de más de seis mil sitios de este tipo disponibles en México”. Se mandó a las comisiones unidas de Cultura y Cinematografía y de Justicia.

Preservación de la biodiversidad

Ana Guadalupe Perea Santos, diputada del PES, planteó cambios al artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para establecer, entre los principios que rigen las acciones de la CDI, la preservación de la biodiversidad y el reconocimiento de las comunidades indígenas como guardianas del patrimonio biocultural.

México es una de las 10 naciones con mayor variedad lingüística en el mundo. Los territorios indígenas abarcan el 14.3 por ciento del territorio nacional y aproximadamente el 21.5 de la población se consideraba indígena. El país, es una de las naciones más ricas del mundo, ya que supera el 10 por ciento en diversidad biológica. La propuesta se canalizó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Proceso expropiatorio

Por el PRI, el diputado Óscar García Barrón presentó iniciativa que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, a fin de fijar los criterios para la ocupación previa de tierras ante un proceso expropiatorio; determinar que dicha ocupación sólo podrá realizarse a través de un convenio que contendrá acuerdos y compromisos con el núcleo, si se trata de tierras de uso común, o con el ejidatario, si son parceladas por parte de la promovente.

En México, la propiedad social está constituida por 32 mil 500 núcleos ejidales y comunales que significan el 31 por ciento del territorio nacional y equivale a 103 millones de hectáreas. En ese espacio se encuentran campesinos que generan alimentos para las familias mexicanas, “también, es donde se cometen los más viles y criminales atropellos”. Se remitió a la Comisión de Reforma Agraria.

ISR no se pagará por recursos de divorcio

La diputada Rocío Matesanz Santamaría (PAN) planteó cambios al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el propósito de establecer que no se pagará gravamen por recursos recibidos por los cónyuges a consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial.

“Estamos seguras que beneficiará a un grupo muy vulnerable que queda después de la disolución de la sociedad conyugal. Cuando existe una disolución del vínculo matrimonial y se procede a la repartición de los bienes que formaban parte del haber social, de ninguna manera están incrementando el patrimonio de alguno de los cónyuges. Con esta iniciativa estaremos fomentando la justicia social a favor de los contribuyentes”. Fue enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Ley General de Consulta Indígena

Sergio López Sánchez, diputado del PRD, presentó dos iniciativas. La primera, reforma y adiciona el artículo 2 de la Constitución Política, a fin de garantizar a los pueblos y comunidades su derecho a ser consultados; señalar que las políticas para garantizarlos deberán ser evaluadas en conjunto tanto por autoridades de los tres órdenes de gobierno como con ellos y, determinar el derecho de estas comunidades a ser consultados de manera previa, libre, informada y de buena fe.

En la segunda, López Sánchez plantea expedir la Ley General de Consulta Indígena, cuyo objetivo es garantizar el acceso, ejercicio y respeto de los derechos de las comunidades indígenas durante el desarrollo de proyectos e implementación de medidas administrativas o legislativas que les afecten, armonizando el orden jurídico con estándares internacionales existentes sobre la materia.

La aprobación de este instrumento legal, dijo, saldaría la deuda histórica que gobiernos y sociedad “tenemos con los pueblos y comunidades indígenas en materia de consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe y permitiría empoderar a los descendientes de los pueblos originarios para que sean sujetos de derechos y puedan ejercerlos plenamente”.

La primera se remitió a Comisión de Puntos Constitucionales y la segunda a las comisiones de Gobernación y de Asuntos Indígenas, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sancionar a servidores que participen en entrega de programas sociales

La diputada Araceli Damián González (Morena) planteó reformas a los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, para sancionar la participación directa de gobernadores, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados en la entrega de beneficios vinculados a programas sociales.

Durante el periodo de seis meses anteriores al inicio de la veda electoral, éstos no podrán participar en la entrega en comento y se sancionará de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que participe en dicha entrega. Fue remitida a las comisiones unidas de Gobernación y de Desarrollo Social.

Fortalecer procedimiento para proposición de actos de investigación

Cándido Ochoa Rojas, diputado del PVEM, presentó dos iniciativas. La primera reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para fortalecer el procedimiento de proposición de actos de investigación; precisar que durante una investigación, tanto el imputado, su defensor y la víctima, podrán solicitar por escrito al Ministerio Públicos las investigaciones que consideren pertinentes y, señalar que la notificación de la misma deberá realizarse personalmente y de inmediato a las partes. Fue canalizada a la Comisión de Justicia.

Mayores medios de pruebas

La segunda propuesta de Ochoa Rojas modifica el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer que en cualquier caso el juez de control podrá admitir medios de prueba que ofrezca el imputado o su defensor, respecto del debate sobre medidas cautelares. Se remitió a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Evitar discriminación por tener antecedentes penales

María Victoria Mercado Sánchez, diputada de MC, presentó iniciativa que reforma los artículos 2, 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de establecer que no podrá existir discriminación laboral por contar con antecedentes penales.

Puntualizó que varios presos que fueron libreados por cumplir su sentencia, ser inocentes o porque hubo vicios durante el proceso penal y quedaron libres, “vuelven a reincidir por falta de oportunidades ya que son etiquetados y discriminados por tener antecedentes penales. Este es un grave error, cuando el sistema penal busca promover el uso de mecanismos alternativos de solución de controversia”. Se mandó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Fortalecer cursos en materia de protección civil

De NA, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, propuso reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de robustecer la implementación de diversos cursos en materia de protección civil, así como procedimientos para el seguimiento de denuncias que impliquen un riesgo en planteles educativos.

Establece que a docentes y personal que labora en dichos planteles, se les brindarán cursos sobre protección civil, primeros auxilios y seguridad y determinar que los Consejos de Participación Social podrán recibir y dar seguimiento a quejas o denuncias en materia de violencia escolar, falta de seguridad en las instalaciones escolares y todos aquellos problemas que impliquen un riesgo a la integridad, salud y seguridad de la población estudiantil, personal docente y demás de trabajadores. Se canalizó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

En la sesión, se informó que se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes de comisiones.

Además, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden de día, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el próximo jueves 26 de octubre, a las 11:00 horas.

RED/RZJ