• El Presidente decretó la extinción de 235 fideicomisos públicos activos, que en conjunto sumaban 725 mil 259 millones 985 mil 125 pesos

Palacio Legislativo, 14-04-2020 (Notilegis).– La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) exhortó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para que en el proceso de liberación y eventual uso de los recursos de los 235 fideicomisos públicos que por decreto presidencial fueron extintos, se garantice transparencia y rendición de cuentas.

Por medio de un comunicado, la legisladora informó que presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) supervisar y fiscalizar la contabilidad, así como los flujos financieros de los recursos públicos que derivan de la extinción de los fideicomisos sin estructura orgánica, que deberán pasar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de abril del año 2020.

Recordó que a principios de mes el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, decretó la extinción de dichos fideicomisos públicos sin estructura orgánica, que en conjunto sumaban 725 mil 259 millones 985 mil 125 pesos.

“Existe un problema grave de opacidad que fue señalado por la ASF, respecto a la forma en que se manejan este tipo de instrumentos financieros, motivo que llevó a su extinción, por ello es importante y necesario que el proceso de terminación sea llevado con absoluta transparencia para evitar malas prácticas”, señaló.

Los fideicomisos son mecanismos que permiten etiquetar y comprometer el gasto gubernamental, de modo que sea rastreable y cumpla con objetivos específicos como el impulso a la infraestructura pública, pensiones de los trabajadores del Estado, prevención y atención de los desastres naturales o estabilización financiera, por mencionar algunos ejemplos, dijo.

“Si bien el Presidente de la República ha afirmado que dichos fondos serán destinados a programas sociales en favor de la población más vulnerable ante la crisis económica y social, es fundamental vigilar que en el uso de dichos recursos cumplan con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, aseveró.

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