• La diputada del PRD exhorta a la CEAPP a revisar el caso, luego de que consideró que no hay un riesgo o agresión a la integridad física ni hacia la labor de la periodista

Palacio Legislativo, 05-08-2020 (Notilegis).- La diputada federal por Veracruz, Azucena Rodríguez Zamora (PRD), exhortó a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), de su entidad federativa, a volver a revisar el caso de la periodista Lidia Alejandra López Castañeda, a fin de proteger de inmediato su integridad.

Asimismo, en un comunicado, pidió implementar las condiciones para el libre ejercicio de su profesión en Veracruz, así como informar a la ciudadanía en la Plataforma Nacional de Transparencia de las acciones y averiguaciones iniciadas respecto a las agresiones cometidas en su contra.

Lidia Alejandra López Castañeda presentó ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas del estado de Veracruz una denuncia sobre acoso cibernético, agresión psicológica y discriminación por razón de género hacia su persona.

Rodríguez Zamora señaló que la CEAPP está facultada para resolver sobre la atención y el otorgamiento de medidas de protección a los periodistas que lo soliciten, y presentar denuncias y quejas ante las instituciones de procuración y administración de justicia o de defensa de los derechos humanos cuando los periodistas estén sujetos a amenazas, agresiones o riesgo inminente, como consecuencia del ejercicio de su profesión.

Sin embargo, la legisladora perredista denunció que la Comisión no consideró la existencia de un riesgo o agresión a la integridad física ni hacia la labor periodística de López Castañeda, “lo que contradice lo establecido en el artículo 6, fracción I y VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establece que la violencia psicológica es aquel acto que daña la estabilidad psicológica y que consiste en insultos, humillaciones, devaluación, amenazas y cualesquiera otras formas análogas que son susceptibles de dañar la dignidad e integridad de las mujeres”.

“Es obligación de todas las autoridades abordar el problema desde una perspectiva de género que visibilice este tipo de violencia y permita prevenirla e investigarla a partir de un análisis diferenciado, así como sancionar a los y las responsables”, expresó la diputada.

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