• La iniciativa ciudadana del colectivo “Agua para todos, agua para la vida” busca que el recurso hídrico no se considere sólo como mercancía

• Plantea reconocer a los pueblos originarios como dueños de las aguas de los territorios que han habitado

• Propone frenar el uso de agua para proyectos de minería “tóxica” y de extracción de combustibles vía “fracking”

Palacio Legislativo, 04-02-2020 (Notilegis).- Representantes del colectivo “Agua para todos, agua para la vida” –conformado por integrantes de pueblos originarios, organizaciones civiles e instituciones académicas– afirmaron que la aprobación de la iniciativa ciudadana para expedir la Ley General de Aguas debe garantizar el derecho humano de acceso al líquido vital.

La eventual ley prioriza el derecho humano de acceso al agua –establecido en el artículo 4 de la Constitución con la reforma del 8 de febrero de 2012–, sobre la visión que considera al recurso hídrico exclusivamente como una mercancía, subrayaron en declaraciones a la prensa.

La propuesta, entre otros puntos, busca frenar el otorgamiento indiscriminado de permisos y concesiones a particulares para la explotación de los cuerpos de agua y la realización de megaproyectos hidráulicos de costos excesivos, señalaron en un comunicado.

Los representantes del colectivo acudieron a la Cámara de Diputados a entregar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas y el respaldo de 198 mil firmas ciudadanas. Los documentos fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y de la Mesa Directiva, en presencia de diputados y senadores.

Óscar Monroy Hermosillo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, comentó que la expedición de la nueva legislación –que sustituiría a la Ley de Aguas Nacionales, de 1992– fue ordenada en el decreto de reforma constitucional del 8 de febrero de 2012.

“Vamos a cambiar una ley que hoy administra el extractivismo, o sea, cómo se extrae el agua de los ríos para dárselo al 2% de los que requieren el agua, y tienen e 75% de las reservas, Tenemos que cambiar eso, para que el agua sea para todos”, apuntó.

“Esta ley (la propuesta) es todo lo contrario de la actual, porque no es nada más extractivista, es una ley que va a cuidar el agua, va a buscar que se capte mejor el agua, que se trate, se recicle, se reuse, y no nada más para el uso industrial o uso del dinero, sino para el uso de la gente”, agregó.

Mayra Olivo Paz, abogada del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, de Oaxaca, señaló que la iniciativa plantea que se reconozca a los pueblos originarios como dueños de las aguas de los territorios que han habitado.

“Los pueblos indígenas tienen derecho a las aguas de sus territorios. Los pueblos originarios son dueños de las aguas desde antes del Estado mexicano, sin embargo, hemos observado a lo largo de la historia un despojo legalizado”, indicó.

“El 70 por ciento de las aguas está en manos de un 2%, esto no es posible, y podemos demostrar que los mantos acuíferos que están en mejores condiciones, son los que han sido cuidados por los pueblos originarios”, abundó.

Rogel del Rosal Valladares, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, comentó que con la aprobación de la iniciativa ciudadana se protegerá la naturaleza y evitará que se lleven a cabo megaproyectos hidráulicos “devastadores”, como “la minería tóxica y el fracking (fracturación hidráulica para la extracción de combustibles)”.

Apuntó que el 70% de las aguas de México está concentrado en un sólo 2% de los concesionarios, “es decir, de 538 mil concesionarios de aguas que existen en el país, sólo el 2% concentra el 70% de las aguas. No podemos seguir así”.

“Se están violando los derechos de los pueblos indígenas. Casi la mitad de las aguas concesionadas pertenecen a estos pueblos del país, pero nunca se les ha pedido su opinión respecto de la intromisión de minas, pozos petroleros, inmobiliarias, refresqueras y cerveceras”, finalizó.

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