Palacio Legislativo, 02-10-2018 (Notilegis).- Durante la sesión de hoy, los diputados presentaron ante el Pleno nueve iniciativas para mejorar y enriquecer los ordenamientos jurídicos en materia indígena, trabajo parlamentario, derechos a adultos mayores, financiera, entre otros temas.

Expedir Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

El diputado Fortunato Rivera Castillo (Morena) presentó iniciativa que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de diseñar, ejecutar, promover y evaluar políticas y acciones de la administración pública, que reconozcan e implementen los derechos de a las comunidades originarias y su desarrollo integral.

La reforma enviada a las comisiones de Pueblos Indígenas, para su dictamen y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión, refiere que de acuerdo con el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, en México existen 68 comunidades originarias que se concentran principalmente en 25 regiones indígenas localizadas en 20 estados del país.

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), destacó que siete de cada diez personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza y ocho de cada diez tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar, es decir, no cuentan con recursos para satisfacer sus necesidades más elementales.

Diputados no podrán integrarse a otro grupo parlamentario

Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, iniciativa que modifica el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General para que los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario, no podrán integrarse a otro existente y serán considerados como diputados sin partido.

La propuesta presentada por el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) busca asegurar que exista un vínculo ideológico y ético de los legisladores a permanecer en el grupo parlamentario del partido político por el que fueron electos, es decir, “los diputados no nos mandamos solos y el capricho o conveniencia no puede, bajo ninguna circunstancia, ser el impulso que nos lleve a actuar porque éste ha sido uno de los orígenes del descrédito que hoy aqueja al Poder Legislativo”.

Apuntó que esta modificación pretende “evitar prácticas que atentan contra la dignidad del recinto legislativo, pues ir de un grupo parlamentario a otro en atención directa a conveniencias y componendas, contradice el sentido de la Constitución, su espíritu, lesiona la imagen de esta Cámara y atenta, sin lugar a dudas, contra la representación ciudadana”.

Garantizar apoyo a personas de 60 años y más

La diputada Sara Rocha Medina (PRI) dio conocer iniciativa que plantea modificar el artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de incluir el concepto de “progresividad” a efecto de que, sin importar el gobierno en turno, se garantice el apoyo a las personas de 60 años y más, y no hasta los 65 años.

Además, se pretende generar certeza a este grupo de la población para que en cada etapa de elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y su aprobación en la Cámara de Diputados, exista una partida presupuestal.

La legisladora manifestó que ante la posibilidad de que el próximo gobierno federal incremente de 65 a 68 años para otorgar los apoyos que prevé el Programa de Pensión para Adultos Mayores 65 y más, se generaría una afectación a 3.8 millones de personas, por lo cual es necesario que deje explícito en la Ley el principio de progresividad. Se canalizó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis.

Declarar tercer miércoles de octubre de cada año “Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria”

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) pidió declarar el tercer miércoles del mes de octubre de cada año como “Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria”, con el fin de enfatizar el valor terapéutico de la reconstrucción como parte del proceso de rehabilitación de pacientes que, posterior a su detección, diagnóstico y tratamiento, se encuentran libres de cáncer de mama.

Sosa Ruiz consideró que el tema de la reconstrucción mamaria “no se toma en serio, ni se le da la importancia que requiere”; por ello, agregó que para Encuentro Social, la salud de la mujer constituye una prioridad, y por eso asume el compromiso de trabajar para este sector.

Puntualizó que su propuesta permitirá dar la importancia de vida a este tema. “La oportunidad de hacer una diferencia en la vida de supervivientes de este tipo de cáncer es nuestra, es ahora, otro México en que su prevención y la recuperación de la salud sea una tarea de todos nosotros; es posible, hagámoslo ya”. Se envió a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.

Modificar la Ley del Banco de México para que contribuya al crecimiento económico

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) planteó dos iniciativas. La primera modifica el artículo 2 de la Ley del Banco de México, con objetivo que esta institución sea corresponsable del crecimiento económico y del empleo. “Se propone que el Banco deje de ser un ente basado en una política monetaria restrictiva y amplíe su objetivo para convertirse en un estimulador del crecimiento”, afirmó el legislador.

Para ello, Robles Montoya propone que el Banco de México procure la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, y promueva el sano desarrollo del sistema financiero; además, propicie el buen funcionamiento de los sistemas de pagos; encamine las condiciones monetarias y crediticias con el fin de garantizar la generación del máximo empleo, la estabilización de precios, tasas de interés moderadas y el crecimiento económico.

Asimismo, provea los recursos de emisión primaria de dinero, en forma de crédito exclusivamente productivo, para proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y otros que el Poder Ejecutivo establezca. “Dicho artículo, ahora, acota la responsabilidad al mantenimiento de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda”. Las dos iniciativas se remitieron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En la segunda iniciativa que reforma el artículo 2, 3 y 38, de la Ley del Banco de México, Benjamín Robles Montoya propone que el Banco funja como asesor del gobierno federal en materia económica, financiera y de crecimiento.

También que la junta de Gobierno esté integrada por cinco miembros que representarán al sector industrial, agrícola, financiero, laboral y académico.

Ampliar a nueve meses periodos de sesiones ordinarias

A nombre de Movimiento Ciudadano, la diputada Maiella Martha Gómez Maldonado propuso reformas a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política, para ampliar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, y pasen de 6.5 meses a 9; es decir, agregar 2.5 meses al segundo periodo, para establecerlo del 15 enero al 31 julio, de cada año.

La iniciativa suscrita por el grupo parlamentario, destaca la necesidad de modernizar el esquema tradicional del trabajo parlamentario para que de forma responsable, los legisladores analicen y debatan a conciencia todas las reformas y acuerdos que atiendan las necesidades e interés ciudadanos, ya que se aprueban sin que hayan sido suficientemente discutidos.

A través de esta reforma, se lograría en el Congreso una transformación acorde a las exigencias democráticas y ciudadanas para lograr más resultados legislativos que coadyuven a dar confianza a votantes. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Despenalizar consumo de cannabis

La diputada del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña presentó iniciativa, suscrita por integrantes de su bancada, para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, que despenalice el consumo de la cannabis, a través de un cambio de paradigma al modelo prohibicionista que ha provocado violencia, truncado a muchas familias, penas desproporcionadas a consumidores, sobrecargas al sistema judicial, superar la capacidad de las prisiones y absorbió una cantidad enorme de recursos, que pudieron haberse destinado a una política social más efectiva.

Propuso eliminar toda restricción en su uso con fines recreativos, despenalizar el cultivo para consumo personal y cultivo doméstico hasta tres plantas, sin necesidad de registro alguno. Otorgar garantías a usuarios de consumo recreativo o problemático y que requieran la atención de servicios públicos o privados para acceder a los programas de prevención.

Planteó eliminar los 5 gramos para portación y consumo personal de cannabis y que sean las secretarías de Salud y de Agricultura, quienes emitan la normatividad respecto del cultivo, procesamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo, designen las zonas y parcelas, y expidan licencias para la fabricación y distribución de productos médicos a los consumidores. La propuesta se remitió a las comisiones unidas de Salud y de Justicia para dictamen.

Seguros con pagos accesibles para proteger patrimonio familiar

A nombre del PVEM, la legisladora Erika Mariana Rosas Uribe presentó iniciativa para que los gobiernos estatales y de la Ciudad de México promuevan la contratación de seguros para la cobertura de daños causados por fenómenos naturales para viviendas e inmuebles de particulares que no cuenten con el mismo. “Deberán diseñar esquemas de fácil acceso para su contratación y pago que garanticen principios de economía, eficacia y eficiencia, así como mejores condiciones para la población que los contrate”.

Propuso reformar el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y adicionar el precepto 18 Bis de la Ley General de Protección Civil, ya que la cultura para su contratación en el país es casi nula, debido a los costos y cobertura.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, indica que el 24 por ciento de las personas encuestadas manifestó contar con algún tipo de seguro; 12 por ciento contrató uno para su casa y únicamente uno por ciento lo adquirió para su negocio.

“Contar con algún tipo de seguro para vivienda se ha convertido en la actualidad en un importante instrumento para proteger el patrimonio de las personas ante los daños que pudieran sufrir derivados de los efectos negativos que provocan los efectos naturales, haciéndose responsables de esta forma con el gobierno sobre las acciones preventivas”, precisó.

La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, y de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

RED/RZJ