Palacio Legislativo, 06-04-2019 (Notilegis).– Productores cinematográficos, cineastas y actores nacionales señalaron la urgencia de reformar y actualizar la Ley Federal de Cinematografía, antes de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para aumentar el tiempo de exhibición del cine mexicano y regular los servicios de transmisión de películas a través de internet (streaming).

En entrevistas, por separado, subrayaron que es necesario aumentar de 10 a 30 por ciento el tiempo total de exhibición del cine nacional, tanto en salas como en plataformas de internet, para que un mayor número de productos puedan estrenarse, pero sobre todo que la ley esté adecuada a la nueva realidad, ya que, dijeron, se ha quedado atrás frente a los avances tecnológicos.

En días pasados, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer Bretón (Morena), emprendió una mesa de trabajo para analizar la Ley Federal de Cinematografía y recoger propuestas de mejoras a la normatividad vigente, de acuerdo con el contexto actual del cine mexicano.

Mayer Bretón, en entrevista, destacó que la Comisión que preside mantendrá abiertos los canales de comunicación con los diversos sectores culturales para mejorar las condiciones de la industria cinematográfica y sus trabajadores.

“Es muy importante para el trabajo de nosotros, los legisladores. Tenemos la responsabilidad de diseñar un marco legal que se adecúe a la realidad que viven”, externó.

Poco tiempo y pocas pantallas

Tábata Vilar Villa, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), señaló que es importante incorporar en la ley a las plataforma de internet, para que éstas sean un canal más de difusión de las películas y documentales nacionales.

México ocupa el décimo lugar en el mundo de los países que producen cinematografía, “y de pronto hay pocas pantallas para su exhibición en salas de cine, pocos días para su proyección y mucha competencia”, dijo.

“Estamos produciendo tanto y no hay espacio para todo este producto, hay un cuello de botella y pensar que la única salida para un producto audiovisual es una pantalla grande, cuando hay otras maneras para permitir que la gente vea un producto”, agregó.

Apuntó que se debe definir muy bien en la ley qué productos o qué cantidad de películas tendrían que ir a la pantalla grande y a las plataformas digitales para su exhibición.

Revisar estímulos al cine, otro reto

Vilar Villa también planteó que se debe revisar el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine), el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) y Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).

Detalló que el Eficine tiene muchas áreas de oportunidad en aras de generar un cine que sea para todos, con el cual se puede lograr que menos películas se queden guardadas para que se exhiban en festivales u otros lugares públicos, y darle voz a las comunidades marginadas o indígenas, a través de este estímulo fiscal.

“Tenemos la necesidad de revisar cómo se otorgan esos recursos para evitar que películas se queden en el cajón y nadie las vea, lo que buscamos es que se vean en otras plataformas”, dijo.

María Novaro Peñaloza, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), destacó que el instituto que dirige ha detectado una enorme centralización de los recursos, por ello dijo busca abrir la participación del Imcine y ampliar los apoyos para lograr la participación en términos equitativos de todas las regiones del país, “debemos ser inclusivos con sectores específicos y con los cineastas indígenas que tienen prioridad en este gobierno”.

Agregó que se debe garantizar el derecho de todas las personas a la cultura, ya que “el 75 por ciento de los mexicanos no puede ir al cine porque no es accesible económicamente”.

Explicó que la ley se debe adecuar a la forma de producir películas, porque actualmente no contempla el enorme crecimiento de las plataformas digitales “es obsoleta en ese sentido, hay que actualizarla”.

Reformas después del T-MEC, con consecuencias negativas

Gabriel Retes Balzaretti, actor y director de cine, enfatizó que las reformas a la ley deben realizarse antes de que se firme la ratificación del T-MEC, para que desde un inicio se señale que el 30 por ciento del tiempo de exhibición es para el cine mexicano.

Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico “Rafael E. Portas”, comentó que a partir de que todo se dejó a las fuerzas del mercado del gran capital norteamericano, éste “empezó a imponer malas condiciones a los escasos productores de cine mexicano”.

“De 170 películas se exhiben 30, estamos descapitalizando a 140 películas que no llegan a todos los habitantes de este país, por eso estamos en condiciones ruinosas. Hay la producción de cinco años sin estrenarse en las pantallas del país, eso es terrible”, apuntó.

Ante esas cifras, Víctor Ugalde también planteó la necesidad de aumentar a 30 por ciento el tiempo total de exhibición para filmes nacionales.

En ese sentido, consideró urgente reformar la ley antes de la firma del T-MEC, porque “si se rubrica como actualmente está la ley, después será difícil reformar la ley, porque las empresas nos van a demandar por falta de condiciones”.

Mejora de condiciones laborales, un pendiente

El presidente de la Asociación Nacional de Actores (Anda), Jesús Rey Ochoa Domínguez, subrayó que es urgente e importante reformar más de 50 cuerpos de leyes que inciden y acotan el quehacer fílmico que, “actualmente protegen a todos excepto a los creadores e intérpretes de los contenidos y sus organizaciones”.

Precisó que las leyes que se deben de reformar para favorecer al sector en términos laborales y económicos son: Federal del Derecho de Autor; de Derechos Culturales; Orgánica de la Administración Pública Federal; del Impuesto Sobre la Renta (ISR); Federal del Trabajo; Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y General de Educación.

Expuso que el 85 por ciento del presupuesto de las instituciones de cultura se dirige a gastos burocráticos, y el 15 por ciento se invierte para la producción de cine, teatro, música, etcétera.

“Hoy se sobreprotege a los empresarios, permite la contratación del outsourcing (subcontratación) o por honorarios sin ninguna prestación social para los trabajadores y propicia la no contratación de los creadores sindicalizados”, puntualizó.

Los trabajadores, aseguró, pagan más impuestos que las empresas norteamericanas de comunicación y entretenimiento, porque “el gobierno no las obliga a tener presencia en el país para que los paguen”.

Ochoa Domínguez mencionó que una de sus propuestas es urgir al Legislativo a establecer una política especial para las industrias culturales, como lo establece la Convención para la Protección de la Diversidad Cultural y a hacer una política pública que rescate y actualice los negativos del cine mexicano.

Señaló que en las anteriores administraciones, el Estado mexicano despojó a los creadores de sus derechos intelectuales a los 100 años de fallecidos sin alguna contraprestación equitativa, por lo que dijo es necesario incorporarlos a la ley para su protección.

Ángel Flores Torres, director, productor y escritor de cine, apuntó que la ley en la materia debe estar acorde con las nuevas necesidades del sector e incluir los derechos laborales y culturales.

“Para nosotros los creadores que generamos cine es muy importante que revisemos la ley actual para contextualizarla respecto a la nueva realidad del país. No podemos permitir que cualquier precepto mercantil de empresas o negocios estén por encima del bienestar del ser humano”, dijo.

Flores Torres comentó que su propuesta es que se protejan los derechos laborales de los que trabajamos en el gremio cinematográfico y audiovisual porque “estamos trabajando fuera de la ley, las leyes existen en la medida de que se aplican y ejercen sino son texto muerto”.

EGV