Palacio Legislativo 25-10-2017 (Notilegis).- El número de contratos de instituciones del gobierno federal con universidades públicas, para subcontratar empresas que ejecutan diversos contratos, se redujo de mil 458 en 2014 a 105 en lo que va del 2017, afirmó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González.

Los recursos involucrados en estos contratos disminuyeron de 12 mil 905 millones de pesos en 2014 a 95 millones en 2017, agregó al comparecer ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción, por el análisis de Quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Sostuvo que la SFP ha emitido acciones preventivas para evitar irregularidades en este tipo de contrataciones y subcontrataciones, con el fin de enfrentar la eventual presencia de empresas “fantasmas”.

Señaló que, de acuerdo a denuncias públicas, de la existencia de 158 “empresas fantasmas” vinculadas a este tipo de contratos, la SFP ha excluido a 61 y continúa la investigación sobre las otras 97.

También comentó que, por presuntas irregularidades en estos contratos, se han sancionado tres servidores públicos, nueve se encuentran sujetos a procedimiento administrativo y se investiga a otros 44, sin que precisara de qué niveles.

Gómez González señaló que la SFP trabaja de manera conjunta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un programa para garantizar que las empresas participantes en estos procesos de contratación de obra pública estén plenamente registradas y no sean "fantasma".

La funcionaria aseguró que desde que asumió el cargo en la SFP, en octubre de 2016, “se identificó el problema y se atendió de inmediato”.

“Fue así que, desde esa fecha, instruí a los órganos de vigilancia que realizaran recomendaciones en las instituciones, para privilegiar las licitaciones públicas, por encima de la invitación restringida o la adjudicación directa”, aseveró.

De igual manera, se ha recomendado “concretamente” que no se abuse de la contratación de universidades, sin apego a la normatividad, destacó.

Cuando se contrate a una universidad se debe de cumplir con lo que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, que “primer lugar no se subcontrate más del 49 por ciento, porque ha habido en que se subcontrató prácticamente todo”, aseveró.

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