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| Nota N°. 2239 | Plantea Cofece crear nueva ley general de contrataciones públicas, para combatir corrupción y colusión en licitaciones |
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Palacio Legislativo, 28-05-2019 (Notilegis).– La comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, planteó a diputados crear una nueva ley general de contrataciones públicas que combata la corrupción y colusión en las licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios.
La funcionaria del organismo autónomo señaló que dicha legislación –que sustituiría a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público– tendría que establecer la inhabilitación para aquellas empresas que se coludan con funcionarios públicos a fin de obtener contratos de los gobiernos o información privilegiada.
“Las sanciones monetarias administrativas de la Cofece son relevantes, pero, en realidad, a las empresas que le roban al erario público –hay que decirlo con todas sus palabras– lo que más le duele es la inhabilitación”, dijo durante su participación en el foro “La competencia económica en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, organizado por las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía, Comercio y Competitividad.
Subrayó que ese ordenamiento legal también tendría que contener candados para evitar que las empresas simulen competencia con el propósito de vender a sobreprecios a los gobiernos o subcontraten a terceros cuando obtienen contratos con entes públicos, “porque ahí se da la corrupción”.
“Si nosotros exigiéramos a las empresas que le venden al Estado, desde antes, a priori, hacer público a quién van a subcontratar y por qué, cerraríamos esa pinza a la subcontratación indebida, ilegal”, sostuvo.
Además, abundó, la nueva ley tendría que estipular que las licitaciones para los proyectos de obra pública de grandes magnitudes deben ser revisadas por otras instancias del Estado mexicano, además de las convocantes.
Palacios Prieto llamó a las distintas dependencias del Estado mexicano a cerrar filas para atacar estos casos de corrupción y colusión, y por ser un tema relevante para el Plan Nacional de Desarrollo –dijo– el Legislativo debe contribuir.
“Algo que se podría trabajar, desde el Legislativo, es una nueva ley general de contrataciones públicas, para que a las empresas que han participado en colusiones, que han vendido al gobierno con sobreprecios, se les inhabilite”, manifestó.
La comisionada celebró que el Plan Nacional de Desarrollo ubique el bienestar de las familias como el centro de la política pública, ya que “cuando uno habla de bienestar y del bolsillo de los mexicanos, necesariamente también se habla de competencia económica”.
Refirió que el año pasado la Cofece difundió un estudio que estima que los hogares mexicanos pagan, en promedio, 98 por ciento más en la adquisición de algunos productos respecto a su precio verdadero, debido a los sobreprecios.
“Esto implica que alrededor del 15 por ciento del ingreso de las familias mexicanas se destina al pago de sobreprecios por falta de competencia”,
ASF respalda propuesta de Cofece
Por su parte, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, expresó su respaldo al planteamiento de la comisionada Palacios Prieto de crear una nueva ley general de compras públicas.
Enfatizó que la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público tiene “muchas salidas para hacer trampa”, sobre todo en la parte técnica.
Manifestó su intención de colaborar para combatir los actos de corrupción en las licitaciones públicas y, ese sentido, propuso firmar un convenio entre la ASF y la Cofece, “para que también nos dé parte de las observaciones que realiza, pues podrían ser muy útiles en esta materia”.
“La eficacia de la fiscalización va de la mano de que las acciones derivadas de las auditorías se acompañen de la identificación de la causa raíz de los problemas observados, así como de que éstas se traduzcan en propuestas correctivas concretas en materia de control interno para hacer instrumentada por los entes auditados”, concluyó. HSF/EGV |
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