• El sistema jurídico en un Estado democrático debe ser respetuoso del debido proceso, la presunción de inocencia y del principio pro persona
• Además, tiene que ser imparcial, autónomo y con presupuesto suficiente

Palacio Legislativo 22-01-2020 (Notilegis).- El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a trabajar en conjunto para garantizar el pleno respeto y observancia de los derechos fundamentales ante posibles retrocesos derivados de una probable reforma al sistema de justicia penal.

Sostuvo que los derechos humanos son progresivos, por lo que pueden ser ampliados y profundizados, pero no revertidos ni removidos de la Constitución Política, de lo contrario, se cometerían graves violaciones a los tratados internacionales de los que México forma parte.

“Un sistema de justicia debe de mantener el más alto estándar de respeto a los derechos humanos, puesto que tutela los derechos fundamentales más íntimos de una persona como son la vida, la libertad y la propiedad”, subrayó.

El diputado priista fijó la postura de su bancada durante la presentación del Informe Anual de Actividades 2019 de la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Apuntó que se está en un momento fundamental para defender los derechos humanos ganados por los ciudadanos frente a cambios legislativos recientes que están cuestionados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por su posible inconstitucionalidad.

“Ejemplo de ello es el riesgo que amenaza al derecho humano de la propiedad privada frente a los excesos de la Ley de Extinción de Dominio que pueden afectar a ciudadanos inocentes en su patrimonio, incluso antes de ser escuchados por un juez o a pesar de ser declarados inocentes del delito que se les acusa”, precisó.

También existe el riesgo de violentar el derecho humano al debido proceso legal y a la presunción de inocencia frente al establecimiento de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido cuestionada por múltiples organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, agregó Ochoa Reza.

“La prisión preventiva oficiosa supone una afectación grave al principio de presunción de inocencia, que exige que exista una diferencia clara entre la persona que es imputada por la presunta realización de un delito y la persona que ya ha sido sentenciada y deba hacer frente a una pena privativa de la libertad”, abundó.

Además, dijo, la imposición con carácter oficioso de la prisión preventiva choca con la autonomía que deben tener los jueces en el sistema de justicia, por ello, es preciso cambiar la prisión preventiva oficiosa, por la prisión preventiva justificada, para que sean los jueces quienes determinen su aplicación al valorar las pruebas del caso, respetando la presunción de inocencia.

“La consolidación de un sistema jurídico en un Estado democrático de derecho debe ser respetuoso de los derechos humanos, del debido proceso, de la presunción de inocencia y del principio pro persona; además de ser imparcial, autónomo y con presupuesto suficiente”, insistió.

El priista reiteró su llamando a la CNDH y a los legisladores a unir esfuerzos para la promoción, defensa y respeto a los derechos fundamentales.

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