• Presentaron una queja ante la CNDH por la utilización ilegal de este seguro

Palacio Legislativo, 25-09-2019 (Notilegis).- Diputados del PAN solicitaron la intervención del ombudsman, Luis Raúl González Pérez para frenar la violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes afiliados al Seguro Popular, principalmente de beneficiarios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Mediante un comunicado, indicaron que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la utilización ilegal de fondos del Seguro Popular.

Encabezados por el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, Secretario de la Comisión de Salud, los legisladores panistas expresaron su rechazo a la intención del gobierno federal de utilizar discrecionalmente los recursos públicos del fondo y sin fines conocidos, en clara violación al marco legal vigente.

“Este dinero debe utilizarse, exclusivamente, en la atención médica de alta especialidad dentro del Seguro Popular”, apuntaron.

Explicaron que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es un fideicomiso que funciona como una bolsa de reserva para enfrentar las contingencias más costosas y frecuentes que afectan la salud de las personas que no cuentan con afiliación a alguna institución de salud pública o privada.

Por su parte, Ramírez Barba sostuvo que mediante ese fondo se da cobertura en cuidados intensivos neonatales, todos los cánceres de la infancia y la adolescencia, mama, cervicouterino, próstata, leucemia, hepatitis, infartos, enfermedades metabólicas, entre otros padecimientos.

“De consumarse la desaparición de este fondo o concretarse el desvío de recursos, se dejaría sin atención a miles de niños y adultos, cuyo tratamiento hoy está garantizado con el dinero de dicho fondo”, advirtió.

Ramírez Barba sostuvo que su bancada solicitó la intervención del Ombudsman Nacional ante el Ejecutivo federal, la Secretaría de Salud (Ssa)y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a fin de que se sirva emitir las medidas cautelares correspondientes, tendientes a evitar un daño irreparable a los enfermos, vulnerando el derecho a la salud.

“Pedimos a la CNDH actuar para impedir que se violen los derechos humanos de los afiliados al Seguro Popular, en particular de los menores, a efecto de que no se lesione, ni interrumpa la debida asignación de los recursos que ya se encuentran en el fondo referido”, insistió

Los legisladores panistas demandaron que se garantice la regularización de la compra y distribución de los medicamentos necesarios para su atención médica y regularice la prestación de servicios.

Recordaron que actualmente los recursos acumulados en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos suman alrededor de 80 mil millones de pesos, por su monto se ha convertido en “el botín que el gobierno federal quiere usar para gastar a su antojo, sin importar que sean las reservas acumuladas para enfrentar las enfermedades que empobrecen a las familias mexicanas”.

“Es muy grave e ilegal que se pretenda desviar el dinero para la atención médica, cuando en los últimos meses hemos presenciado una crisis en el sector salud: desabasto de medicinas, falta de pagos a médicos residentes y servicios insuficientes”, añadieron.

Recordaron que el día 12 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se delegan facultades al director general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para autorizar que el director general de administración y finanzas del Seguro Popular, pueda tomar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Advirtió que es una señal muy peligrosa que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se eliminen las reglas para la administración y distribución de los recursos del Seguro Popular, siendo que esta normatividad actualmente obliga a las autoridades a eficientar los recursos para la sustentabilidad financiera del sistema de salud y garantizar la atención que cada paciente requiere.

“De seguir en esta ruta, como pretenden en la Cuarta Transformación, regresaríamos a la opacidad en el reparto del dinero para la salud. No habría garantía de atención, ni de suficiencia de medicamentos, puesto que los recursos públicos estarían sujetos a los caprichos del Presidente, del Secretario de Salud, o usados para otros fines como gasto corriente u otros programas”, precisaron.

Pidieron a las organizaciones civiles, trabajadores del sector salud, pacientes y a la población en general, sumarse a la defensa del derecho a la protección de la salud, a utilizar los recursos jurídicos a su alcance para frenar otras decisiones irresponsables de este gobierno.

“No podemos ni debemos permitir que se siga violando el Estado de derecho y se pretenda dejar sin efecto las leyes vigentes; estamos seguros de que la CNDH y su titular serán consecuentes con este planteamiento, como lo han hecho ya con las estancias infantiles” concluyeron.

EGV