Nota N°. 599 Piden diputados a todos los órdenes de gobierno un plan de emergencia para atender caravana de migrantes y acuerdan que legisladores se traslade a estados donde se moviliza

Palacio Legislativo, 23-10-2018 (Notilegis).- La Cámara de Diputados exhortó a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a poner en marcha un plan de emergencia para atender la caravana de migrantes que ingresó al país el pasado fin de semana y acordó que un grupo plural de legisladores se traslade a estados donde se moviliza.

El Pleno avaló, en votación económica, un acuerdo de siete puntos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sobre los derechos humanos de los migrantes, en especial menores y adolescentes que integran la caravana, quienes piden refugio y asilo, y en relación con la participación de organismos internacionales y el trabajo bicameral con el Senado de la República.

La Cámara de Diputados manifestó su respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad y exhortó a las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno a poner en marcha un plan de emergencia para atender a la caravana de centroamericanos en toda su ruta y a actuar de manera coordinada para brindar la atención especial a los grupos más vulnerables.

Pidió al sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes proteger y garantizar los derechos de menores que, solos o acompañados, forman parte de la caravana y a que se respete, proteja y garantice su interés superior.

Solicitó a las autoridades federales y locales brindar un trato humanitario y digno a las personas de la caravana migrante, en especial atención médica provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria.

Planteó garantizar, en especial, la salud de mujeres, adultos mayores, niños, niñas y personas con discapacidad, así como salvaguardar de su integridad física

Pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) otorgar toda la información, facilidades y garantías jurídicas para atender las peticiones de refugio que presenten las personas en movilidad y de la caravana migrante.

Asimismo, exhortó a la autoridad migratoria a que informe a las personas sobre su derecho a solicitar el reconocimiento de condición de refugiado en México y se apoyen los trámites de repatriación a aquellas personas que manifiesten su deseo de regresar a sus lugares de origen.

También solicitó analizar y otorgar visas de tránsito temporal, cuando haya mayor vulnerabilidad.

Los diputados solicitaron al Ejecutivo federal que México, como país miembro de la Conferencia Regional sobre Migración, convoque a una reunión con carácter de urgente a este organismo, para la protección de los migrantes en la región.

Propusieron que en esa reunión también sea analizado el tráfico y la trata de personas, con la participación de la representación de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones.

El acuerdo de la Jucopo autorizó la conformación de un grupo representativo y plural de diputados, integrantes de las comisiones de Asuntos Migratorios, de la de Frontera Sur, de Frontera Norte, de Derechos Humanos y de Gobernación, para que se trasladen a los estados en donde se moviliza la caravana migrante.

El grupo coadyuvará con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la atención urgente e inmediata de las personas de la caravana migrante.

Los Legisladores deberán informar de inmediato al Pleno de la Cámara baja sobre las condiciones humanitarias de dicha caravana.

Los diputados manifestaron su plena disposición para trabajar bicameralmente y en conferencia con el Senado de la República, para que, con visión de Estado, se planee una estrategia de desarrollo regional.

Esta estrategia deberá contar con planes de desarrollo económico y social para mejorar las condiciones, vida y oportunidades en la zona, así como presupuestos para el corto, medio y largo plazo, destinados al combate a la pobreza y reducción de la inseguridad, a la sostenibilidad y el medio ambiente

También debe contemplar el acceso a los servicios públicos de educación, salud, justicia e infraestructura.

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