Palacio Legislativo, 23-02-2019 (Notilegis).­- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) y la Secretaría de Cultura carecen de diagnósticos sobre el estado del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación que permitan determinar las necesidades para su conservación y protección.

En el Informe General Ejecutivo Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, entregado a la Cámara de Diputados, se señalan, además, diversas inconsistencias en el programa presupuestario E012 “Protección y conservación del patrimonio cultural”, a cargo de estas instituciones.

La ASF refirió que a dichas dependencias se les encargó inventariar, catalogar y registrar los bienes que conforman el patrimonio cultural; administrar los riesgos inherentes al patrimonio, y conservar y salvaguardar los bienes.

Asimismo, supervisar los trabajos de conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación de los bienes; llevar a cabo la investigación sobre el patrimonio cultural; dar seguimiento a los delitos cometidos contra los bienes, y promover y difundir el patrimonio cultural.

Sin embargo, la ASF observó, respecto del inventario del patrimonio cultural, que de los 2 millones 96 mil 871 de bienes que tienen reportadas estas instituciones, solo un millón 279 mil 88 fueron inventariados y un millón 581 mil 677 catalogados.

“Se evidenciaron inconsistencias en los sistemas de información que no permitieron determinar el número real de bienes catalogados. Asimismo, el INBA no dispuso de información sobre el número de bienes que integran el patrimonio artístico, y la Secretaría de Cultura no contó con un catálogo sobre los 2 mil 752 bienes inmateriales que tiene a su cargo”, detalló.

Por lo que corresponde a la conservación, la dependencias carecieron de los diagnósticos sobre el estado físico de los bienes del patrimonio cultural material, para determinar las necesidades de conservación en cada una de sus vertientes: mantenimiento, conservación directa y restauración.

Respecto de la salvaguarda del patrimonio cultural, carecieron de un diagnóstico del estado en que se encontraban los bienes inmateriales bajo su responsabilidad en 2017.

En cuanto a la supervisión de las intervenciones al patrimonio, “ninguna de las instituciones evaluadas dispuso de un programa para dar seguimiento a los trabajos de conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación de los bienes”.

Según la Cuenta Pública 2017, los resultados de la fiscalización que se realizaron arrojaron inconsistencias en los diseños normativos, programáticos y presupuestales de la política; en el marco normativo; la carencia de disposiciones legales que definan la preservación del patrimonio cultural.

“Lo que propicia que sus actividades se realicen sin un respaldo jurídico; no se elaboraron ni se actualizaron normas técnicas o jurídicas enfocadas en la preservación del patrimonio cultural, y existe una diversidad de conceptos sobre el tipo de intervenciones al patrimonio, lo que motiva que las acciones de las unidades responsables de su preservación se realicen sin claridad, aisladas y desarticuladas”, apunta.

Por otro lado, durante la aplicación del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, se dio relevancia a las expresiones artísticas, y se dejó en segundo plano la preservación del patrimonio cultural.

En materia presupuestal, se registraron mil 722.59 millones de pesos para la preservación del patrimonio. Las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura reportaron los resultados y el presupuesto de sus gestiones en programas presupuestarios que no se relacionan con la materia, por lo que no fue posible cuantificar el monto total de recursos presupuestales aplicados para tal fin.

La ASF apuntó que debido a la carencia e inconsistencias detectadas en los sistemas de información de las instituciones revisadas, en cuanto al inventario, catalogación y registro de los bienes, aunado a las deficiencias que presenta el diseño normativo, programático y presupuestal de la política pública, y la falta de homologación con la norma del ámbito internacional, impiden determinar de qué forma las intervenciones realizadas han incidido en garantizar la preservación del patrimonio cultural de la nación.

EGV