Palacio Legislativo, 08-03-2019 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Rafael Ruiz Lustre, informó que ganó dos amparos que dejan sin efecto el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Indicó que los amparos los interpuso en contra de ex directores generales de la Conadis, Jesús Eduardo Toledano Landero, quien estuvo a cargo de la institución de 2013 al 2015 y Mercedes Juan López, de 2016 a 2018, respectivamente.

El legislador de Morena refirió que los amparos fueron otorgados por el Juzgado VI de Distrito con sede en la Ciudad de México (números 1322/77 y 2007/15), porque se había coartado la participación de las personas con discapacidad.

“El acto reclamado es la ilegal tercera sesión ordinaria del cuerpo colegiado denominada Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad organismo público descentralizado, en sesión celebrada el 30 de septiembre del 2015, que no contó con el quórum legal para la validez de la misma como acto primigenio”, señaló.

Agregó que con ello se violentaron los derechos humanos de personas con discapacidad, ya que los acuerdos que se emitieron sin la integración completa de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

Ruiz Lustre refirió que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que este sector debe formar parte de la toma de decisiones y seguimiento de las mismas, a través de organizaciones que los representen, “y ninguno de estos dos ex funcionarios quisieron hacerlo”.

Expuso que el Conadis se había convertido en un mecanismo de simulación que no busca proteger, atender y prestar ayuda en favor de las personas con discapacidad.

El legislador de Morena con discapacidad visual consideró que no debe pasar desapercibido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) forma parte de la asamblea consultiva y que ha sesionado de forma ilegal incumpliendo sentencias de amparo, por lo que posiblemente también su primer visitador tenga responsabilidad penal.

“La responsabilidad penal por el incumplimiento de la sentencia de amparo, así como por la repetición del acto reclamado, alcanza desde la ex directora general, Mercedes Juan López hasta el ex titular de la Sedesol y ahora diputado federal, Luis Enrique Miranda Nava”, concluyó.

EGV