Palacio Legislativo 14-05-2018 (Notilegis).- El gobierno federal tiene el reto de extender la cobertura de los programas productivos, educativos y de salud, con el fin de atender a la población de origen mexicano, repatriada por Estados Unidos, que se asienta en localidades de menos de dos mil 500 habitantes, y se reincorpora a actividades rurales.

En la investigación “Política de atención a migrantes mexicanos de retorno de Estados Unidos de América”, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), destaca que los repatriados que llegan a esas poblaciones son el 30.8 por ciento.

Agrega que 7.5 por ciento se asienta en comunidades de entre dos mil 500 y 14 mil 999 pobladores, en su mayoría, también vinculadas al campo; el 16 por ciento regresó a localidades de entre 15 mil y 99 mil habitantes; 35.7 a lugares con 100 mil o más, donde se sitúan polos de desarrollo con oportunidades laborales, como son las entidades fronterizas, el Estado de México y la Ciudad de México.

Cita que los sitios con menos de dos mil 500 habitantes han ganado lugar como receptoras de población de retorno, con 25.3 por ciento de migrantes de cinco años o más de edad en el periodo 1985-1990; 34.7 por ciento, entre, 2005-2010, y de 2010 a 2015, 30.8 por ciento. “Ello refleja que la tercera parte de esta población decidió volver a esos lugares estrechamente vinculados al sector rural”.

Menciona que una de las características que distingue a estos flujos migratorios es que se encuentran en edades productivas, lo que implica que las acciones de gobierno deben considerar apoyos para su reinserción laboral.

Destaca que la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada está prácticamente terciarizada, pues 33.6 por ciento se concentra en los servicios; en menor proporción en comercio con 16.4, y en agricultura 20.1 por ciento.

Los migrantes de retorno que se ocupan en servicios y agricultura en mayor medida, representan el 40.5 por ciento; en menor proporción se ubican en la informalidad, mientras que en el ambulantaje, 3 por ciento, y en servicio doméstico, 1 por ciento.

Observa que las medidas restrictivas de Estados Unidos orientadas a frenar la migración no documentada han prevalecido desde 1990. Señala que “los atentados terroristas de 2001 generaron que la política migratoria quedara supeditada al enfoque de seguridad nacional”.

Refiere que a pesar de que Barack Obama se mostraba a favor de una reforma migratoria, su administración se caracterizó por deportar a 2.7 millones de connacionales, de 2009 a 2015, superando las ocurridas en el periodo presidencial de George W. Bush, con dos millones de personas, entre 2001 y 2008.

Detalla que la aplicación de políticas para devolver a la población de origen mexicano, tiene diversas categorías, según sus características y circunstancias de temporalidad de estancia de la persona y causas por las cuales es regresada al país. La principal, puntualiza, es la carencia de documentos que justifiquen su estancia.

El estudio analiza las políticas de deportación de Estados Unidos, sus efectos y relación con los programas desarrollados por el gobierno de México, para atender a los repatriados cuyo destino sería su reinserción en la sociedad, con énfasis en la actividad productiva en el medio rural.

Las principales entidades con población migrante en 2010 fueron Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, estados con un Índice Absoluto de Intensidad Migratoria (IAIM) muy alto; Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Colima y Jalisco, con nivel alto.

De acuerdo con el Marco Censal Agropecuario 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 9.3 millones de terrenos rurales con carácter ejidal, comunal, colonias y privados, que ocupan un área de 190.3 millones de hectáreas; las entidades con mayor número de zonas agrarias, en relación con el total nacional, son Veracruz, Estado de México, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí y Guanajuato, en las que se ubica el 65.5 por ciento de las tierras rurales.

El análisis de CEDRSSA indica que la población expuesta al riesgo de experimentar un movimiento migratorio de retorno, voluntario o involuntario es la nacida en México y en Estados Unidos, de madre o padre latinos, así como otra población descendiente que se autodeclara de origen mexicano.

También, los residentes nacidos en ese país, poco más de 25 millones, y los nacidos en México, 12 millones de connacionales; además, los que obtuvieron la ciudadanía estadounidense o cuenta con algún otro tipo de documento de estancia, y los no documentados, que carecen de algún papel que les autorice a residir en esa nación.

RED/FQA