Palacio Legislativo, 16-04-2019 (Notilegis). - El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), informó que promueve una iniciativa para impulsar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en los procesos de licitación para la adquisición de bienes y contratación de obra de las dependencias del Estado.

En un comunicado, el también integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación indicó que, con este fin su propuesta plantea reformar las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Antonio Altamirano explicó que dichas leyes actualmente permiten que la adquisición de bienes y contratación de obra se realicen no sólo por licitación, sino también por la invitación a cuando menos tres personas o incluso por la adjudicación directa.

“El objetivo de la iniciativa es eliminar las deficiencias de estas leyes, las cuales permiten la proliferación de redes de corrupción y facilitan a los funcionarios abusar de las excepciones y eludir su responsabilidad”, comentó.

Antonio Altamirano subrayó que el propósito de la iniciativa, es que sean los titulares de las dependencias del Estado quienes firmen dichos contratos de licitación, “para que después no puedan argumentar que ellos no tuvieron conocimiento ni participación”.

Refirió que el mandato constitucional actualmente señala que las adquisiciones, arrendamiento y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatorias públicas.

“En México se ha abusado y distorsionado el servicio público para encubrir actos de corrupción de manera inaceptable e inmoral y las lagunas e imprecisiones de las leyes han servido para eludir el mandato constitucional”, consideró.

El legislador de Morena recordó que desde 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado el incumplimiento de este diseño constitucional y ha observado que el desvío de recursos a través de empresas fantasmas o contratistas que “realizan simulaciones, como se dio en el caso mediáticamente conocido como ‘la Estafa Maestra’”.

Explicó que la anomalía consiste en que diversas entidades de la administración pública como: la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) o (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) Sedatu, “evitaron la realización de licitación, firmando contratos con otras entidades, algunas universidades públicas”.

“Al no existir suficientes controles y obligaciones, se han presentado casos de corrupción que han ofendido gravemente al pueblo”, aseguró.

Recordó que desde hace siete años, la ASF señaló e informó al Poder Legislativo y a la opinión pública “de este esquema de opacidad y discrecionalidad, sin embargo, las lagunas legales se han mantenido”.

“La omisión ha estado en manos de los legisladores y fue la anterior mayoría la que impidió realizar los cambios que la experiencia exigía, actuando como cómplices parlamentarios de los abusos. Ahora nos corresponde a nosotros lograr un cambio para que las malas prácticas y los abusos ya no se repitan”, dijo.

Antonio Altamirano pidió el apoyo de todas las bancadas para adoptar las observaciones de la ASF y eliminar las lagunas en las leyes que permiten los actos de corrupción y los abusos en el uso de los recursos públicos.

EGV