• La población civil hubiera sido la más afectada

Palacio Legislativo, 31-10-2019 (Notilegis). – El diputado Alfredo Porras Domínguez (PT) aseguró que, en su grupo parlamentario, conociendo la aplicación de que la ley debe regir el principio de ponderación en el uso legítimo de la fuerza que al Estado mexicano corresponde, “reconocemos la actitud del gobierno de la República en los sucesos de Culiacán, Sinaloa, de hace dos semanas para evitar un baño de sangre en donde la población civil hubiera sido la más afectada”.

Recordó que “300 muertos hubo en Tlatelolco. ¿Y qué costó al país? ¿Cuántos hubiera habido en Sinaloa si no se ve con mesura con la verdadera actitud en la que actuaron?”

Durante la comparecencia de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, dijo que quienes hoy cuestionan al Estado Mexicano “porque dejaron en libertad a un delincuente, en realidad son defensores oficiosos del narcotráfico, y actúan con ánimo faccioso de erosionar la confianza que el pueblo de México le tiene al Presidente de la República”.

Es increíble cómo a la oposición no le importa la seguridad ni la estabilidad social, “sino querer derrocar, escúchese bien, el proyecto de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. No podrán, porque el país tiene un presidente con autoridad moral que el pueblo le confirió”.

Reconoció que la inseguridad es uno de los grandes reclamos de la sociedad. “Para dotar al Poder Ejecutivo de mejores instrumentos que permitan combatir a las organizaciones delictivas, este Poder Legislativo, todas y todos hemos dotado de distintos instrumentos legales a esta Secretaría”.

En este sentido, se aprobaron reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa y las leyes secundarias de Guardia Nacional, uso legítimo de la fuerza y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

También las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Le otorgamos a su dependencia, señor secretario, la facultad de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación”.

“Es muy difícil desmantelar todo lo que está generado en el país. La inseguridad galopa en todo nuestro territorio nacional. Permitimos que se destruyera el tejido social y las instituciones, todas, lamentablemente fueron tocadas por el narcotráfico”.