Palacio Legislativo 27- 10- 2017 (Notilegis).- Diputados de la Comisión de la Ciudad de México establecieron la obligación del gobierno capitalino por encontrar recursos y garantizar que ningún damnificado por los sismos pierda su vivienda; pidieron conocer las acciones realizadas para liberar recursos del Fonden y del Fais, y los montos de donaciones de artistas, empresarios y otros países para la reconstrucción.

Durante una reunión con Patricia Mercado, secretaria de Gobierno capitalina, los legisladores preguntaron sobre las medidas para detectar y sancionar a quienes se han aprovechado de la emergencia y cobraron apoyos, así como el número de edificios y escuelas afectados y los planes para repararlos.

La presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, Cecilia Soto González (PRD), resaltó que son muy escasos los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 para la capital del país, ya que aparte de los inmuebles afectados existe un problema “muy serio” por la afectación a la infraestructura hidráulica.

Afirmó que “la propuesta del gobierno federal de reducir nuevamente en 70 por ciento el presupuesto para agua es inaceptable”.

Aseveró que “el gobierno tiene la obligación de encontrar los recursos para que ningún habitante de la Ciudad de México afectado por los sismos pierda su vivienda o que el proceso de recuperación no sea catastrófico para su vida, y reemprenda sus actividades de forma normal, digna y fructífera”.

Por el PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell preguntó que al día de hoy ¿cuántos edificios están en rojo y amarillo? ¿Qué acciones han hecho para liberar los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), porque había reglas de operación no aplicables para todas las zonas de la ciudad?

Por ello, ¿qué gestiones ha realizado el gobierno capitalino para acceder a esos recursos o a cualquier apoyo internacional? Refirió que existen muchos casos de irregularidades inmobiliarias, cuyos propietarios de vivienda no tenían escrituras, y consideró que en ese caso podría llevarse a cabo una expropiación consensuada, para garantizar la propiedad de esas personas.

También el legislador panista Héctor Barrera Marmolejo propuso modificar las reglas de operación para que incluyan a todas las delegaciones capitalinas y evitar la discriminación, a fin de enfrentar la pobreza patrimonial que sufren muchas familias. Exigió que el Fonden se aplique a la reconstrucción. ¿El crédito de 2 millones es la única opción o existen otras alternativas?, cuestionó.

Solicitó conocer los montos sobre donaciones o aportaciones de artistas, empresarios y de otros países, se ha dicho que han otorgado recursos para la reconstrucción, ¿hay alguna cifra o es especulación?, inquirió.

Por Morena, Jesús Valencia Guzmán propuso que todos los partidos políticos impulsen que la Federación destine el 30 por ciento de los 43 mil millones de pesos -aprobados en la Ley de Ingresos y que se incluirán en el Presupuesto de Egresos 2018- para la reconstrucción de la Ciudad de México, ya que la zona concentra ese porcentaje de desastre.

Resaltó la importancia de transparentar la captación y destino de los recursos a través de la creación de una agencia especializada en la reconstrucción y no una comisión como la que se instaló.

El perredista Rafael Hernández Soriano destacó la necesidad de prevenir futuros desastres a través del Comité Científico y la Comisión de Reconstrucción, mediante nuevos parámetros en la ingeniería de las obras que contemplen las condiciones naturales del suelo, con el propósito de crear una ciudad más resiliente para las siguientes décadas, no sólo en el proceso de reconstrucción, sobre todo en las tuberías de agua potable.

Afirmó que “otro gran riesgo de la ciudad es la permanencia del aeropuerto internacional; se debe poner interés en esto; el gobierno federal debe dialogar con el capitalino para resolverlo”.

La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) destacó que después de los sismos se tiene la oportunidad de repensar y reflexionar sobre la planeación de la ciudad. Cuestionó ¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados para cambiar el esquema del Fonden y otorgar suficientes recursos a la CDMX? ¿Qué programas tiene el gobierno para atender la existencia de grietas geológicas en Iztapalapa?

Sostuvo que “es mucho tiempo, un mes” para que la Comisión de Reconstrucción de a conocer sus planes de actividades, sobre todo porque los damnificados requieren conocer cómo se les va a apoyar; “hay mucha desesperación porque no hay certeza de lo qué sigue”.

Por el PVEM, el legislador Samuel Rodríguez Torres inquirió sobre los canales de comunicación del gobierno capitalino con los damnificados; ¿qué medidas se toman para depositar el cascajo sin afectar áreas naturales?

Sobre las personas que se aprovecharon de la emergencia de los sismos y solicitaron apoyos, preguntó ¿qué acciones se han tomado y que situación prevalece?

El diputado Rene Cervera García (Morena) cuestionó a la funcionaria de qué forma se suple la deficiencia del mecanismo para incluir propiedades a la plataforma, pues aún existen predios que no han sido incluidos, lo cual es fundamental para atender la reconstrucción de la ciudad; asimismo, solicitó informes sobre el tipo de participación del sector de inmobiliario en la atención a damnificados.

Su correligionaria, la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, pidió detallar el dispositivo para asegurar que los beneficios lleguen a quienes lo necesitan, pues se tienen informes de que existe una operación política en Iztapalapa en el apoyo para renta de viviendas y qué posibilidad existe para que instalaciones del gobierno capitalino alberguen a niños cuyas escuelas tienen dictamen de no habitables.

El legislador panista, Héctor Barrera Marmolejo aseguró que los diputados vigilarán que los cerca de 43 mil millones de pesos que se destinarán para la reconstrucción en el Paquete Económico 2018 lleguen a quienes lo necesitan. Además, preguntó cuál es la estrategia para el censo, reparación, demolición y en su caso construcción de las escuelas de la CDMX.

La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, enfatizó que la Plataforma Digital CDMX no dejará de operar hasta que “no hayamos visto en las regiones delegacionales que están incluidos todos los inmuebles y se atenderá cada una de las solicitudes ciudadanas en materia de dictámenes de seguridad”. Garantizó que se analizan y responderán todas las demandas de los damnificados.

En este sentido, refirió que se han atendido 187 peticiones ciudadanas para realizar estudios de habitabilidad de inmuebles, los cuales se llevarán a cabo hasta el próximo 14 de diciembre.

Asimismo, informó que el censo de las propiedades dañadas tuvo una ampliación del 31 de octubre hasta el 1 abril del 2018, con la intención de lograr un conteo completo.

En el tema del programa de apoyos para renta, explicó que esta política se encuentra basada en la buena fe; sin embargo, se están visitando los cerca de 400 inmuebles, donde la gente está pernoctando en la parte exterior, a fin de ofrecerles apoyo; se realiza un recorrido diario en 20 propiedades.

En lo referente a la participación de las constructoras, informó que existe un convenio para que estas empresas reparen las edificaciones con indicador amarillo.

Señaló que se realizaron 8 mil dictámenes favorables a instituciones educativas; 264 se decretaron con código rojo y nueve se decretó su demolición total. En tanto, se instalaron 650 aulas provisionales para atender a la población escolar afectada.

Acotó que es responsabilidad del gobierno arreglar la infraestructura hidráulica, vial y espacio público para levantar de nuevo los espacios dañados, en particular la vivienda tras los sismos.

Respecto al Presupuesto 2018 indicó que en lugar de otorgarle más recursos a la capital del país se le otorgan menos; “esto es castigar a una ciudad”, cuando el artículo 16 de la Constitución establece que el gobierno local garantizará la seguridad de las personas, con medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad, entre otras acciones ante un desastre.

Informó que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México diseña ocho nuevas normas para la edificación de inmuebles.

Indicó que las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa faltan de entregar las evaluaciones postsísmicas de los inmuebles para ingresarlos en la Plataforma Digital CDMX, y donde viviendas se afectaron por estar en un subsuelo de grietas geológicas.

El total de inmuebles registrados en ese sitio electrónico asciende a 14 mil 447, de los cuales el 18 por ciento (2 mil 645) son evaluados con un riesgo en amarillo, y el 20 por ciento (2 mil 820) están en rojo, lo que implica la posibilidad de reforzarse o demolerse y no es habitable.

El 40 por ciento (5 mil 782) son verdes, y de ellos 3 mil 300 se han convertido a una clasificación rosa, porque requirieron reparaciones menores a 10 mil pesos, mismas que ya se realizan y son gratuitas.

Sostuvo que la ciudadanía debe tener confianza en que la información emitida en este mecanismo es oficial y difunde las decisiones adoptadas en cada caso; todos se evaluarán y resolverán de forma individual de acuerdo a sus necesidades particulares. Es el vínculo entre el gobierno y los damnificados.

Mercado explicó que el Fonden otorgó 700 millones de pesos para sacar escombros y podrán destinarse también para demoler. Dijo que el cascajo se destina a 22 espacios privados, y a través de un GPS se verifica que se lleve a esos lugares.

Respecto a las personas que se hicieron pasar por damnificados y cobraron apoyos para renta, precisó que la Contraloría ha detectado 6 mil inconsistencias, y “hay alrededor de dos mil 300 que definitivamente sí hicieron fraude; seguramente no regresarán por el segundo beneficio, porque algunos sí fueron organizados, no fueron solos”, pese a que se firmó un documento de decir verdad. La entrega se hizo de buena fe, aclaró.

Aseguró que “no han recibido donaciones” y refirió que el jefe de gobierno capitalino anunció la aportación de 10 mil euros del Fondo de Ciudades de América Latina vinculado con acciones en pro del medio ambiente. Indicó que la Comisión de Reconstrucción dialoga con los fondos privados de la sociedad civil, a fin de que con inversión pública se cree un mecanismo único para la reconstrucción.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) puede prestar 140 mil pesos a 20 años, con un pago de 500 pesos mensuales para viviendas en amarillo. Dijo que mil 200 personas han solicitado el crédito de hasta por dos millones de pesos, por lo que se ofrecerán diversas opciones de financiamiento que se ajusten a las necesidades de cada damnificado.

La funcionaria del gobierno de la ciudad afirmó que tras los sismos “no sólo es reconstrucción y reparación, sino transformación para diseñar una ciudad más resiliente”. El cambio va a significar que muy posiblemente la gente ya no pueda vivir en el mismo terreno y la recuperación de su vivienda tendrá que ser en otro suelo y de otra manera.

“Ya sabíamos que la ciudad está envejeciendo, somos más los que envejecemos que los jóvenes, y eso se está expresando en los damnificados de este sismo, son personas mayores muchas de ellas. Eso cambia la visión para recuperar su vivienda y además necesitan ser cuidados. Tal vez ya no es hacerles su casa y que sigan solos, sino que el Estado defina una política de cuidados donde el diseño urbano tenga espacios para ofrecer atención integral a esta población”.

La transformación implica, ante futuras emergencias, definir la forma en cómo se enfrentarán para ser menos vulnerables y superar una eventual emergencia, precisó.

MAV/RED