Palacio Legislativo, 18-10-2018 (Notilegis).- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para, entre otras acciones, crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, propone “la sustitución del nombre, visión y atribuciones de la actual Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para dar lugar al surgimiento de la Secretaría de Bienestar, como polo articulador de las políticas sociales del nuevo gobierno”.

Establece la creación de las nuevas unidades administrativas denominadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, las cuales tendrán como función la coordinación de acciones entre autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo federal.

También “verificarán las acciones estratégicas en materia prioritarias, y llevarán a cabo la supervisión del debido cumplimiento en la prestación de servicios y trámites a cargo de las dependencias y entidades federales, en las entidades federativas”.

Se reestructura la Secretaría de Gobernación y se plantean “cambios y adecuaciones necesarias tanto de las facultades de la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) como a la de la (Secretaría de la) Función Pública”, entre otras modificaciones a diversas dependencias del Ejecutivo federal.

“Para facilitar la actividad del sector privado y reactivar las actividades del sector social se proponen adecuaciones y cambios a diversas secretarías, como la de Agricultura y Desarrollo Rural, que adoptará ese nuevo nombre, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Economía, y de Energía”, agregó.

Para esas dependencias, apuntó, “se proponen ajustes y cambios con el propósito común de alinear sus facultades, tareas e instrumentos a los propósitos de crecimiento económico, equidad social y estímulo a las actividades agrícolas, forestales, pesqueras, ganaderas, industriales, comerciales y de servicios”.

Se otorga a la Secretaría del Trabajo la atribución de promover la democracia sindical, expresada en la elección de sus dirigencias mediante el voto individual y libre de sus agremiados, sin que el nuevo gobierno interfiera o se inmiscuya en la vida interna de los sindicatos.

En el documento, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados precisó que lo presentó por encomienda del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Se plantean cuatro capítulos para englobar la gobernabilidad democrática y seguridad pública; política de bienestar; eficiencia, transparencia y combate a la corrupción, e impulsar el crecimiento económico y la equidad social.

En su exposición de motivos, resaltó que, a petición expresa de López Obrador, expone que los gobiernos emanados de procesos democráticos tienen la ineludible obligación de impulsar políticas públicas destinadas a cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso electoral.

Apuntó que estos gobiernos cuentan con el respaldo mayoritario de la ciudadanía para hacer realidad sus propuestas de campaña, “independientemente de costos políticos o la reticencia que pudiera presentarse en el sector público”.

“Para lograr dicho fin, es indispensable que la administración pública federal … cuente con una estructura orgánica y operativa cuya visión esté alineada a los objetivos y estrategias congruentes con las propuestas realizadas en campaña”, añadió.

Por lo tanto, expuso que el próximo gobierno federal “deberá contar con los instrumentos que le permitan responder a las demandas de la sociedad y los ciudadanos” y señaló el compromiso de que estos cambios “rindan resultados muy palpables y concretos en el más corto plazo posible”.

Expresó la convicción y compromiso del presidente electo de que la tarea más importante y urgente que debe atender el nuevo gobierno es la recuperación de la seguridad pública en el territorio nacional, especialmente en estados y regiones del país que más sufren por el flagelo del crimen organizado y la violencia.

Por ello, será puesta en práctica una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la delincuencia, el crimen organizado y la violencia que se está padeciendo, “ya que el uso de las policías y de las fuerzas armadas es insuficiente frente a las dimensiones del problema y múltiples manifestaciones”.

“Debemos tener claro, autoridades y sociedad, que la solución debe partir de la unidad de acción y de mando de las fuerzas del Estado, desde el municipio y las entidades federativas, hasta los mandos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina”.

Delgado Carrillo precisó que, a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se transferirá la totalidad de las facultades que estaban confiadas a la Secretaría de Gobernación en esa materia.

Asimismo, “se propone confiar también (en la nueva Secretaría) las (funciones) relativas a la seguridad nacional y la protección civil de la población en casos de desastres naturales, siempre con el invaluable apoyo de las Fuerzas Armadas, a través de los panes de auxilio que todos conocemos y apreciamos”.

“La seguridad pública es un componente fundamental, esencial, de la seguridad nacional; sin la primera la segunda se debilita y la nación se ve expuesta por la ineficiencia, parálisis o ausencia de sus instituciones”, añadió.

Sobre “la sustitución del nombre, visión y atribuciones” de la actual Sedesol para dar lugar al surgimiento de la Secretaría del Bienestar, precisó que en esta última “habrán de confluir todas las secretarías y dependencias de la administración pública federal, especialmente las directamente vinculadas al bienestar de la población”.

Entre estas dependencias mencionó las secretarias de Salud, de Educación y de Cultura, “para las cuales se proponen cambios y adecuaciones en el mismo propósito de alinear sus atribuciones y propósitos al objetivo común que es elevar el bienestar de toda la población, especialmente el de los más pobres”.

El diputado de Morena anunció que el próximo gobierno instrumentará de inmediato, en futuras iniciativas o mediante acuerdos ejecutivos, medidas de austeridad y racionalidad, como la compactación o disminución de plazas de mando medio o superior.

En estas acciones incluirá las direcciones generales adjuntas que fueron creadas a partir de diciembre de 2006, “sin que mediara justificación suficiente sobre su necesidad”.

En los artículos transitorios se precisó que todas las referencias que hagan mención al Oficial Mayor de las secretarías de Estado en la normatividad vigente, se entenderán hechas al titular de la Unidad de Administración y Gestión de las respectivas entidades o dependencias, o su equivalente.

El titular del Ejecutivo federal deberá expedir las adecuaciones correspondientes a los reglamentos interiores de las dependencias y entidades en un plazo no mayor de 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas cuya adscripción cambia por disposición o consecuencia del presente decreto serán transferidos a su nueva dependencia en un plazo máximo de 30 días, a partir de la entrada en vigor, y su registro contable dará inicio a partir del 1 de enero de 2019.

Los derechos laborales del personal que pase de una dependencia a otra, o a las oficinas de representación, se respetarán, conforme a la ley.

Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto de las respectivas dependencias y entidades, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal 2018.

La estructura administrativa de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo deberá quedar constituida en un plazo máximo de 180 días, a partir de la publicación del reglamento respectivo.

Las dependencias y entidades, dentro del término de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberán presentar al titular del Poder Ejecutivo sus propuestas para mantener oficinas de representación en las entidades federativas, “en virtud de los trámites y servicios que otorgan a la ciudadanía o de necesidades derivadas del ejercicio de sus atribuciones”.

Las entidades descentralizadas denominadas Liconsa, SA de CV, y Diconsa, SA de CV, quedan sectorizadas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y el organismo público denominado Comisión Nacional de Vivienda queda sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Seguridad Pública.

JGM/HSF