Palacio Legislativo, 08-11-2019 (Notilegis). - La diputada Lorenia Valles Sampedro (Morena) impulsa una iniciativa para regular la comercialización y uso de los vaporizadores o cigarros electrónicos, a fin de que usuarios accedan a dispositivos seguros, de calidad y sean utilizados por mayores de 18 años.

Informó que con ese fin suscribió la iniciativa, con la cual pretende modificar el artículo 16, fracción VI de la Ley General para el Control del Tabaco, para que se dejen de prohibir los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), regulando su comercio y uso a través de un etiquetado que alerte a los consumidores sobre los riesgos a la salud.

Además, de evitar su uso en espacios libres de humo de tabaco y vapor.

Valles Sampedro comentó que actualmente el artículo 16, fracción VI de la Ley General para el Control del Tabaco prohíbe “comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco”, como los SEAN y SSSN.

“Este precepto ha llevado a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a implementar alertas sanitarias y prohibir el ingreso de ese tipo de artefactos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado que esa fracción es inconstitucional, porque atenta contra el derecho al libre comercio y de desarrollo de la personalidad”, expuso.

Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016- 2017, actualmente 14.9 millones de mexicanos son fumadores, de los cuales el 73.6 por ciento está interesado en dejar de fumar y 9.9 millones han intentado dejarlo en por lo menos una ocasión, asimismo, existen 975 mil usuarios de vaporizadores.

Agregó que la encuesta reporta que el tabaco es responsable del 8.4 por ciento de las muertes en el país; 43 mil personas cada año mueren por enfermedades relacionadas con su consumo.

Citó que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el reporte El Tabaquismo y su efecto en las Finanzas Públicas: 2007-2017, informó que ese año el tabaquismo costó 81 mil 132 millones de pesos, equivalente al 2.8 por ciento de los ingresos tributarios.

Mencionó que la Ley General para el Control del Tabaco, aprobada en el 2008, tiene el objetivo de proteger a las personas de los efectos nocivos del consumo del tabaco. “Tiene su origen en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tratado internacional que en México entró en vigor en el 2005”.

“Según el texto presentado, en México y otros países ha habido diversos esfuerzos dirigidos a regular el comercio y el uso del cigarro electrónico y los vaporizadores, por ejemplo, en Reino Unido y Nueva Zelanda”, dijo.

La diputada expuso que Baja California, Ciudad de México, Coahuila y Guanajuato han promovido iniciativas para incorporar al cigarro electrónico en la prohibición de productos a usar en espacios 100 por ciento libres de humo; y este año se hizo ley en Aguascalientes y Chiapas.

Reiteró que la intención de regular en una ley general el comercio y uso de estos artefactos es un tema de salud pública.

“La ausencia de normas sanitarias y de calidad han propiciado que se exhiban al público productos cuyos aditamentos y sustancias son desconocidos y que pudieran ser dañinos o no aptos para niñas, niños y adolescentes”, añadió.

“Además de que están al alcance de todos, por su venta en centros comerciales, tiendas especializadas, plataformas digitales y hasta establecimientos irregulares, lo que da lugar a la proliferación de la clandestinidad”, añadió.

Valles Sampedro consideró que al proponer la legalización de los SEAN y los SSSN, pretende contribuir a la reducción del consumo de los cigarros de combustión al ampliar la oferta del mercado e incorporar normas sanitarias y de calidad que propiciarían tener productos de mayor calidad y más aptos para la salud de consumidores y no consumidores.

“El cambio propuesto beneficiará la recaudación de impuestos de la hacienda pública, con lo que habrá más recursos para el financiamiento de programas sociales y otras prioridades del país”, concluyó.